Latinoamericanas
Mueren dos jóvenes más por protestas en Venezuela
LA MARCHA RECHAZABA LA INICIATIVA DE ACTIVAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, CON LO QUE EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PRETENDE MODIFICAR LA CARTA MAGNA
Caracas.- Un hombre de 27 años falleció tras ser baleado el miércoles en momentos en que los cuerpos de seguridad impidieron el paso de manifestantes que se dirigían al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Asimismo, un motociclista que también recibió un tiro dos días atrás en una protesta en la ciudad occidental de Mérida, falleció durante la jornada.La marcha rechazaba la iniciativa de activar una Asamblea Constituyente, con lo que el presidente de Venezuela pretende modificar la carta magna, y las autoridades los enfrentaron con gases lacrimógenos.
El alcalde del municipio capitalino de Baruta, Gerardo Blyde, confirmó que Miguel Castillo murió tras sufrir una «herida intercostal en Las Mercedes», una zona comercial aledaña a la autopista Francisco Fajardo que enlaza el este y oeste de Caracas.
«Miguel era hijo de funcionaria administrativa del gobierno municipal de Baruta. Exigimos justicia verdadera», indicó Blyde a través de Twitter sin dar otros detalles.
El Ministerio Público, en tanto, confirmó en un comunicado que Anderson Dugarte, de 32 años, falleció el miércoles en el hospital universitario de Mérida. Dugarte, que usaba su motocicleta como taxi, fue herido de bala en la cabeza durante una manifestación registrada el lunes en esa ciudad andina, a unos 660 kilómetros de Caracas. Las protestas han dejado al menos 41 muertos, aunque la fiscalía sólo reconoce 38.
Bajo la consigna «Nuestro escudo es la constitución», los opositores salieron de siete puntos de Caracas y marcharon pacíficamente hasta que se toparon con las fuerzas de seguridad.
En diversas vías de la capital fueron apostados centenares de guardias nacionales y policías. Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo, los cuerpos de seguridad han impedido todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios.
«Son miles de personas que están en las calles y van a seguir la calle firmes, defendiendo la constitución», dijo el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles a través de Periscope. «No nos vamos a rendir».
En uno de los primeros lugares donde se registraron choques durante la jornada, policías lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes que vieron frustrada su intención de salir a marchar desde la barriada de San Bernardino, localizada a unos dos kilómetros del Tribunal Supremo, el punto de concentración más cercano al objetivo dispuesto por los organizadores.
El partido Voluntad Popular, del encarcelado líder opositor Leopoldo López, denunció que en medio del incidente fue detenido el dirigente Sergio Carrasco, por tener un megáfono en mano. «Se lo llevaron sin mediar palabra, lanzándoles bombas (lacrimógenas) a los diputados que estábamos ahí, no tuvieron reparo de nada», dijo el diputado Luis Florido en un comunicado.
Una hora después del incidente, la diputada Gaby Arellano denunció la presencia de supuestos seguidores del gobierno armados, conocidos como «colectivos», quienes a bordo de motocicletas hicieron disparos «para intimidar» a manifestantes que intentaban reagruparse en las cercanía de San Bernardino.
Las hostilidades políticas tomaron fuerza en Venezuela a partir del 30 de marzo, luego de dos sentencias en las que el Tribunal Supremo asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes pero las protestas se mantienen.
Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, uno de los cinco municipios de Caracas, dijo que al menos 84 personas fueron atendidas por el servicio de salud de esa jurisdicción, incluyendo dos heridos de balas, que estarían «fuera de peligro».
Maduro anunció el 1 de mayo la convocatoria de una asamblea para reformar la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez.
La oposición acusa a Maduro de usar el proceso para demorar las elecciones de gobernadores, pospuestas desde el año pasado, la elección de alcaldes originalmente prevista para este año y probablemente la elección presidencial del año próximo y así evitar una derrota en las urnas ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
El llamado a una constituyente ha sido cuestionado por varios gobiernos de la región, organizaciones humanitarias y en particular por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha dicho que sólo existe una solución democrática a la crisis de Venezuela: «debe establecerse una fecha para elecciones generales inmediatas».
El exministro de Relaciones Interiores de Maduro entre 2013-2014, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, planteó este miércoles que se debe convocar a un referendo para que sea la población la que decida si se cambia o no la constitución de 1999.
Torres dijo, al leer un comunicado de la organización Movimiento Amplio Desafío de Todos del que forma parte, que representa un «grave precedente» para la estabilidad democrática futura que pueda cambiarse la carta magna sin tomar en cuenta la opinión de las mayorías. El militar retirado expresó que la crisis que enfrenta Venezuela «no obedece a deficiencias constitucionales», sino a fallas en las políticas públicas, y a un «liderazgo decadente».
Maduro sostiene que la nueva carta magna busca adecuar el sistema judicial para castigar con mayor severidad los delitos, promover la paz y nuevas formas de democracia en las que las comunidades tendrían una mayor participación, además de garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.