Latinoamericanas
Mueren dos jóvenes más por protestas en Venezuela
LA MARCHA RECHAZABA LA INICIATIVA DE ACTIVAR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, CON LO QUE EL PRESIDENTE DE VENEZUELA PRETENDE MODIFICAR LA CARTA MAGNA
Caracas.- Un hombre de 27 años falleció tras ser baleado el miércoles en momentos en que los cuerpos de seguridad impidieron el paso de manifestantes que se dirigían al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Asimismo, un motociclista que también recibió un tiro dos días atrás en una protesta en la ciudad occidental de Mérida, falleció durante la jornada.La marcha rechazaba la iniciativa de activar una Asamblea Constituyente, con lo que el presidente de Venezuela pretende modificar la carta magna, y las autoridades los enfrentaron con gases lacrimógenos.
El alcalde del municipio capitalino de Baruta, Gerardo Blyde, confirmó que Miguel Castillo murió tras sufrir una «herida intercostal en Las Mercedes», una zona comercial aledaña a la autopista Francisco Fajardo que enlaza el este y oeste de Caracas.
«Miguel era hijo de funcionaria administrativa del gobierno municipal de Baruta. Exigimos justicia verdadera», indicó Blyde a través de Twitter sin dar otros detalles.
El Ministerio Público, en tanto, confirmó en un comunicado que Anderson Dugarte, de 32 años, falleció el miércoles en el hospital universitario de Mérida. Dugarte, que usaba su motocicleta como taxi, fue herido de bala en la cabeza durante una manifestación registrada el lunes en esa ciudad andina, a unos 660 kilómetros de Caracas. Las protestas han dejado al menos 41 muertos, aunque la fiscalía sólo reconoce 38.
Bajo la consigna «Nuestro escudo es la constitución», los opositores salieron de siete puntos de Caracas y marcharon pacíficamente hasta que se toparon con las fuerzas de seguridad.
En diversas vías de la capital fueron apostados centenares de guardias nacionales y policías. Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo, los cuerpos de seguridad han impedido todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios.
«Son miles de personas que están en las calles y van a seguir la calle firmes, defendiendo la constitución», dijo el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles a través de Periscope. «No nos vamos a rendir».
En uno de los primeros lugares donde se registraron choques durante la jornada, policías lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes que vieron frustrada su intención de salir a marchar desde la barriada de San Bernardino, localizada a unos dos kilómetros del Tribunal Supremo, el punto de concentración más cercano al objetivo dispuesto por los organizadores.
El partido Voluntad Popular, del encarcelado líder opositor Leopoldo López, denunció que en medio del incidente fue detenido el dirigente Sergio Carrasco, por tener un megáfono en mano. «Se lo llevaron sin mediar palabra, lanzándoles bombas (lacrimógenas) a los diputados que estábamos ahí, no tuvieron reparo de nada», dijo el diputado Luis Florido en un comunicado.
Una hora después del incidente, la diputada Gaby Arellano denunció la presencia de supuestos seguidores del gobierno armados, conocidos como «colectivos», quienes a bordo de motocicletas hicieron disparos «para intimidar» a manifestantes que intentaban reagruparse en las cercanía de San Bernardino.
Las hostilidades políticas tomaron fuerza en Venezuela a partir del 30 de marzo, luego de dos sentencias en las que el Tribunal Supremo asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal, señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes pero las protestas se mantienen.
Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, uno de los cinco municipios de Caracas, dijo que al menos 84 personas fueron atendidas por el servicio de salud de esa jurisdicción, incluyendo dos heridos de balas, que estarían «fuera de peligro».
Maduro anunció el 1 de mayo la convocatoria de una asamblea para reformar la constitución que impulsó en 1999 el fallecido presidente Hugo Chávez.
La oposición acusa a Maduro de usar el proceso para demorar las elecciones de gobernadores, pospuestas desde el año pasado, la elección de alcaldes originalmente prevista para este año y probablemente la elección presidencial del año próximo y así evitar una derrota en las urnas ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
El llamado a una constituyente ha sido cuestionado por varios gobiernos de la región, organizaciones humanitarias y en particular por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha dicho que sólo existe una solución democrática a la crisis de Venezuela: «debe establecerse una fecha para elecciones generales inmediatas».
El exministro de Relaciones Interiores de Maduro entre 2013-2014, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, planteó este miércoles que se debe convocar a un referendo para que sea la población la que decida si se cambia o no la constitución de 1999.
Torres dijo, al leer un comunicado de la organización Movimiento Amplio Desafío de Todos del que forma parte, que representa un «grave precedente» para la estabilidad democrática futura que pueda cambiarse la carta magna sin tomar en cuenta la opinión de las mayorías. El militar retirado expresó que la crisis que enfrenta Venezuela «no obedece a deficiencias constitucionales», sino a fallas en las políticas públicas, y a un «liderazgo decadente».
Maduro sostiene que la nueva carta magna busca adecuar el sistema judicial para castigar con mayor severidad los delitos, promover la paz y nuevas formas de democracia en las que las comunidades tendrían una mayor participación, además de garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.