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Solicitan medidas más drásticas por desfalco de medicamentos controlados.

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Santo Domingo, R.D.-Los siete implicados en el robo de medicamentos controlados del Instituto Oncológico de Especialidades del Nordeste de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, recibirán medidas de coerción en los próximos días  a solicitud del Ministerio Público.

De acuerdo a los abogados de los implicados, la audiencia fue aplazada para la tarde del martes, a petición de la defensa técnica a fines de presentar arraigos.

Asimismo, indicaron que nunca se les notificó la solicitud de medida de coerción.

La magistrada Esmailyn Rodríguez, fiscal titular de la provincia Duarte, explica que el expediente establece que se trata de un robo asalariado a través de acceso ilícito de información, y que por el momento siete personas están siendo investigadas al respecto.

Los imputados son Anthony Reynoso reyes, Esther Vitoria Díaz Gastón, José Antonio Rodríguez González, Ana María Paulino Santos. Además de Rocki Yempier Suarez Aracena, y Randy Manuel Peña.

El Patronato Contra el Cáncer del Nordeste, adelantó detalles de situación de robo de medicamentos en el Instituto Oncológico y de Especialidades, en rueda de prensa celebrada este viernes 10 de enero, encabezada por la junta directiva de la institución se ofrecieron detalles sobre las irregularidades detectadas, el modus operandi del grupo involucrado y las medidas adoptadas.

La ingeniera Fátima Fajar, presidenta de la Junta Directiva, destacó que las anomalías identificadas no corresponden a un desfalco, sino a un robo de medicamentos cometido por empleados de los departamentos de almacén, farmacia y sistemas del Instituto. El medicamento sustraído, identificado como Oxicalmans, es un opioide controlado utilizado para el manejo del dolor severo, particularmente en pacientes con cáncer.

En una auditoría de investigación entre marzo de 2022 y noviembre de 2024, presentan irregularidades con un monto preliminar estimado en RD$11 millones, según las investigaciones en curso. El grupo de empleados implicados presuntamente vendía el medicamento entre ellos mismos a precios muy por debajo del costo real, lo que burlaban los protocolos de la institución.

Asimismo, detalló que el esquema consistía en la manipulación de los sistemas de facturación para facilitar la sustracción de Oxicalmans, un medicamento que contiene oxicodona, un narcótico con un efecto equivalente a dos miligramos de morfina. Este tipo de fármaco, altamente regulado, solo puede ser adquirido con prescripción médica.

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Arrestada para fines de investigación madre de mujer involucrada en desaparición de taxista de Moca.

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Santo Domingo.-La madre de la joven  Clara Inés Sánchez buscada por la desaparición del taxista de Moca fue apresada  por la Policía Nacional por su presunta vinculación con los hechos del hombre de 33 años, Alfred Joel Fernández, visto por última vez el pasado 22 de enero tras salir en su vehículo a ofrecer un servicio en Moca, provincia Espaillat.

La madre de la joven, identificada como Lisset Miguelina Reyes Ramos de Pichardo de 51 años fue trasladada por agentes policiales Dirección Regional Espaillat, adscritos a la subdirección de Investigaciones (Dicrim), a la sede de la subdirección investigativa para ser interrogada con relación al caso.

De acuerdo al comunicado de prensa, al ser entrevistada la mujer alegó que el pasado 30 de enero llegó al país procedente de los Estados Unidos luego de que su hija le llamara para que cuidara de sus hijos. Sin embargo, alegó que desde esa conversión, no ha vuelto a tener contacto con Inés Sánchez.

En un audiovisual difundido en las redes sociales, Liset Reyes hizo un llamado público a su hija que se entregue a las autoridades tras ser vinculada a la desaparición de Fernández.

En el video también narró la incertidumbre que atraviesa al desconocer el paradero de su hija, y manifestó su pesar por la desaparición del taxista.

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Nacionales

Revelan cómo entregaban combustibles a policías y militares.

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Santo Domingo, R.D.-Las defensas de los imputados en la Operación Coral y Coral 5G en la continuación del juicio de fondo a los alegados casos de corrupción administrativa desmantelada por el Ministerio Público, intentaron descalificar al testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana, quien se desempeñaba como encargado de Combustible del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desde el 2012 al 2021, que expuso con detalles como se producía la entrega a policías y militares.

En la audiencia, que se inició a las dos de la tarde de este martes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el referido testigo enfatizó que realizaba depósitos, transferencias y entregaba combustible a muchas personas, incluidos militares y policías.

De acuerdo a la declaración del testigo, al ser cuestionado por la abogada litigante, Wendy Lora, representante legal del general Juan Camilo de los Santos Viola, imputado en el proceso, manifestó que le hizo seis depósitos de 20 mil pesos al imputado.

Al ser cuestionado por Waldo Paulino, quien se desempeña como abogado de los imputados -general de Brigada, Boanerges Reyes Batista y el capitán de Navío, Franklin Antonio Mata Flores, indicó que no conocía a ninguno de esos imputados, y que nunca compartió con ellos.

El testigo dijo que solo los conocía porque eran militares de alto rango que desempeñaban funciones importantes en la Presidencia.

Destacó que nunca habló con los citados y que le hizo uno o dos depósitos a cada uno, como adición a sus sueldos, como se estila en las Fuerzas Armadas.

El testigo Jacobo Horacio de la Cruz Duarte es licenciado en Contabilidad e ingresó a Politur-Cestur en el 2001.

En el año 2010 se desempeñaba como auxiliar de Contabilidad y en el 2012 ocupa el puesto de encargado de Combustible, puesto que desempeñó hasta el 2021; era la persona que recibía los tickes de combustible de las diferentes estaciones que suplían al Cestur, entre ellas la estación de combustible La Marinita de la avenida España. Actualmente presta servicio en la misma institución.

La audiencia del caso Coral y Coral 5G fue aplazada para el próximo martes 18 de febrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó, en julio del 2023, apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.

Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.

El juicio de fondo también se conoce contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

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Acusaciones sin pruebas contra periodistas por supuestamente recibir dinero de la Usaid

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Santo Domingo, R.D.-Los sectores que han acusado periodistas de recibir dinero de la USAlD fueron emplazados por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a presentar las pruebas que sustentan sus denuncias que afecta la reputación de los profesionales de la comunicación mencionados en el caso.

Los gremios enfatizaron que hasta que se demuestre lo contrario, los periodistas Juan Bolívar DíazHuchi LoraMarino ZapeteAltagracia Salazar y Edith Febles, con décadas de trayectoria y reconocimiento, no merecen ser víctimas de «acusaciones infundadas».

Las acusaciones, difundidas en redes sociales, señalan que estos periodistas habrían recibido dinero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, instó a quienes han difundido estas denuncias en redes sociales, televisión y radio a presentar pruebas concretas, como cheques, transferencias bancarias o nóminas oficiales auditadas de USAID.

Henríquez advirtió que los periodistas y productores de programas tienen la responsabilidad de verificar y confirmar cualquier denuncia antes de difundirla, para no incurrir en violaciones a la Ley 61-32, la Constitución y el Código de Ética del Periodismo Dominicano.

Los gremios periodísticos resaltaron que estos comunicadores han arriesgado su vida en la defensa de los intereses del pueblo, contribuyendo a fortalecer la democracia, desarrollar la participación ciudadana y garantizar el respeto de los derechos.

Henríquez, en el encuentro dijo, «reconocemos que han desempeñado una vida entera del servicio a la sociedad, los compañeros periodistas mencionados han arriesgado y dedicado toda su vida en defensa de la libertas, en defensa de la democracia».

“Los periodistas somos los voceros autorizados de la sociedad, defensores de los ciudadanos que denunciamos y cuestionamos las malas acciones de los funcionarios, exigimos servicios públicos de calidad, una gestión transparente de los fondos públicos y, sobre todo, la defensa de las libertades públicas”.

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