Nacionales
Buscan prisión preventiva para hombre que registró defunciones con información falsa
Santo Domingo.— Una solicitud fue sometida a un tribunal de Valverde por parte del Ministerio Público para que le imponga un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar defunciones falsas utilizando documentos médicos y oficiales adulterados.
El imputado fue arrestado en el municipio de Mao, durante un allanamiento en su vivienda. La investigación reveló que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos, para simular el fallecimiento de personas con las que mantenía vínculos económicos.
Los hechos se habrían cometido entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Según las autoridades, Mendoza declaraba muertas a personas vivas para evitar pagarles préstamos otorgados y causarles daño económico.
Víctimas vulnerables y defunciones falsas
Hasta ahora, se han identificado seis víctimas. En cinco de los casos, el imputado completó el proceso de defunción en el Ministerio de Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral (JCE). En un sexto caso, solo se registró en el Ministerio de Salud.
Los certificados de defunción eran firmados por médicos pasantes sin exequátur, quienes prestaban servicio en turnos en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de Mao y en la del municipio de Esperanza.
Las víctimas eran personas en condiciones de vulnerabilidad económica. A menudo, recurrían a préstamos personales usando como garantía los beneficios sociales que recibían, valorados en RD$2,100 mensuales, para cubrir necesidades básicas.
Fraude con tarjetas sociales y suplantación de identidad
Aprovechándose de su precariedad, el imputado les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, exigiendo a cambio las tarjetas de asistencia social como forma de pago. Cuando las víctimas no podían saldar la deuda, Mendoza fingía ser un familiar directo (primo, tío o esposo) y procedía a registrar su muerte en las UNAP.
El Ministerio Público también documentó que el imputado tenía la habilidad de simular angustia emocional y física al presentarse en centros de salud, para dar veracidad a sus falsos reportes de fallecimiento.
Ministerio Público pide medida coercitiva y tramitación compleja
Los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero (representante ante la JCE) argumentaron que la prisión preventiva es la medida más idónea y proporcional a la gravedad de los hechos, garantizando así la presencia del imputado durante todo el proceso judicial.
La investigación cuenta con el apoyo de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) y de la Dirección de Seguridad de la JCE.
Los fiscales Esther María González Peguero y Domingo Tejada representaron al Ministerio Público en la audiencia, en la que la jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la vista para el próximo viernes 12 de septiembre a las 9:00 a.m., tras acoger una solicitud de la defensa del imputado.
Nacionales
Gobierno de EEUU crea nuevas regulaciones para visas de estudiantes y de medios de comunicacion.
Reporte de ICE
Santo Domingo, R.D.-El Departamento de Seguridad Nacional a propósito del caso de Johan Efrain Sandoval Rodríguez, de 22 años, publicó este viernes una norma que elimina la «duración del estatus» de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de los medios de comunicación, cuya decision afecta a profesionales del periodismo de todo el mundo.
Se recuerda que el joven dominicano fue detenido por el ICE en una “operación de control selectiva” tras presentar supuestos problemas con su visa de estudiante.
De acuerdo a la publicación, la nueva normativa establece un período fijo de admisión para los titulares de visas de no inmigrante de las categorías F, J e I.
Algunos de los cambios son los siguientes:
Cupos de admisión fijos: Los estudiantes no inmigrantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa específico, sin exceder un período máximo de cuatro años.
Prórrogas federales obligatorias: Los titulares de visa que necesiten tiempo adicional para completar un programa académico deben solicitar formalmente una prórroga de estadía directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Esto implica que la supervisión pase del personal universitario a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, verificación de antecedentes y detección de fraude.
Reducción del período de gracia para la salida: El tiempo permitido para que los estudiantes con visa F-1 se preparen para la salida, el traslado a otra institución educativa o el cambio de estatus después de la graduación se reduce de 60 días a 30 días.
Restricciones a los cambios de programa: La norma introduce limitaciones estrictas a los cambios académicos.
Los actuales titulares de visas de no inmigrante que residen en los EE. UU. bajo el marco anterior de «duración del estatus» pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estadía autorizada se limitará a cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Agencia EFE
Redacción América.-Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de México, Claudia Sheinbaum, encabezan por segundo mes consecutivo la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, aunque ambos registran una caída en sus niveles de aceptación frente a junio, según un sondeo de CB Global Data, en el que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cae al último lugar.
Bukele lidera la tabla con un 67,4 % de favorabilidad y un 28,3 % de imagen negativa. Aunque conserva el primer lugar, su respaldo cayó 1,7 puntos porcentuales respecto a junio, cuando alcanzó el 69,1 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.
Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,1 % y un 30,2 % de rechazo, 0,4 puntos porcentuales menos que el 65,5 % obtenido en junio. Durante el período evaluado, México fue anfitrión, junto con EE.UU. y Canadá, del Mundial de Fútbol de 2026.
Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 55,5 % de favorabilidad frente a un 38,2 % de imagen negativa, 0,6 puntos porcentuales por debajo del 56,1 % registrado el mes anterior.
Además, fue la mandataria que más cayó en la medición de julio, al perder 6,8 puntos porcentuales respecto al 29,5 % de junio. Venezuela sufrió dos devastadores terremotos el 24 de junio que han dejado cerca de 5.000 muertos y miles de heridos, además de una compleja emergencia humanitaria y de reconstrucción.
En el penúltimo lugar está el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, con un 23 % de aceptación y un 68,5 % de rechazo. No obstante, fue el presidente que más mejoró en la medición mensual, al ganar 4,8 puntos porcentuales respecto al 18,2 % de junio. Balcázar entregará el poder el próximo 28 de julio a la derechista Keiko Fujimori, vencedora de las elecciones presidenciales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 30,8 % de apoyo y un 63,4 % de imagen negativa, 2,3 puntos porcentuales menos que en junio, cuando registró un 33,1 % de favorabilidad.
En cuarto lugar figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 51,2 % de imagen positiva y un 45,7 % de rechazo, tras mejorar respecto al 48,3 % de junio. Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50,6 % de favorabilidad y un 47,1 % de imagen negativa, por encima del 47,6 % registrado el mes anterior.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia desde noviembre pasado, ocupa el sexto lugar con un 49,1 % de imagen positiva y un 47,7 % de rechazo, también por encima del 46,4 % que obtuvo en junio.
En la mitad de la tabla aparecen el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 48,7 % de favorabilidad y un 48,1 % de imagen negativa; el hondureño Nasry Asfura, con un 45,3 % de respaldo y un 50,3 % de rechazo; y el chileno José Antonio Kast, con un 44,6 % de aceptación frente a un 52,8 % de imagen negativa.
Les siguen el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41 % de apoyo y un 55,9 % de rechazo, y el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comparte el cargo con su esposa, Rosario Murillo, con un 40,2 % de favorabilidad y un 58,6 % de imagen negativa.
También integran la parte baja del sondeo el uruguayo Yamandú Orsi, con un 37,4 % de apoyo y un 57,5 % de imagen negativa; el argentino Javier Milei, con un 36,8 % de favorabilidad y un 61,3 % de rechazo; y el panameño José Raúl Mulino, con un 34,2 % de aceptación frente a un 61,2 % de imagen negativa.
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 a ciudadanos de 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,2 % y ±1,4 %.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.