Latinoamericanas
Multitud recibe a Kirchner citada a declarar por un juez en Buenos Aires
AFP
BUENOS AIRES. Una multitud recibió la noche del lunes a la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007/2015) quien llegó a Buenos Aires para declarar el miércoles en la justicia en una causa por supuesta defraudación, proveniente de la Patagonia, donde permaneció desde que dejó el gobierno en diciembre pasado.
Apenas aterrizada, muy sonriente, la exmandataria salió del aeropuerto y se acercó a las vallas detrás de las cuales esperaban decenas de miles de militantes que se agolparon para saludarla, pasando por alto la fuerte presencia policial.
“A volver, a volver, vamos a volver”, corearon los activistas que comenzaron a llegar varias horas antes del arribo del avión comercial en el que voló Kirchner desde El Calafate, su “lugar en el mundo”, como definió alguna vez la paradisíaca villa turística patagónica frente al Glaciar Perito Moreno, 2.800 km al sur de Buenos Aires.
Otros miles de activistas prefirieron aguardarla con cánticos frente a su apartamento en La Recoleta, un exclusivo barrio de la capital.
Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados fungieron como altos funcionarios de los gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. Las acusaciones van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.
Kirchner debe comparecer el miércoles ante el juzgado federal de Claudio Bonadío, quien la citó a declarar por operaciones cambiarias del Banco Central realizadas en los últimos meses de su mandato.
Pero la declaración puede frustrarse si prospera un pedido de recusación presentado por otro de los involucrados en la causa contra Bonadío, un juez al que Kirchner quiso destituir acusándolo de no ser imparcial.
La Cámara Federal debe resolver la petición antes del miércoles.
Pulseada política
“Si la citan a ella, nos citan a todos”, se autoconvocaron militantes kirchneristas que preparan una gigantesca movilización hacia los tribunales el miércoles, así como una vigilia en la noche del martes.
“Todo el arco nacional y popular va a acompañar a Cristina. El miércoles va a ser una expresión multitudinaria del pueblo. Vamos a estar en 200.000 argentinos movilizados”, pronosticó Fernando Espinosa, titular del Partido Justicialista (PJ, peronista) de la provincia de Buenos Aires.
La reaparición pública de Kirchner generó una guerra en las redes sociales, que sumaba 78.500 de tuits bajo el hashtag ReapareceCFK en Twitter, con expresiones de amor y de odio hacia la exmandataria.
El jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia, dijo a la prensa que “se le va a brindar la seguridad que se merece como expresidenta”.
Explicó que el operativo en torno a tribunales incluirá cientos de efectivos, restricción del tránsito en una amplia zona y cámaras de seguridad “para resguardar el edificio” judicial.
También citado por Bonadío el exministro de Economía de Kirchner Axel Kicillof debe declarar el martes.
El juez investiga una supuesta defraudación millonaria contra las reservas del Banco Central por operaciones cambiarias con dólar a futuro.
Según se consignó en la causa, el banco pactaba en noviembre el dólar de enero a 10,28 pesos. Pero en enero el billete cotizó un 50% más por la devaluación del 30% que se produjo tras la asunción de Macri, que liberó el mercado cambiario el 16 de diciembre.
El jueves compareció el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, quien defendió las operaciones como una política cambiaria para alejar expectativas de devaluación en medio de la campaña electoral.
Otra causa
Este fin de semana el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar a Kirchner en otra causa por supuesto lavado de dinero y el juez federal Sebastián Casanello debe resolver si desestima o acepta incluirla en la causa.
El pedido contra Kirchner y quien fuera su ministro de Planificación, Julio de Vido, se produjo tras la declaración de un testigo protegido en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista.
El presidente Mauricio Macri también quedó en el ojo de la tormenta luego de que el juez abrió este lunes la investigación por “omisión maliciosa” en su declaración jurada de dos empresas offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial ‘Panama Papers’.
El exfiscal argentino y de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo cuestionó la imparcialidad del sistema judicial argentino: “Son amigos del poder, cuando el poder cambia, la amistad cambia”, dijo el domingo.
por Liliana SAMUEL / Sonia AVALOS
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.