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Sentencia de corte de apelación que favorece a acusados de Operación 13 será recurrida.
SANTO DOMINGO.- Mirna Ortiz, procuradora de corte de apelación, anunció este jueves que estudiarán la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratifica la sentencia absolutoria dictada a favor de Luis Maisichel Dicent, exdirector de la Lotería Nacional y principal acusado en el proceso judicial por corrupción administrativa de la Operación 13, para tomar las decisiones al respecto.
El Ministerio Público pidió al tribunal de alzada la revocación de la sentencia de primer grado, emitida el pasado año por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por considerarla errónea en cuanto a la valoración de las pruebas y que dictara una condena de 12 años de prisión contra Dicent.
“En el caso de Dicent, ellos confirmaron la decisión anterior, de primer grado, que establece su absolución, por lo que en esa parte estamos seguros que elevaremos los recursos correspondientes, pero debemos analizar la sentencia en su totalidad para definir el norte que va a tomar nuestro recurso”, dijo Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En ese mismo sentido, agregó “acabamos de escuchar la decisión, la corte en algunos puntos acogió el recurso del Ministerio Público, en otros modificó la decisión, haciendo, incluso, reducción de penas de algunos de los imputados, pero en este momento vamos a analizar la sentencia, para entonces tomar las decisiones al respecto, es decir, recurriremos la parte con la que no estamos de acuerdo”.
La representante del Ministerio Público explicó “que hay una disminución de la condena de William Ortiz, y en algunos de los acusados que habían acordado, la corte confirmó la decisión, cuestión que nosotros habíamos pedido que fuera revocada y modificada”.
Ortiz habló del proceso al responder preguntas de periodistas de diferentes medios de comunicación que la entrevistaron a la salida del tribunal.
El órgano acusador también solicitó que fuera condenado a 8 años de prisión Edison Perdomo, quien también resultó absuelto en primer grado.
El pleno del tribunal, compuesto por los magistrados Rosalba Garib, Teófilo Andújar y Delio Germán, conocieron el recurso de apelación interpuesto por el órgano acusador.
El grupo fue enjuiciado por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el 1 de mayo de 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos.
En primer grado fueron condenados William Lisandro Rosario a siete años de prisión, y Eladio Batista a seis años, ordenándose el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal, y dos suspendidos.
Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
Mientras que fueron absueltos y se dispuso el cese de la medida de coerción respecto al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, y Edison Perdomo, luego de que el tribunal acogiera de manera parcial la solicitud del Ministerio Público, decisión que fue apelada por el órgano persecutor del delito.
El tribunal dictó la sentencia por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación y la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.