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Presentan «evidencias suficientes» para lograr condenas en caso Antipulpo.
Santo Domingo, R.D.-La lectura del expediente de 3,445 por parte del Ministerio Público fue el inicio del juicio de fondo contra la supuesta red de corrupción Antipulpo, cuyo principal imputado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Gissel Soto están al frente del conocimiento de esta etapa y calendarizaron que la jornada será los lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Las magistradas determinaron que del extenso expediente sea leído solamente el relato fáctico (los hechos) y la calificación jurídica (leyes violadas).
El Ministerio Público se mostró optimista por la forma de lectura determinada y manifestó en voz del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, que en unas cuatro jornadas podrían finalizar la lectura.
«Este caso tiene evidencias más que suficientes, para que cada una de las personas que han sido enviadas a juicio sean condenadas», puntualizó Camacho.
Agregó que, en República Dominicana cuando se trata de casos de corrupción hay que sobreprobar, y a su juicio, este caso «está sobreprobado».
Alexis Medina dice que está optimista
El imputado Alexis Medina dijo escuetamente al salir que está muy optimista en este inicio del juicio de fondo.
La abogada del también imputado Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Emery Rodríguez, indicó que hoy se inicia la defensa de la inocencia del citado.
En este expediente, el órgano acusador establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizando un conjunto de maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios. Además de él, están acusados otras 47 personas y empresas.
La acusación señala que Medina se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como «criminalidad organizada». El alegado desfalco sobrepasa los 5,000 millones de pesos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados, según el Ministerio Público, incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Otros acusados en el caso Antipulpo
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También a Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
En ese entonces, el titular de la Pepca declaró a los medios de comunicación: «Todos los acusados de este caso fueron enviados a juicio, solo con la excepción de aquellos que habían acordado con el Ministerio Público«.
Producto del acuerdo, el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
Santo Domingo, R.D.-Las seis condenas logradas este año por explotación sexual, actividad que ha rescatado a decenas de mujeres. adolescentes y niñas victimas de estructuras del crimen organizado, según el Ministerio Público.
En ocasión de la conmemoración mañana del Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la magistrada Yoanna Bejarán Álvarez, que dirige la Procuraduría contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), explicó que en lo que va de año se han logrado condenas de entre 10 y 20 años en seis casos, mientras que 14 se mantienen en los tribunales del país.
De los casos que se conocen en los tribunales, seis corresponden a acusaciones de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, cinco por explotación sexual, dos por mendicidad y uno por esclavitud sexual, detalló la magistrada.
Asimismo, explicó que en lo que va de año el Ministerio Público ha ofrecido asistencia integral a 37 mujeres de diferentes edades y nacionalidades.
Entre ellas, figuran 29 víctimas de explotación sexual, siete de esclavitud sexual y una laboral.
Además, también han sido atendidas 15 adolescentes, de las que ocho fueron víctimas de explotación sexual comercial y siete por mendicidad.
Estas víctimas fueron intervenidas por el Ministerio Público «con el propósito de restituirles sus derechos y contribuir con la reconstrucción de sus proyectos de vida», destacó la información.
Los datos oficiales indican que otras 34 recibieron asistencia médica; 27 psicológica; 31 alimentación, y que otras 31 fueron llevadas a casas de acogida, mientras que 12 recibieron asistencia consular, 10 custodia desde y hacia los aeropuertos, tres representación legal y tres exoneración de impuestos.
Entre las víctimas recatadas se encuentran mujeres y adolescentes de nacionalidad dominicana, haitiana, colombiana y venezolana, de las cuales unas 66 corresponden a casos de proxenetismo.
Santo Domingo. – Se trabaja arduamente en la readecuación de su estructura organizacional para asegurar la legalidad, eficiencia y un enfoque hacia resultados en la asignación de las funciones, roles y competencias de sus colaboradores, informo el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd)
La institución explicó que desde hace varios meses lleva a cabo un proceso de reforma y modernización que fortalecerá la institucionalidad, gobernabilidad y efectividad de las políticas públicas en materia educativa, así como la prestación de los servicios que ofrece.
“Esta transformación es un paso estratégico para garantizar el derecho fundamental a una educación de calidad, promover mayor eficiencia y un compromiso ético más sólido de la gestión pública”, comunicó el órgano rector de la educación preuniversitaria.
A raíz del Decreto núm. 365-23, que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización de sector educativo preuniversitario, la gestión del ministro de Educación, Ángel Hernández, puso en marcha una serie de cambios normativos, en su sistema de planificación y en su estructura organizacional que ya empezó a evidenciar resultados.
A través de la resolución núm. 17-2024, el Ministerio de Administración Pública (MAP) aprobó en agosto pasado una nueva estructura organizativa del Ministerio de Educación, que contempla la eliminación de duplicidades y dispersión de funciones.
Para operativizar este proceso, la cartera educativa creó la Comisión de Reforma de Recursos Humanos, que será la responsable de elaborar y validar el Manual de Organización y Funciones, así como la inclusión en nómina de la nueva estructura organizativa.
Está liderada por Clara Joa, directora interina de Recursos Humanos del Minerd e integrada por Rolando Reyes, viceministro de Planificación y Desarrollo; Óscar Amargós, de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa; Corina Montero, directora de Gestión Administrativa; Martha Lebrón, directora de Evaluación y Certificación; Víctor Hernández, director de Tecnología de la Información y Comunicaciones; Awilda Messina, asesora técnica y Thais Hidalgo, coordinadora administrativa.
«Esta reestructuración orgánica es un reflejo de nuestro compromiso con una educación de calidad, con la innovación y el fortalecimiento de nuestras capacidades internas. Estamos seguros de que nos permitirá enfrentar los desafíos del futuro con mayor eficiencia y seguir proporcionando valor a nuestra comunidad educativa”, aseguró Joa.
La nueva estructura fomentará, además, la meritocracia y el compromiso de la institución con la igualdad de oportunidades.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupación ha generado entre los más de 3000 mil empleados del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por la reciente decisión del presidente Luis Abinader de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.
La medida, según el Poder Ejecutivo, forma parte de una reforma integral de la administración pública destinada a optimizar recursos y redirigirlos a sectores prioritarios como salud, seguridad y educación. “Se espera que esta iniciativa genere un ahorro anual de 25.000 millones de pesos.”
El Instituto Agrario Dominicano opera en 32 provincias del país, con 3,060 empleados, tanto fijos como contratados, cuya estabilidad laboral es ahora incierta, según informaron empleados consultados.
El presidente Abinader afirmó en una conferencia de prensa reciente que los empleados más capacitados de las instituciones que se fusionarán o eliminarán serán reubicados en otras áreas de la administración pública, pero lamentó que algunos servidores podrían quedar fuera.
El IAD gestiona este año un presupuesto de RD$ 2,000 millones 371,320, de los cuales RD$ 1,429 millones 221,809 están asignados al pago de remuneraciones, sobresueldos, dietas y seguridad social.
La entidad, fundada en 1962 bajo la Ley 5879, tiene como objetivo principal implementar programas de reforma agraria para mejorar las condiciones de vida en el campo, a través de la captación y distribución de tierras a los trabajadores agrícolas.
En el segundo trimestre de este año, el Instituto Agrario consolidó productos en los asentamientos campesinos, que reafirman su importancia en el sector productivo nacional.
Entre abril y julio de 2024, bajo la gestión de Francisco Guillermo García, los asentamientos agrícolas supervisados por el IAD contribuyeron con un total de RD$ 3,710,232,975.00 en productos como el arroz y el maíz.
Asimismo, la producción de leguminosas alcanzó RD$ 31,618,486.00, incluyendo frijoles, habichuelas blancas, rojas y negras, guandules y habas.
Otros productos, tales como el guineo convencional y el orgánico, además del plátano y el rulo, registraron ventas por un total de RD$ 960,472,120.00 en segundo trimestre del año.
El cultivo de frutas representa uno de los sectores agrícolas con mayor mercado, alcanzando los RD$ 911,361,890.50 en variedades como aguacate, chinola, cajuil, cereza, carambola, piña, mango, uva, sandía, entre otras frutas.
El Instituto Agrario también informó sobre los resultados de la producción y venta de cítricos, incluyendo el limón criollo y persa, la mandarina, la naranja agria y dulce y la toronja, alcanzando un total de RD$ 94,436,883.00.
Empleados de la entidad, en contacto con Acento, se sienten esperanzados en que el presidente Abinader reconsidere la medida, tomando en cuenta la relevancia de la institución en el sector agropecuario y el riesgo de desempleo que enfrentan miles de servidores en todo el país.