Nacionales
Otro gran desfalco en contra del Estado con trama de Santiago Hazim y Eduardo Read.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim, quien, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería al director de la institución, “su amigo de treinta años”.
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, a mediados de octubre Ortiz Giráldez y Eduardo Read Estrella, se reunieron en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill, en donde le explicó al empresario que por instrucciones del entonces director de Senasa “su empresa Khersum debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos, como condición para mantener la continuidad de los contratos”.
Tras una serie de esfuerzos, explican que Eduardo Read logró una reunión con Santiago Hazim quien le indicó que “debía ponerse de acuerdo con «el Gordo», refiriéndose a José Pablo Ortiz Giráldez, confirmando así que el pago de soborno requerido a través de José Pablo Ortiz Giráldez provenían directamente del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”.
Establecen que a partir de este momento la empresa KHERSUM, S.R.L. empezó a pagar mensualmente un 30% de los pagos que les realizaba el Senasa.
Desde noviembre 2020 hasta agosto 2022, Eduardo Read hizo transferencias a empresas de José Pablo Ortiz Giráldez por un monto de RD$512,326,455.86. Estas compañías son: PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L.; Comercializadora Netofa, S.R.L.; Comercializadora Gabao N, S.R.L., y Comercializadora Harif, S.R.L.
Según el expediente por concepto de sobornos, las empresas KHERSUM, S.R.L., FARMACARD, S.R.L., y DELESTE, S.R.L., estás dos últimas, propiedad de socios de Eduardo Read, se pagó RD$1,621,337,217.15.
Las autoridades establecen que una segunda etapa de los sobornos se realizó desde septiembre del año 2022 tras hacerse pública la investigación penal del denominado «Caso Calamar», en el que figuraba como investigado José Pablo Ortiz Giráldez. Este caso salió a la luz en marzo de 2023 y sus principales imputados son Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Al ver la situación, Eduardo Read le advirtió a Santiago Hazim que no realizaría más pagos a José Pablo Ortiz Giráldez, por lo que el exdirector de Senasa le dijo que “a los amigos no se abandonan y que debía continuar comunicándose con él y realizándoles los pagos, ya fuera facturando a nombre de otras empresas no relacionadas a José Pablo Ortiz Giráldez”.
Para justificar de manera contable la entrega de dinero, el abogado de Read Estrella, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó empresas vinculadas a servicios de salud para poder generar facturas con comprobantes fiscales.
De esta forma, en efectivo, desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025, por concepto de sobornos, Eduardo Read Estrella pagó, de acuerdo al Ministerio Público, de RD$1,109,010,761.29.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.