Nacionales
Mujer vende su tiempo a quien no tiene
Keyla Stephan realiza todo tipo de diligencias a través de su empresa «Yo me encargo»
(Danny Polanco)
La escasez de recursos y el desempleo llevaron a Keyla Stephan a convertir su tiempo en un bien comercial que tiene como principales clientes las personas pobres de tiempo.
La desesperación económica fue lo que llevó a Keyla, madre soltera de 35 años, a crear el negocio de diligencias “Yo me encargo”, dirigido a aquellas personas que no tienen espacio para realizar tareas como ir al banco, pagar facturas de luz o de teléfono, buscar un papel de buena conducta, ir al supermercado, llevar y buscar sus hijos a la escuela, organizar su closet, el gabinete, la nevera, acomodar mudanzas y una larga lista de tareas cotidianas que resultan difíciles en el acelerado ritmo de vida del siglo XXI.
“Cuando me quedé sin trabajo lo primero que pensé fue en qué hacer con los chelitos de la liquidación y finalmente me quedé sin capital, entré en una crisis emocional. La gente aprovechaba que yo no estaba haciendo nada y me pedía que le hiciera muchos favores porque no tenía tiempo, y entonces yo me dije, ¡oh! pero esto es algo a lo que yo le puedo sacar beneficio”, refiere Keyla sobre el origen de su idea.
Keyla, madre de dos niñas, estudió publicidad y en la actualidad cursa la carrera de psicología. Emprendió su proyecto en diciembre del año pasado y hasta el momento le genera ganancias mensuales por más de dos mil pesos.
Ya cuenta con una cartera de clientes fijos y cobra un mínimo de 150 pesos por cada diligencia que hace. “Si por ejemplo hay diligencias que se toman una mañana, lógico voy a cobrar adicional. Incluso, hay gente que me dan, por conciencia, más de lo que yo pido”, dijo.
Honestidad, principal activo
“Mis activos son la honestidad y el cumplimiento de las demandas. Si no puedo hacer una diligencia, no digo que sí porque no puedo quedarle mal a mis clientes.
Yo no me puedo darme ese lujo”, afirmó. Consciente de que su trabajo requiere que la gente le tome confianza, dijo que su principal fuente de promoción es la estrategia mercadológica de boca en boca.
“Esto no depende de que yo me anuncie, de que reparta volantes, ni de que yo me anuncie en ninguna parte”, puntualizó. Agregó que el éxito de su proyecto radica en que le brinda un servicio a una persona y la deja satisfecha.
Una de los aspectos positivos, que Keyla le atribuye a su trabajo, es que administra a su conveniencia el tiempo que le dedica a sus hijas, cosa que no podía hacer cuando era empleada.
Segura de su proyecto
“Estoy muy ilusionada y disfrutando uno de los mejores tiempos de mi vida, porque aunque todavía no estoy recibiendo todo lo que yo creo que voy a recibir, tengo fe en el futuro de mi proyecto”, expresó.
Reveló que su objetivo es crear una empresa con varios empleados para ofrecer sus servicios de diligencias cotidianas y que para lograr su meta se ha planteado un período inicial de cinco años. “Yo me di cuenta que hay mucho que hacer cuando no hay nada, que se puede hacer mucho sin la necesidad de capital”, concluyó.
Proyectos similares en España y Colombia
Keyla dijo que cuando le surgió la idea, buscó información sobre ese tipo de proyectos y que encontró personas que dan ese tipo de servicios en España y Colombia. Las compras del supermercado es de los servicios más solicitado por los clientes
“Yo tengo que ir al supermercado todos los días, eso es lo que mas requieren, porque al parecer es de lo más tedioso, y además toma mucho tiempo. Hay gente que por no ir a buscar una sola cosa, me llaman”, explicó.
El Caribe
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.