Nacionales
Hazim favoreció con fraudes a amistades y círculo político, según Ministerio Publico.
Santo Domingo, R.D.-Por la supuesta sustracción de dinero a través del Seguro Nacional de Salud, el Ministerio Público anunció durante el fin de semana la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra«.
Durante el operativo, que conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales, fue arrestado el exdirector de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy.
Este exfuncionario, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en este caso judicial depositado este martes, es acusado de crear un Comité de Contrataciones Médicas a su llegada a la dirección del Senasa.
Según los fiscales, Hazim Albainy creó el referido comité de forma arbitraria y sin sustento legal, alterando en el proceso el mecanismo con el que funcionaba previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que el exdirector de Senasa eligió a sus empleados «más cercanos», siendo estos Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.
«Este comité respondió exclusivamente a la intención de concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores de extrema confianza, todos bajo su (Hazim Albainy) línea directa de autoridad», leía parte de los documentos depositados.
Igualmente, el órgano persecutor afirmó que este comité servía como un medio para que Hazim Albainy pudiera favocer a prestadores de salud vinculados a amistades, a su círculo político, a personas que lo habían apoyado políticamente o simplemente a quienes lo sobornaran.
Según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus «asistentes más cercanas», identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
El Ministerio Público también aseveró que este grupo trabajaba de manera «articulada» para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como «aportó en la camраñа» о «hay que ayudarlo».
Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un «poder determinante», afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores «agraciados» y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.
De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.
Por igual es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.
En el expediente, el Ministerio Público aseguró que este entramado se mantuvo en función entre 2020 y 2025.
Sin embargo, se subrayó en estos documentos que Santiago Hazim Albainy comenzó a recibir «beneficios» antes de ocupar su puesto frente al Senasa e instalar su comité.
El órgano persecutor afirmó que Santiago Hazim Albainy recibió una yipeta Lincoln Navigator valorada en más de RD$ 6.7 millones, que tras ser investigada, fue vinculada al empresario José Pablo Ortiz Giráldez.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.