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Presentan «evidencias suficientes» para lograr condenas en caso Antipulpo.
Santo Domingo, R.D.-La lectura del expediente de 3,445 por parte del Ministerio Público fue el inicio del juicio de fondo contra la supuesta red de corrupción Antipulpo, cuyo principal imputado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Gissel Soto están al frente del conocimiento de esta etapa y calendarizaron que la jornada será los lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Las magistradas determinaron que del extenso expediente sea leído solamente el relato fáctico (los hechos) y la calificación jurídica (leyes violadas).
El Ministerio Público se mostró optimista por la forma de lectura determinada y manifestó en voz del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, que en unas cuatro jornadas podrían finalizar la lectura.
«Este caso tiene evidencias más que suficientes, para que cada una de las personas que han sido enviadas a juicio sean condenadas», puntualizó Camacho.
Agregó que, en República Dominicana cuando se trata de casos de corrupción hay que sobreprobar, y a su juicio, este caso «está sobreprobado».
Alexis Medina dice que está optimista
El imputado Alexis Medina dijo escuetamente al salir que está muy optimista en este inicio del juicio de fondo.
La abogada del también imputado Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Emery Rodríguez, indicó que hoy se inicia la defensa de la inocencia del citado.
En este expediente, el órgano acusador establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, creó un entramado societario utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizando un conjunto de maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios. Además de él, están acusados otras 47 personas y empresas.
La acusación señala que Medina se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como «criminalidad organizada». El alegado desfalco sobrepasa los 5,000 millones de pesos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados, según el Ministerio Público, incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Otros acusados en el caso Antipulpo
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También a Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
En ese entonces, el titular de la Pepca declaró a los medios de comunicación: «Todos los acusados de este caso fueron enviados a juicio, solo con la excepción de aquellos que habían acordado con el Ministerio Público«.
Producto del acuerdo, el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.