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Procuraduría solicitará que violadores toque de queda recojan basura en calles
SANTO DOMINGO.– Los fiscales han sido instruidos por la procurador general de la República para que inicien los procesos judiciales correspondientes en los casos de personas que cometan acciones que constituyan una violacion a las leyes vinculantes al toque de queda dispuesto por el Poder Ejecutivo para contrarrestar el coronavirus.
Jean Alain Rodriguez, procurador general de la República, indicó que podrían ser procesados los que incurran en delitos de rebelión, que incluyen los actos de resistencia o violencia ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes y delegados en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de los policías.
Asimismo, serán multadas aquellas personas que hayan violado los horarios de toque de queda establecidos durante el período de emergencia nacional, y también prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado, debiendo colaborar sobre todo con la recogida de la basura en coordinación con los ayuntamientos de cada demarcación.
Al dar la instrucción a los fiscales, el procurador general de la República indicó que el objetivo es cuidar a la ciudadanía, y salvar sus vidas, por lo que hizo un llamado a la población de respetar las medidas establecidas por las autoridades y a respetar a la Policía Nacional, institución que ha estado realizando un trabajo loable para salvar vidas en estos momentos, donde necesitamos que todos cumplamos con nuestro deber ciudadano de quedarnos en casa.
La institución informó mediante un comunicado de prensa, que el procurador general instruyó a los miembros del Ministerio Público ordenar a los agentes de la Policía Nacional de sus respectivas jurisdicciones para que en los casos que consideren de gravedad, relativos a violaciones a las leyes, presenten ante el Ministerio Público, sin demora y sin falta, a todas aquellas personas que sean arrestadas por violación a dichas normativas, a fin de que las mismas sean procesadas judicialmente, de forma digital o remota, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 224 del Código Procesal Penal.
Un comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información, destaca que la Ley Orgánica núm. 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana, de fecha 25 de mayo de 2018, establece en su artículo 32 que el incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en los estados de excepción será sancionado de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes.
De igual manera, indica que el artículo 209 del Código Penal de la República Dominicana estipula que “Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la función pública que ejerzan”.
Para la ejecución de los procesos, en los casos más graves y reincidentes, los fiscales deberán utilizar los medios idóneos y expeditos establecidos por el Código Procesal Penal para procesar a los imputados, tales como el procedimiento por contravenciones del artículo 354 o el procedimiento penal abreviado por acuerdo pleno del artículo 363, solicitando al juez competente, y la imposición de las multas indicadas en la ley a aquellas personas que hayan violado los horarios de toque de queda establecidos durante el período de emergencia nacional.
Asimismo, en caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado o de forma paralela segun la gravedad, deberán solicitar al juez competente la suspensión condicional del procedimiento, solicitando como regla de cumplimiento la establecida en el artículo 41.6 del Código Procesal Penal, que establece “prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado”.
El comunicado destaca que el toque de queda de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana en el país, establecido mediante el Decreto 134-20 del Poder Ejecutivo, tiene como objetivo primordial, garantizar la salud de la población de la República Dominicana, siguiendo los criterios dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
EFE.- Una corte peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por el presunto delito de colusión agravada en el caso del proyecto Gasoducto del Sur adjudicado a la constructora brasileña por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), según una resolución judicial publicada este sábado.
El juez Leodán Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido presentado por la fiscal Geovanna Mori, que tiene a cargo el proceso contra Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros coacusados por presuntamente haber recibido millonarios aportes de Odebrecht para sus campañas electorales.
La resolución, publicada por medios locales, indica que la prisión preventiva comenzará cuando Barata, que reside en Brasil, se entregue a la Policía Internacional (Interpol) o a las autoridades judiciales de Perú, vía extradición activa.
El juez basó su resolución en la “sospecha fuerte” sobre la presunta participación de Barata en “los seis actos de presunta colusión agravada” en el contexto de los proyectos Kuntur y Gasoducto del sur.
Asimismo, Ayala agregó que “desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo”, se habría materializado la colusión entre Barata, como representante de Odebrecht en Perú, y Humala y su esposa con el propósito de “defraudar patrimonialmente al Estado” en beneficio de sus intereses particulares.
Barata tenía un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía de Perú, por el cual admitió los aportes ilegales otorgados en varios casos vinculados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García por el escándalo Lava Jato, sin embargo ese acuerdo fue anulado en junio pasado cuando se negó a testificar en el juicio contra Humala.
Actualmente, Humala y Heredia tienen en curso otro juicio por los aportes de Odebrecht y otros a sus campañas electorales de 2006 y 2011 por los que afrontan un pedido de cárcel de 20 y 26 años, respectivamente, por presunto lavado de activos.
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«El pueblo no podía pagar la factura de una fiesta en la que no participó», dice Danilo Medina.
Santo Domingo.- El pueblo dominicano no podía pagar la factura de una fiesta de la que no participó, según lo consideró el expresidente Danilo Medina, quien de esa manera saludo el retiro de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que, debido al rechazo que generó la medida, al mandatario no le quedó otro camino que retirarla.
Medina fue consultado por los miembros de la prensa tras votar en el proceso interno de esa organización política.
«Le faltó consultar a la población», expresó el presidente del PLD, y consideró que el pueblo «le tumbó el pulso» a Abinader.
Danilo Medina ofreció estas declaraciones en la Casa Nacional del PLD, donde están instaladas seis mesas electorales para las votaciones de los miembros del Comité Central, que se llevan a cabo este domingo hasta las 5:00 de la tarde.
Proceso interno
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleva a cabo hoy sus elecciones internas para escoger 183 nuevos miembros del Comité Central.
Las elecciones se realizarán en 237 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, mediante el sistema de votación manual con boletas y padrones impresos.
Los electores habilitados en el padrón tienen la capacidad de escoger 183 nuevas plazas en el organismo de dirección del PLD, a partir de una propuesta de 553 candidatos y candidatas debidamente depurados que cumplieron con los requisitos establecidos en los estatutos partidarios.
El pasado viernes, en horas de la tarde, se retiraron de la sede nacional del PLD los últimos materiales que se utilizarán en las diferentes mesas, que incluyen el padrón fotográfico de los dirigentes autorizados, las boletas con los candidatos en la demarcación correspondiente, actas, las claves para la transmisión de los resultados, los folletos impresos que contienen el reglamento para la elección de los miembros del Comité Central y el instructivo para el proceso de votación y transmisión de resultados, así como las más recientes resoluciones y otros materiales.
SANTO DOMINGO. Como parte de la aceleración de los procesos penales que implementa el Poder Judicial el 78.4 % de los casos presentados a los departamentos judiciales de La Vega y San Francisco de Macorís estaban solucionados en agosto pasado.
Tales resultados obedecen a iniciativas como los mecanismos de aceleración del proceso penal que implementa el Poder Judicial en la República Dominicana.
Los datos fueron revelados durante el taller de planificación del Plan Decenal que estructura el Poder Judicial, con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Asimismo, el 50% de los tribunales de ambos departamentos están libres de mora o retardo judicial, de acuerdo a cifras divulgadas durante el taller regional Por una Justicia del Futuro.
Trascendió en ese escenario que en el Centro de Mediación de la región se adoptaron 277 acuerdos de casos mediante los métodos alternos de resolución de conflictos y se atendieron a 4,415 personas.
Las estdísticas también revelaron que entre el 2014 y el 2023 el 42% de las demandas fueron en materia penal, el 35% en civil y el resto en asuntos de de Niños, Niñas y Adolescentes, Inmobiliarias y Laborales.
Durante su intervención, con el tema “Visión de la Justicia del Futuro”, Henry Molina definió el taller como un proceso plural y abierto para definir qué justicia queremos.
Sostuvo que en este proceso de diálogo, el más amplio de la Institución, identificarán los desafíos de los próximos diez años.
De su lado, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, indicó que la justicia no debe ser vista sólo como un mecanismo para resolver conflictos, sino como un pilar fundamental en la transformación social.
agl/of-am