Nacionales
Mujer vende su tiempo a quien no tiene
Keyla Stephan realiza todo tipo de diligencias a través de su empresa «Yo me encargo»
(Danny Polanco)
La escasez de recursos y el desempleo llevaron a Keyla Stephan a convertir su tiempo en un bien comercial que tiene como principales clientes las personas pobres de tiempo.
La desesperación económica fue lo que llevó a Keyla, madre soltera de 35 años, a crear el negocio de diligencias “Yo me encargo”, dirigido a aquellas personas que no tienen espacio para realizar tareas como ir al banco, pagar facturas de luz o de teléfono, buscar un papel de buena conducta, ir al supermercado, llevar y buscar sus hijos a la escuela, organizar su closet, el gabinete, la nevera, acomodar mudanzas y una larga lista de tareas cotidianas que resultan difíciles en el acelerado ritmo de vida del siglo XXI.
“Cuando me quedé sin trabajo lo primero que pensé fue en qué hacer con los chelitos de la liquidación y finalmente me quedé sin capital, entré en una crisis emocional. La gente aprovechaba que yo no estaba haciendo nada y me pedía que le hiciera muchos favores porque no tenía tiempo, y entonces yo me dije, ¡oh! pero esto es algo a lo que yo le puedo sacar beneficio”, refiere Keyla sobre el origen de su idea.
Keyla, madre de dos niñas, estudió publicidad y en la actualidad cursa la carrera de psicología. Emprendió su proyecto en diciembre del año pasado y hasta el momento le genera ganancias mensuales por más de dos mil pesos.
Ya cuenta con una cartera de clientes fijos y cobra un mínimo de 150 pesos por cada diligencia que hace. “Si por ejemplo hay diligencias que se toman una mañana, lógico voy a cobrar adicional. Incluso, hay gente que me dan, por conciencia, más de lo que yo pido”, dijo.
Honestidad, principal activo
“Mis activos son la honestidad y el cumplimiento de las demandas. Si no puedo hacer una diligencia, no digo que sí porque no puedo quedarle mal a mis clientes.
Yo no me puedo darme ese lujo”, afirmó. Consciente de que su trabajo requiere que la gente le tome confianza, dijo que su principal fuente de promoción es la estrategia mercadológica de boca en boca.
“Esto no depende de que yo me anuncie, de que reparta volantes, ni de que yo me anuncie en ninguna parte”, puntualizó. Agregó que el éxito de su proyecto radica en que le brinda un servicio a una persona y la deja satisfecha.
Una de los aspectos positivos, que Keyla le atribuye a su trabajo, es que administra a su conveniencia el tiempo que le dedica a sus hijas, cosa que no podía hacer cuando era empleada.
Segura de su proyecto
“Estoy muy ilusionada y disfrutando uno de los mejores tiempos de mi vida, porque aunque todavía no estoy recibiendo todo lo que yo creo que voy a recibir, tengo fe en el futuro de mi proyecto”, expresó.
Reveló que su objetivo es crear una empresa con varios empleados para ofrecer sus servicios de diligencias cotidianas y que para lograr su meta se ha planteado un período inicial de cinco años. “Yo me di cuenta que hay mucho que hacer cuando no hay nada, que se puede hacer mucho sin la necesidad de capital”, concluyó.
Proyectos similares en España y Colombia
Keyla dijo que cuando le surgió la idea, buscó información sobre ese tipo de proyectos y que encontró personas que dan ese tipo de servicios en España y Colombia. Las compras del supermercado es de los servicios más solicitado por los clientes
“Yo tengo que ir al supermercado todos los días, eso es lo que mas requieren, porque al parecer es de lo más tedioso, y además toma mucho tiempo. Hay gente que por no ir a buscar una sola cosa, me llaman”, explicó.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.