Latinoamericanas
Multitud recibe a Kirchner citada a declarar por un juez en Buenos Aires
AFP
BUENOS AIRES. Una multitud recibió la noche del lunes a la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007/2015) quien llegó a Buenos Aires para declarar el miércoles en la justicia en una causa por supuesta defraudación, proveniente de la Patagonia, donde permaneció desde que dejó el gobierno en diciembre pasado.
Apenas aterrizada, muy sonriente, la exmandataria salió del aeropuerto y se acercó a las vallas detrás de las cuales esperaban decenas de miles de militantes que se agolparon para saludarla, pasando por alto la fuerte presencia policial.
“A volver, a volver, vamos a volver”, corearon los activistas que comenzaron a llegar varias horas antes del arribo del avión comercial en el que voló Kirchner desde El Calafate, su “lugar en el mundo”, como definió alguna vez la paradisíaca villa turística patagónica frente al Glaciar Perito Moreno, 2.800 km al sur de Buenos Aires.
Otros miles de activistas prefirieron aguardarla con cánticos frente a su apartamento en La Recoleta, un exclusivo barrio de la capital.
Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados fungieron como altos funcionarios de los gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. Las acusaciones van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.
Kirchner debe comparecer el miércoles ante el juzgado federal de Claudio Bonadío, quien la citó a declarar por operaciones cambiarias del Banco Central realizadas en los últimos meses de su mandato.
Pero la declaración puede frustrarse si prospera un pedido de recusación presentado por otro de los involucrados en la causa contra Bonadío, un juez al que Kirchner quiso destituir acusándolo de no ser imparcial.
La Cámara Federal debe resolver la petición antes del miércoles.
Pulseada política
“Si la citan a ella, nos citan a todos”, se autoconvocaron militantes kirchneristas que preparan una gigantesca movilización hacia los tribunales el miércoles, así como una vigilia en la noche del martes.
“Todo el arco nacional y popular va a acompañar a Cristina. El miércoles va a ser una expresión multitudinaria del pueblo. Vamos a estar en 200.000 argentinos movilizados”, pronosticó Fernando Espinosa, titular del Partido Justicialista (PJ, peronista) de la provincia de Buenos Aires.
La reaparición pública de Kirchner generó una guerra en las redes sociales, que sumaba 78.500 de tuits bajo el hashtag ReapareceCFK en Twitter, con expresiones de amor y de odio hacia la exmandataria.
El jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia, dijo a la prensa que “se le va a brindar la seguridad que se merece como expresidenta”.
Explicó que el operativo en torno a tribunales incluirá cientos de efectivos, restricción del tránsito en una amplia zona y cámaras de seguridad “para resguardar el edificio” judicial.
También citado por Bonadío el exministro de Economía de Kirchner Axel Kicillof debe declarar el martes.
El juez investiga una supuesta defraudación millonaria contra las reservas del Banco Central por operaciones cambiarias con dólar a futuro.
Según se consignó en la causa, el banco pactaba en noviembre el dólar de enero a 10,28 pesos. Pero en enero el billete cotizó un 50% más por la devaluación del 30% que se produjo tras la asunción de Macri, que liberó el mercado cambiario el 16 de diciembre.
El jueves compareció el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, quien defendió las operaciones como una política cambiaria para alejar expectativas de devaluación en medio de la campaña electoral.
Otra causa
Este fin de semana el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a Kirchner en otra causa por supuesto lavado de dinero y el juez federal Sebastián Casanello debe resolver si desestima o acepta incluirla en la causa.
El pedido contra Kirchner y quien fuera su ministro de Planificación, Julio de Vido, se produjo tras la declaración de un testigo protegido en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista.
El presidente Mauricio Macri también quedó en el ojo de la tormenta luego de que el juez abrió este lunes la investigación por “omisión maliciosa” en su declaración jurada de dos empresas offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial ‘Panama Papers’.
El exfiscal argentino y de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo cuestionó la imparcialidad del sistema judicial argentino: “Son amigos del poder, cuando el poder cambia, la amistad cambia”, dijo el domingo.
por Liliana SAMUEL / Sonia AVALOS
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am