Nacionales
Mujer vende su tiempo a quien no tiene
Keyla Stephan realiza todo tipo de diligencias a través de su empresa «Yo me encargo»
(Danny Polanco)
La escasez de recursos y el desempleo llevaron a Keyla Stephan a convertir su tiempo en un bien comercial que tiene como principales clientes las personas pobres de tiempo.
La desesperación económica fue lo que llevó a Keyla, madre soltera de 35 años, a crear el negocio de diligencias “Yo me encargo”, dirigido a aquellas personas que no tienen espacio para realizar tareas como ir al banco, pagar facturas de luz o de teléfono, buscar un papel de buena conducta, ir al supermercado, llevar y buscar sus hijos a la escuela, organizar su closet, el gabinete, la nevera, acomodar mudanzas y una larga lista de tareas cotidianas que resultan difíciles en el acelerado ritmo de vida del siglo XXI.
“Cuando me quedé sin trabajo lo primero que pensé fue en qué hacer con los chelitos de la liquidación y finalmente me quedé sin capital, entré en una crisis emocional. La gente aprovechaba que yo no estaba haciendo nada y me pedía que le hiciera muchos favores porque no tenía tiempo, y entonces yo me dije, ¡oh! pero esto es algo a lo que yo le puedo sacar beneficio”, refiere Keyla sobre el origen de su idea.
Keyla, madre de dos niñas, estudió publicidad y en la actualidad cursa la carrera de psicología. Emprendió su proyecto en diciembre del año pasado y hasta el momento le genera ganancias mensuales por más de dos mil pesos.
Ya cuenta con una cartera de clientes fijos y cobra un mínimo de 150 pesos por cada diligencia que hace. “Si por ejemplo hay diligencias que se toman una mañana, lógico voy a cobrar adicional. Incluso, hay gente que me dan, por conciencia, más de lo que yo pido”, dijo.
Honestidad, principal activo
“Mis activos son la honestidad y el cumplimiento de las demandas. Si no puedo hacer una diligencia, no digo que sí porque no puedo quedarle mal a mis clientes.
Yo no me puedo darme ese lujo”, afirmó. Consciente de que su trabajo requiere que la gente le tome confianza, dijo que su principal fuente de promoción es la estrategia mercadológica de boca en boca.
“Esto no depende de que yo me anuncie, de que reparta volantes, ni de que yo me anuncie en ninguna parte”, puntualizó. Agregó que el éxito de su proyecto radica en que le brinda un servicio a una persona y la deja satisfecha.
Una de los aspectos positivos, que Keyla le atribuye a su trabajo, es que administra a su conveniencia el tiempo que le dedica a sus hijas, cosa que no podía hacer cuando era empleada.
Segura de su proyecto
“Estoy muy ilusionada y disfrutando uno de los mejores tiempos de mi vida, porque aunque todavía no estoy recibiendo todo lo que yo creo que voy a recibir, tengo fe en el futuro de mi proyecto”, expresó.
Reveló que su objetivo es crear una empresa con varios empleados para ofrecer sus servicios de diligencias cotidianas y que para lograr su meta se ha planteado un período inicial de cinco años. “Yo me di cuenta que hay mucho que hacer cuando no hay nada, que se puede hacer mucho sin la necesidad de capital”, concluyó.
Proyectos similares en España y Colombia
Keyla dijo que cuando le surgió la idea, buscó información sobre ese tipo de proyectos y que encontró personas que dan ese tipo de servicios en España y Colombia. Las compras del supermercado es de los servicios más solicitado por los clientes
“Yo tengo que ir al supermercado todos los días, eso es lo que mas requieren, porque al parecer es de lo más tedioso, y además toma mucho tiempo. Hay gente que por no ir a buscar una sola cosa, me llaman”, explicó.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.