La marcha rechazaba la iniciativa de activar una Asamblea Constituyente, con lo que el presidente de Venezuela pretende modificar la carta magna, y las autoridades los enfrentaron con gases lacrimógenos.

El alcalde del municipio capitalino de Baruta, Gerardo Blyde, confirmó que Miguel Castillo murió tras sufrir una «herida intercostal en Las Mercedes», una zona comercial aledaña a la autopista Francisco Fajardo que enlaza el este y oeste de Caracas.

«Miguel era hijo de funcionaria administrativa del gobierno municipal de Baruta. Exigimos justicia verdadera», indicó Blyde a través de Twitter sin dar otros detalles.

El Ministerio Público, en tanto, confirmó en un comunicado que Anderson Dugarte, de 32 años, falleció el miércoles en el hospital universitario de Mérida. Dugarte, que usaba su motocicleta como taxi, fue herido de bala en la cabeza durante una manifestación registrada el lunes en esa ciudad andina, a unos 660 kilómetros de Caracas. Las protestas han dejado al menos 41 muertos, aunque la fiscalía sólo reconoce 38.

Bajo la consigna «Nuestro escudo es la constitución», los opositores salieron de siete puntos de Caracas y marcharon pacíficamente hasta que se toparon con las fuerzas de seguridad.

En diversas vías de la capital fueron apostados centenares de guardias nacionales y policías. Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo, los cuerpos de seguridad han impedido todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios.

«Son miles de personas que están en las calles y van a seguir la calle firmes, defendiendo la constitución», dijo el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles a través de Periscope. «No nos vamos a rendir».

En uno de los primeros lugares donde se registraron choques durante la jornada, policías lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes que vieron frustrada su intención de salir a marchar desde la barriada de San Bernardino, localizada a unos dos kilómetros del Tribunal Supremo, el punto de concentración más cercano al objetivo dispuesto por los organizadores.

El partido Voluntad Popular, del encarcelado líder opositor Leopoldo López, denunció que en medio del incidente fue detenido el dirigente Sergio Carrasco, por tener un megáfono en mano. «Se lo llevaron sin mediar palabra, lanzándoles bombas (lacrimógenas) a los diputados que estábamos ahí, no tuvieron reparo de nada», dijo el diputado Luis Florido en un comunicado.

  Una hora después del incidente, la diputada Gaby Arellano denunció la presencia de supuestos seguidores del gobierno armados, conocidos como «colectivos», quienes a bordo de motocicletas hicieron disparos «para intimidar» a manifestantes que intentaban reagruparse en las cercanía de San Bernardino.

Las hostilidades políticas tomaron fuerza en Venezuela a partir del 30 de marzo, luego de dos sentencias en las que el Tribunal Supremo asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes pero las protestas se mantienen.

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, uno de los cinco municipios de Caracas, dijo que al menos 84 personas fueron atendidas por el servicio de salud de esa jurisdicción, incluyendo dos heridos de balas, que estarían «fuera de peligro».

Maduro anunció el 1 de mayo la convocatoria de una asamblea para reformar la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez.

La oposición acusa a Maduro de usar el proceso para demorar las elecciones de gobernadores, pospuestas desde el año pasado, la elección de alcaldes originalmente prevista para este año y probablemente la elección presidencial del año próximo y así evitar una derrota en las urnas ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.

El llamado a una constituyente ha sido cuestionado por varios gobiernos de la región, organizaciones humanitarias y en particular por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha dicho que sólo existe una solución democrática a la crisis de Venezuela: «debe establecerse una fecha para elecciones generales inmediatas».

El exministro de Relaciones Interiores de Maduro entre 2013-2014, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, planteó este miércoles que se debe convocar a un referendo para que sea la población la que decida si se cambia o no la constitución de 1999.

Torres dijo, al leer un comunicado de la organización Movimiento Amplio Desafío de Todos del que forma parte, que representa un «grave precedente» para la estabilidad democrática futura que pueda cambiarse la carta magna sin tomar en cuenta la opinión de las mayorías. El militar retirado expresó que la crisis que enfrenta Venezuela «no obedece a deficiencias constitucionales», sino a fallas en las políticas públicas, y a un «liderazgo decadente».

Maduro sostiene que la nueva carta magna busca adecuar el sistema judicial para castigar con mayor severidad los delitos, promover la paz y nuevas formas de democracia en las que las comunidades tendrían una mayor participación, además de garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.