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Procuraduría solicitará que violadores toque de queda recojan basura en calles

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SANTO DOMINGO.– Los fiscales han sido instruidos por la  procurador general de la República para que inicien los procesos judiciales correspondientes en los casos de personas que cometan acciones que constituyan una violacion a las leyes vinculantes al toque de queda dispuesto por el Poder Ejecutivo para contrarrestar el coronavirus.

Jean Alain Rodriguez, procurador general de la República, indicó que podrían ser procesados los que incurran en delitos de rebelión, que incluyen los actos de resistencia o violencia ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes y delegados en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de los policías. 

Asimismo, serán multadas aquellas personas que hayan violado los horarios de toque de queda establecidos durante el período de emergencia nacional, y también prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado, debiendo colaborar sobre todo con la recogida de la basura en coordinación con los ayuntamientos de cada demarcación.  

Al dar la instrucción a los fiscales, el procurador general de la República indicó que el objetivo es cuidar a la ciudadanía, y salvar sus vidas, por lo que hizo un llamado a la población de respetar las medidas establecidas por las autoridades y a respetar a la Policía Nacional, institución que ha estado realizando un trabajo loable para salvar vidas en estos momentos, donde necesitamos que todos cumplamos con nuestro deber ciudadano de quedarnos en casa.

La institución informó mediante un comunicado de prensa, que el procurador general instruyó a los miembros del Ministerio Público ordenar a los agentes de la Policía Nacional de sus respectivas jurisdicciones para que en los casos que consideren de gravedad, relativos a violaciones a las leyes, presenten ante el Ministerio Público, sin demora y sin falta, a todas aquellas personas que sean arrestadas por violación a dichas normativas, a fin de que las mismas sean procesadas judicialmente, de forma digital o remota, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 224 del Código Procesal Penal.

Un comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información, destaca que la Ley Orgánica núm. 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana, de fecha 25 de mayo de 2018, establece en su artículo 32 que el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en los estados de excepción será sancionado de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes.

De igual manera, indica que el artículo 209 del Código Penal de la República Dominicana estipula que “Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la función pública que ejerzan”.

Para la ejecución de los procesos, en los casos más graves y reincidentes, los fiscales deberán utilizar los medios idóneos y expeditos establecidos por el Código Procesal Penal para procesar a los imputados, tales como el procedimiento por contravenciones del artículo 354 o el procedimiento penal abreviado por acuerdo pleno del artículo 363, solicitando al juez competente, y la imposición de las multas indicadas en la ley a aquellas personas que hayan violado los horarios de toque de queda establecidos durante el período de emergencia nacional.

Asimismo, en caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado o de forma paralela segun la gravedad, deberán solicitar al juez competente la suspensión condicional del procedimiento, solicitando como regla de cumplimiento la establecida en el artículo 41.6 del Código Procesal Penal, que establece “prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado”.

El comunicado destaca que el toque de queda de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana en el país, establecido mediante el Decreto 134-20 del Poder Ejecutivo, tiene como objetivo primordial, garantizar la salud de la población de la República Dominicana, siguiendo los criterios dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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1,500,000 unidades de cigarrillos y otras mercancías son entregadas a autoridades.

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Santo Domingo, RD.- Millón y medio de unidades de cigarrillos de diferentes marcas y otros productos que se intentó introducir al territorio nacional fueron entregados por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFronT) al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), los cuales fueron decomisadas en la frontera.

De los cigarrillos, 1,452,000 son marca Capital, 38,000 Camme Il Faut y 10,000 Point.

Además de esta mercancía el CESFronT también entregó a CECCOM 6,919 bebidas alcoholicas, 115 galones de clerén y 120,440 unidades de medicamentos.

Los directores del CECCOM, general de brigada César A. Miranda Mañón, ERD y del CESFronT, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann, ERD, destacaron que estos decomisos son producto del intenso trabajo que se realiza en la frontera, de acuerdo a las directrices del  ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD.

En estos operativos realizados desde mediados de octubre a la fecha, se han  incautado alrededor de 8,828,030 unidades de cigarrillos y alrededor de 67,542 botellas de bebidas alcohólica, siendo esta la sexta entrega del año.

Las mercancías entregadas en esta ocasión por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre a CECCOM tienen un valor aproximado de unos 20 millones de pesos.

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Piden suprimir párrafo de artículo 123 del proyecto Código Penal

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Santo Domingo, R.D.-Varias instituciones oficiales, entre ellas el Gabinete de Niñez y Adolescencia (Gana) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) pidieron la supresión del párrafo III del artículo 123 del proyecto de Código Penal sobre violencia intrafamiliar.

Estas instituciones propusieron sustituirlo por otro que prohíba de manera terminante el uso de la violencia como forma de corrección disciplinaria.

Al participar en las vistas públicas convocadas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de código, ambas instituciones sometieron un nuevo párrafo que dice: «Se considerará violencia intrafamiliar toda acción de corrección y disciplina física ejercida por padres, madres y/o tutores, que implique uso de la fuerza y daños físicos y psicológicos, en perjuicio del interés superior de niños, niñas y adolescentes; y como tal será sancionada».

En él se plantea que “en el caso de la disciplina física contra niños, niñas y adolescentes, se tendrá en cuenta los principios de proporcionalidad y de intervención mínima, establecidos en este Código Penal, y el del interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución de la República”.

Además, explicaron que el párrafo actual sigue siendo contrario al interés superior de niños, niñas y adolescentes, toda vez que permite el abuso físico, aludiendo a principios que no guardan relación con el tema en cuestión, ya que considera a los menores como infractores, y permite el abuso físico cuando no constituya un patrón, lo que puede causar daños irreparables.

Durante el primer semestre del 2024, en las oficinas municipales y regionales del CONANI se atendieron 1,062 niños, niñas y adolescentes por casos de violencia (psicológica, física, sexual y verbal, entre otras), representando el 26% de todos los casos asistidos.

De estos, el 52% fueron niñas o adolescentes y el 48% fueron niños o adolescentes. De las niñas o adolescentes, el 46% tenía entre 13 y 18 o más años, el 41% tenía entre cinco y 12 años, mientras el 12% era menor de cinco años. De los niños o adolescentes, el 52% tenía entre cinco y 12 años, el 36% tenía entre 13 y 18 años o más, mientras el 14% era menor de cinco años.

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Senadores aprueban prohibición de uso hookah en lugares públicos y privados

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Santo Domingo, R.D.-Este Martes el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 3, de la Ley 16-19, que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados a los fines de prevenir enfermedades y proteger el medio ambiente.

La iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano, tiene por objetivo ampliar el radio de prohibición para el uso de estos dispositivos.

En su artículo 3, el proyecto establece que “se prohíbe el uso de la hookah en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo públicos y privados; los vehículos destinados al transporte de pasajeros; plazas y parques; estadios y centros deportivos; así como otros lugares donde se aglomeren personas con fines recreativos o deportivos.

En el considerando tercero, el proyecto contempla que el humo de la hookah contiene sustancias tóxicas como monóxido de carbono, metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros, que afectan considerablemente la salud de las personas vulnerables y con condiciones respiratorias que se encuentran compartiendo en lugares abiertos de recreo, diversión y esparcimiento, como es el caso de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños que debido al uso de la hookah por fumadores cercanos se convierten en inhaladores pasivos.

Se recuerda que en junio pasado, la alcaldesa Higüey, provincia La Altagracia, Karina Aristy dispuso la prohibición del uso de vapers, hookah y el consumo de bebidas alcohólicas en plazas y parques de ese municipio.

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