Latinoamericanas
Mueren 17 presos en choque entre bandas narco en cárcel de Ecuador
Agencia AFP
Ecuador.-Una nueva disputa entre bandas de narcotraficantes en una cárcel de Ecuador provocó al menos 17 muertos el jueves, con cuerpos desmembrados y acuchillados que recuerdan los peores enfrentamientos de este tipo en el país.
La cifra, proporcionada por el organismo a cargo de las penitenciarías (SNAI), eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días. También falleció un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace una década era tranquila.
Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y varios de ellos decapitados en la cárcel de la costera Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país. Más temprano, la Policía había dado un balance preliminar de diez fallecidos.
«Hay mujeres que desde las cinco y media (de la mañana) se botaron a las calles aquí a preguntar por sus familiares», dice angustiada a la AFP una mujer en busca de información sobre un allegado y que pidió reserva de su identidad.
Llegó al lugar tras una llamada telefónica de vecinos de la prisión que le alertaron sobre el disturbio de la madrugada: dijeron «que escuchaban la balacera, que escuchaban los gritos, que escuchaban los lamentos».
Según la mujer, los militares le aconsejaron ir «a la morgue a ver si sus familiares están vivos o muertos».
Convulso puerto petrolero
Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.
Los choques que dejaron 17 muertos este jueves se produjeron en la principal penitenciaría de Esmeraldas, un puerto petrolero cerca de la frontera con Colombia.
El centro tiene capacidad para 1,100 reclusos pero en 2022 albergaba a más de 1,400, de acuerdo con el SNAI.
Con rostros de preocupación, decenas de personas, entre allegados y pobladores, guardaban noticias en los exteriores de la cárcel, que estaba rodeada por un fuerte cordón policial y militar, registradoron periodistas de la AFP.
El lunes, enfrentamientos entre reclusos en la penitenciaria de Machala, ciudad costera cercana a la frontera con Perú, terminaron con la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas, según información oficial.
Gran parte de la droga que se produce en Colombia y Perú, los mayores exportadores de cocaína mundiales, venta por los puertos de Ecuador y se consume en Estados Unidos y Europa.
Fronteras en llamas
La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.
Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.
En Esmeraldas, de población afro ya orillas del Pacífico, nueve personas fueron asesinadas en 2023 durante el ataque armado de una treintena de mafiosos que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales y abrieron fuego cuando en el sitio había más de 1,500 pobladores.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a la población sacando cuerpos del agua mientras otros cadáveres ensangrentados estaban tendidos en el suelo.
Las cárceles ecuatorianas están bajo control de militares desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado ya su país en conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de bandas del narco locales con nexos con cárteles internacionales.
Ecuador era un país tranquilo pero en los últimos seis años los homicidios se dispararon más del 600%.
Por territorio ecuatoriano transita un 70% de la droga que va hacia Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales.
Latinoamericanas
Partido de Machado dice que luchará hasta lograr libertad de activista presa hace 15 meses
Caracas.— El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, dijo este jueves que no descansará hasta lograr la libertad de María Oropeza, activista de la formación en el estado Portuguesa (oeste), detenida hace 15 meses.
«Hoy su voz está secuestrada, pero su legado y su profundo amor por el país, lo seguimos replicando dentro y fuera de Venezuela», señaló el comité en una publicación en X.
Asimismo, describió a Oropeza como una mujer de «grandes convicciones, comprometida con la verdad, con la democracia y la justicia, fiel amante de la libertad«.
Denuncias de detención arbitraria
El pasado 6 de agosto de 2024, Oropeza hizo una transmisión en vivo por Instagram en la que denunciaba que agentes estaban tratando de entrar en su hogar de manera «arbitraria» y sin «orden de allanamiento«.
Ese mismo día, la activista había alertado, previo a su encarcelamiento, sobre una «operación tun tun (de detención)» contra la oposición, que -denunció- suponía una «persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad».
Presos políticos en Venezuela
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 875 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El Gobierno y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, y sostienen que cometieron diversos delitos, afirmación rechazada por líderes y partidos opositores, así como ONG defensoras de derechos humanos.
María Oropeza
Formación y trayectoria
María Oropeza nació en Guanare, estado Portuguesa, Venezuela.
En el estado Portuguesa se desempeñó como coordinadora estatal del comando de campaña de VV, lo que la convirtió en una figura pública dentro de la oposición venezolana.
Además, ha sido muy activa en denunciar actos de corrupción, irregularidades electorales y lo que considera una falta de libertad y justicia en su país.
Detención y situación actual
El 6 de agosto de 2024 fue detenida junto con agentes de seguridad que habrían entrado en su domicilio sin orden judicial, durante lo que la propia Oropeza calificó de «operación tun tun» (detención sorpresa).
En ese momento ella transmitió en vivo por Instagram cuando los efectivos irrumpían en su vivienda.
Desde entonces, se encuentra detenida en instalaciones del ente de inteligencia, concretamente en el centro conocido como El Helicoide, en Caracas.
Organizaciones de derechos humanos y el propio partido Vente Venezuela han denunciado que su detención es arbitraria, parte de un patrón de persecución política en Venezuela.
Relevancia y símbolo político
María Oropeza se ha convertido en un ícono de la oposición juvenil venezolana, especialmente en la región de los Llanos, al ser vista como una figura comprometida con la libertad y la democracia.
Su caso ha sido llevado ante instancias internacionales: la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras ONG la han mencionado en sus informes por la urgencia de su situación.
Agencia AFP
Santiago de Chile.-Delincuentes asaltaron la casa de Miguel Ángel Bravo en un barrio de clase media alta de Santiago una mañana, se llevaron su auto y lo golpearon con un fierro en la cabeza. «Te quitan la tranquilidad», dice a la AFP este contador de 61 años.
La seguridad es la principal preocupación de los chilenos e impulsa a la ultraderecha en la elección presidencial del 16 de noviembre. Ante el crimen, son varios los que añoran al dictador Augusto Pinochet, casi 20 años después de su muerte.
«Si estuviera vivo, (Pinochet) votaría por mí», ha asegurado el candidato ultraderechista José Antonio Kast, quien lidera la intención de voto junto a la izquierdista Jeannette Jara. Muchos de sus votantes aún defienden al gobierno pinochetista.
La dictadura militar (1973-1990), que dejó más de 3.000 opositores muertos y desaparecidos, encarna las ansias de seguridad en los sectores más conservadores de esta sociedad.
Chile es, no obstante, una de las naciones más seguras de América Latina. Si bien la tasa de homicidios se triplicó en la última década (de 2,5 a 6,7 por cada 100.000 habitantes), se ubica por debajo del promedio de la región, de 15 homicidios cada 100.000, según los últimos datos de la ONU.
El país ha visto crecer la violencia de algunos delitos, como los secuestros, que según la fiscalía registran «un aumento sostenido». Entre 2022 y 2024, los plagios con fines extorsivos pasaron de 16,5% a 21,1%.
«No viví esa época, pero hace falta alguien que ponga mano dura como él», señala en referencia a Pinochet el estudiante de ingeniería Vicente Sepúlveda, nacido 15 años después de que el general entregara el poder en 1990.
En TikTok, otros usuarios manifiestan su entusiasmo por el dictador. «Falta otro así» o «Lo necesitamos de vuelta», afirman en mensajes en la cuenta «Don_Pinochet1973», que tiene unos 10.000 seguidores.
La inseguridad, principal tema de campaña
Un 87,5% de chilenos percibe un aumento de la delincuencia, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.
La sensación de inseguridad se instaló tras el crecimiento de homicidios y domina la campaña electoral. Kast promete reforzar la seguridad en cárceles y la frontera.
También quiere expulsar a los más de 330.000 migrantes irregulares que se estima hay en el país, en su mayoría venezolanos.
Un 82% de los chilenos considera que el «aumento de la delincuencia es causado, principalmente, por la llegada de migrantes irregulares», según un estudio de la Consultora Criteria.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP, privado) estableció también que un 44% de los chilenos está «muy preocupado» de que haya extranjeros en su barrio.
En este contexto de temor, la figura de Pinochet representa orden y autoritarismo, sostiene el sociólogo Matías Rodríguez, de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
Su exaltación por parte de las nuevas generaciones responde a una «banalización» por la falta de «memoria crítica», afirma a la AFP. En los colegios, la dictadura «se estudia sin una condena explícita a las violaciones de derechos humanos», agrega.
«Había orden»
La noche anterior al asalto Miguel Ángel Bravo, que vive junto a esposa y su hija, redobló la precaución tras enterarse de otros robos en el vecindario: conectó la alarma de su casa y aseguró con una cadena el portón.
Aun así, a plena luz del día a mediados de septiembre, fue víctima de los «turbazos», asaltos con una violencia desconocida hasta hace unos años en la capital de nueve millones de habitantes.
Bravo, que ahora planea mudarse de barrio, recibió un fierrazo que le dejó una cicatriz en la frente.
No revela a quién votará, pero cree que los candidatos «se aprovechan del tema» de la seguridad para luego no hacer nada.
En barrios de clase media como Peñalolén, en el este de Santiago, los «turbazos» han empujado a sus residentes a crear grupos que alertan sobre la presencia de sospechosos por redes sociales.
Antonio Vásquez, un informático de 51 años, lidera el movimiento «No+DelicuenciaPeñalolén».
Lo motiva recuperar la tranquilidad que se vivía antes.
En dictadura «la gente decía: ‘puedo estar tranquilo’. Después pasamos a los años 90, y tú también podías estar tranquilo» y ahora no, asegura Vásquez, que votará por Kast.
Latinoamericanas
Brasil: suben a 132 los muertos en la operación policial más letal de la historia de Río
Agencia EFE
Río de Janeiro.-La operación policial contra la banda Comando Vermelho lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, informó este miércoles la Defensoría Pública, si bien el Gobierno regional solo ha confirmado 119 hasta ahora.
La Defensoría Pública, institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, elevó la cifra de fallecidos, que eran 64 ayer, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.
Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.
Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para «contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista».
El Gobierno regional, por su parte, presentó este miércoles un balance de fallecidos de cuatro agentes y 115 supuestos miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil.
El secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, afirmó durante una rueda de prensa que solo fueron abatidos los sospechosos que «optaron por el enfrentamiento» con los policías y que los que se entregaron fueron llevados a la comisaría.
«Fue una acción legítima del estado para cumplir órdenes de prisión», defendió, ante las críticas recibidas por la alta mortalidad.
Curi detalló que ayer se recuperaron 58 cadáveres y hoy otros 61 cuerpos, pero los periodistas en el lugar contabilizaron un número superior.
En el momento de la rueda de prensa, todavía había cadáveres sin recoger en Penha y que, por no haber sido trasladados a la morgue, aún no habían sido contabilizados en el balance oficial.
Además, durante la operación, fueron arrestados 113 sospechosos y se decomisaron 119 armas y 14 artefactos explosivos, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.
Los miembros de la banda respondieron ayer a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.
Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados.