Latinoamericanas
Mueren dos jóvenes más por protestas en Venezuela
LA MARCHA RECHAZABA LA INICIATIVA DE ACTIVAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, CON LO QUE EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PRETENDE MODIFICAR LA CARTA MAGNA
Caracas.- Un hombre de 27 años falleció tras ser baleado el miércoles en momentos en que los cuerpos de seguridad impidieron el paso de manifestantes que se dirigían al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Asimismo, un motociclista que también recibió un tiro dos días atrás en una protesta en la ciudad occidental de Mérida, falleció durante la jornada.La marcha rechazaba la iniciativa de activar una Asamblea Constituyente, con lo que el presidente de Venezuela pretende modificar la carta magna, y las autoridades los enfrentaron con gases lacrimógenos.
El alcalde del municipio capitalino de Baruta, Gerardo Blyde, confirmó que Miguel Castillo murió tras sufrir una «herida intercostal en Las Mercedes», una zona comercial aledaña a la autopista Francisco Fajardo que enlaza el este y oeste de Caracas.
«Miguel era hijo de funcionaria administrativa del gobierno municipal de Baruta. Exigimos justicia verdadera», indicó Blyde a través de Twitter sin dar otros detalles.
El Ministerio Público, en tanto, confirmó en un comunicado que Anderson Dugarte, de 32 años, falleció el miércoles en el hospital universitario de Mérida. Dugarte, que usaba su motocicleta como taxi, fue herido de bala en la cabeza durante una manifestación registrada el lunes en esa ciudad andina, a unos 660 kilómetros de Caracas. Las protestas han dejado al menos 41 muertos, aunque la fiscalía sólo reconoce 38.
Bajo la consigna «Nuestro escudo es la constitución», los opositores salieron de siete puntos de Caracas y marcharon pacíficamente hasta que se toparon con las fuerzas de seguridad.
En diversas vías de la capital fueron apostados centenares de guardias nacionales y policías. Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo, los cuerpos de seguridad han impedido todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios.
«Son miles de personas que están en las calles y van a seguir la calle firmes, defendiendo la constitución», dijo el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles a través de Periscope. «No nos vamos a rendir».
En uno de los primeros lugares donde se registraron choques durante la jornada, policías lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes que vieron frustrada su intención de salir a marchar desde la barriada de San Bernardino, localizada a unos dos kilómetros del Tribunal Supremo, el punto de concentración más cercano al objetivo dispuesto por los organizadores.
El partido Voluntad Popular, del encarcelado líder opositor Leopoldo López, denunció que en medio del incidente fue detenido el dirigente Sergio Carrasco, por tener un megáfono en mano. «Se lo llevaron sin mediar palabra, lanzándoles bombas (lacrimógenas) a los diputados que estábamos ahí, no tuvieron reparo de nada», dijo el diputado Luis Florido en un comunicado.
Una hora después del incidente, la diputada Gaby Arellano denunció la presencia de supuestos seguidores del gobierno armados, conocidos como «colectivos», quienes a bordo de motocicletas hicieron disparos «para intimidar» a manifestantes que intentaban reagruparse en las cercanía de San Bernardino.
Las hostilidades políticas tomaron fuerza en Venezuela a partir del 30 de marzo, luego de dos sentencias en las que el Tribunal Supremo asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes pero las protestas se mantienen.
Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, uno de los cinco municipios de Caracas, dijo que al menos 84 personas fueron atendidas por el servicio de salud de esa jurisdicción, incluyendo dos heridos de balas, que estarían «fuera de peligro».
Maduro anunció el 1 de mayo la convocatoria de una asamblea para reformar la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez.
La oposición acusa a Maduro de usar el proceso para demorar las elecciones de gobernadores, pospuestas desde el año pasado, la elección de alcaldes originalmente prevista para este año y probablemente la elección presidencial del año próximo y así evitar una derrota en las urnas ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
El llamado a una constituyente ha sido cuestionado por varios gobiernos de la región, organizaciones humanitarias y en particular por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha dicho que sólo existe una solución democrática a la crisis de Venezuela: «debe establecerse una fecha para elecciones generales inmediatas».
El exministro de Relaciones Interiores de Maduro entre 2013-2014, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, planteó este miércoles que se debe convocar a un referendo para que sea la población la que decida si se cambia o no la constitución de 1999.
Torres dijo, al leer un comunicado de la organización Movimiento Amplio Desafío de Todos del que forma parte, que representa un «grave precedente» para la estabilidad democrática futura que pueda cambiarse la carta magna sin tomar en cuenta la opinión de las mayorías. El militar retirado expresó que la crisis que enfrenta Venezuela «no obedece a deficiencias constitucionales», sino a fallas en las políticas públicas, y a un «liderazgo decadente».
Maduro sostiene que la nueva carta magna busca adecuar el sistema judicial para castigar con mayor severidad los delitos, promover la paz y nuevas formas de democracia en las que las comunidades tendrían una mayor participación, además de garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am