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Depositan solicitud de coerción contra regidor y mujer implicados en red de narcotráfico y lavado de activos.
San Pedro de Macorís.- Fue depositada por el Ministerio Público ante la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de San Pedro de Macorís, la solicitud de medida de coerción en contra del regidor de este municipio, Walky Cuevas Charles y de Pamela Violeta Astacio, alias “Melvin Gato”, por su participación en la red de narcotráfico y lavado de activos liderada por el acusado Yúnior Santos Restrepo.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público ha pedido al tribunal la imposición de ocho meses de prisión preventiva para ambos imputados y la declaratoria de complejidad en el proceso.
En el escrito del Ministerio Público, elaborado mediante el resultado de la investigación encabezada por titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, junto a los fiscales Manuel Santiago Castro Lora, junto a la fiscal titular Interina de la Fiscalía De San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo Torre, al procurador de corte , Manuel Santiago Castro Lora y al fiscalizador José Manuel Calzado, Cuevas Charles y de Astacio participaban activamente en las actividades de lavado de activos de dicha red criminal.
Ambos imputados utilizaban las ganancias obtenidas por dicha actividad ilícita, bajo las órdenes de Santos Restrepo, quien cumple prisión preventiva y a quien el órgano persecutor presentó acusación formal el pasado 16 de abril, para adquirir bienes muebles e inmuebles lujosos y de alto costo, así como también, para constituir negocios con los cuales dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilícita.
Dentro de las acciones ejecutadas por Cuevas Charles con esta red delictiva, la cual introdujo al sistema económico nacional más 300 millones de pesos, está el transportar considerables cantidades de dinero en efectivo provenientes del narcotráfico, por instrucciones Santos Restrepo los cuales entregaba a la madre de este, la fugitiva Diana Patricia Restrepo Nader.
Cuevas Charles también se encargó de adquirir, con dinero proveniente de actividades de narcotráfico, bienes y activos en provecho del Santos Restrepo y sus familiares, así como transformar parte de los fondos adquiridos en otros activos, específicamente vehículos que posteriormente entregaba al acusado.
En cuanto a Astacio, tenía entre sus responsabilidades recibir en los Estados Unidos el dinero procedente de la venta de drogas y sustancias controladas, el cual transfería a la República Dominicana, a Santos Restrepo o de terceros, para que este fuera utilizado por la organización criminal.
Astacio también intentó ocultar, en beneficio y provecho del acusado Santos Restrepo, bienes que ya han sido incautados por el Ministerio Público.
Las autoridades también recolectaron evidencias incriminatorias en los allanamientos realizados en las viviendas de ambos imputados.
El Ministerio Público ha dado la calificación jurídica provisional, por la participación en un grupo de crimen organizado, lo cual está tipificado y sanción en el artículo 4 letra E, 5-A, 6-A, 7, 75 Párrafo II Y 85 letras a, b y c, de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, en la categoría de traficantes, así como el artículo 2 numeral 26, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 4 numerales 7 y 9 y el artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17, tipifica y sanciona el tipo penal de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.