Opinión
Mustafá, Karim y los Reyes de “Magos” de la corrupción
Por Narciso Isa Conde
Abdala II es rey de Jordania en pleno siglo XXI, pero no hay que escandalizarse si Inglaterra y España, ubicadas en el ombligo del capitalismo posmoderno y del mundo libre y cristiano, se gastan hoy monarquías similares con su Rey y su Reina.
El Rey Abdala fue recientemente visitado por el ex-mandatario dominicano Fernández Reina, señalado como uno de los más corruptos de la historia reciente, y lo hizo acompañado de Mustafá Abud Naba’a, sucesor del fallecido empresario mafioso libio El Fiture y socio de presidentes, políticos y reyes en variados negocios turbios relacionados con el tráfico y la compra y venta de combustible.
Con Mustafá visitó a Karim en Jordania, hijo del magnate árabe y ex–novio de su hija Nicole, prófugo por estafas, amenaza de asesinato, tenencia ilegal de armas y pillerías menores. Allí se terminó de fraguar el plan de su retorno, previa soborno millonario a sus acusadores y contubernio con fiscales y jueces venales (bajo tutela política leonelista), que accedieron a ponerlo en libertad.
¿Qué poder tiene Mustafá Abu Naba’a sobre Leonel Fernández y sus funcionarios?
Esta pregunta la respondió con mucha precisión el analista David Ramírez en un artículo publicado con ese título, siendo Leonel presidente, en el periódico digital el www.barahonero.com, cuyos párrafos más relevantes rezan así:
“Mustafá Abu Naba’a es un empresario de origen jordano residente en el país con mucha influencia en el gobierno de Leonel Fernández. Se recordará que tiene un hijo que fue novio de una hija del presidente…
“…Las relaciones comerciales y diplomáticas de la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela podrían verse afectadas, a causa de un supuesto “engaño” detectado por el gobierno de Hugo Chávez, el cual perturbaría, drásticamente, el programa de PETROCARIBE y otros que se desarrollan en el país.
“Este episodio discordante se presenta debido a que -según una fuente de entero crédito-, la administración del presidente Leonel Fernández insiste en mantener al empresario árabe, nacionalizado dominicano, Mustafá Abu Naba’a, dentro sus aliados.
“El caso del empresario árabe, sin dudas, el más peligroso. Es que éste, quien tendría deudas millonarias con PDVSA, utiliza el nombre de la empresa estadounidense Sargeant Petroleum para hacer negocios en territorio dominicano.
“La fuente indicó que el Ministerio de Hacienda ha consignado en varias ocasiones a “REFIDOMSA, cargamentos de asfalto AC-30, los cuales eran depositados en almacenes de Abu Naba’a. El caso ahora en cuestión es un barco que sería traído desde la Bahía de Ambay, en Maracaibo, Venezuela, el día 14 o 15 del actual mes de noviembre y que sería depositado en su local. Esto quiere decir que, a pesar de la advertencia del gobierno de Venezuela, lo siguen intentando: “engañar”.
“El informante alegó también que: “con esa justificación han preparado el muelle número cuatro, que está al lado de la compañía de Mustafa Abu Naba’a, sin tomar en cuenta que esto pone en riesgo a PETROCARIBE, que son financiamientos blandos a un 1% y 25 años para pagarlo”.
“En el año 2004, el inversionista de origen árabe Harry Sargeant, propietario de la International Oil trading Company (OITC), vinculada a la Worldwide Trading & Company (WTC), de Abu Naba’a recibieron de los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández poderes especiales para obtener cartas de créditos internacionales por US$255 millones.
“En el 2006, el Consejo Nacional del Azúcar (CEA) sometió a la WTC ante los tribunales, por la comisión de un supuesto “dolo” en perjuicio del Estado. Según la querella la WTC cobró de manera irregular unos RD$ 94 millones con lo que logró apropiarse de unos terrenos del CEA localizados en San Luis, Santo Domingo. En ese entonces, el CEA exigía una indemnización de US$5 millones.
“A esa forma prohibida de comercializar en territorio dominicano, se agrega el hecho de que el señor Abu Naba’a no paga los impuestos correspondientes.
“Más tarde, el desaparecido periódico Clave Digital, publicó que el presidente Fernández había favorecido a la WTC con un contrato de US$100 millones para construir avenidas carreteras, caminos y calles.
“El joven, hijo del empresario petrolero Mustafá Abu Naba’a, además de ser acusado de intento de asesinato, se le adjudica la posesión de un arsenal de armas de fuego, que, supuestamente, habría penetrado al país por el Salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
“Mustafá, el padre, también estuvo acusado de pertenecer a un grupo recaudador de fondos ilegales, para un gobernador y tres ex aspirantes a presidencia de Estados Unidos.
“El grupo recaudador de fondos de procedencia cuestionable era encabezado por Ala’a Al-Ali.
“Los recaudadores llegaron a lograr contribuciones superiores a los US$55 mil, de los cuales US$5 mil fueron destinados a la campaña de Charlie Crist en el 2006 y más de US$50 mil al ex candidato presidencial John McCain y los precandidatos Ruddy Giulliani y Hillary Clinton.
“Según la acusación, las donaciones fueron solicitadas por Mustafá Abu Naba’a, que al igual que Al-Ali, es un jordano que estaría viviendo en la República Dominicana.”
……………
La herencia fétida y las maniobras de un semi-destronado.
Aspirante a monarca, Leonel Fernández “reinó” en los últimos ocho años (2004-2012), después de exhibir discretamente esa maldita vocación durante su primer gobierno (1996-2000) y hablamos de un aspirante a Rey en una pequeña media isla caribeña, con pretensiones de ser alabado en todos los confines del planeta.
“El destino” de la Nación pretendió ser identificado en su persona, pero la ambición desmedida y la falsedad en exceso traicionaron sus anhelos de reinar indefinidamente y, en fin de cuentas, hasta el trono se le fue de las asentaderas cuando el descrédito acumulado en tan pequeño territorio caribeño hizo explosión arrasando a su Nueva York chiquita.
La indignación desatada ahogó el prestigio artificialmente fabricado, provocando que la simulación agotara sus efectos mercadológicos, cubriendo primero de lodo y pus la farsa, y determinando después que la L de León fuera percibida por gran parte la sociedad dominicana como L de ladrón.
Mintió groseramente al anunciar el blindaje de la economía nacional bajo “sus sabias orientaciones”, mientras se dedicaba a “blindar” su impunidad y la de los suyos, enmarcándola en una dictadura constitucional bajo estricto control.
Como tan perversa auto-protección se concentró en lo institucional, el clamor que lo condena sabiamente se desbordó por otros vericuetos nacionales y se expandió por el mundo, cruzando mares y fronteras.
Entonces, el aspirante a Monarca, lleno de pánico, decidió cobrarles sus “favores” a colegas, intelectuales, artistas, mercaderes, peregrinos y renegados para intentar la imposible misión de contrarrestar la ola que cortésmente solicita su ingreso al 15 de Azua y enturbia definitivamente sus ínfulas diplomáticas universales.
El rey Abdala II es uno de esa lista de “buenos agradecidos” y es por eso que el aspirante Monarca, ya semi-destronado y tronado, optó recientemente por sacarle provecho a lo invertido en Jordania con la ayuda de Mustafá; súper-rico mercader del petróleo y encargado de las conexiones de FUNGLODE (cuerpo del delito y canal para la instalación del publicitado Centro Latinoamericano en Amám con el nombre de Leonel Fernández) con el Medio Oriente.
Esto incluye ciertos trueques, entre los que no podía faltar la libertad de Karim, fraguada antes de su sorpresivo retorno. Igual otros negocios mutuos y no pocas banalidades compradas en el mundo árabe, mientras el pueblo dominicano pide su cabeza y Danilo y Domínguez Brito se la protegen.
Pero en realidad la desesperación lo ha llevado a un cálculo fallido: su salvación no está en Abdala ni en Mustafá, ni en su liberado hijo pródigo, llamado Karim. Esos vínculos refrescan otros escándalos dormidos y otras conexiones dolosas y pérfidas, y ese reconocimiento académico comprado lo “tira más para lo hondo”.
Recientemente salen nuevos olores fétidos de los manejos turbios en REFIDOMSA, de la estafa a Petrocaribe y de la mafia del AC-30, una parte comercializado por Mustafá y por un renegado que dice ser de izquierda, en Puerto Rico.
Leonel usó en esta ocasión la dictadura constitucional a nivel judicial a favor de sus sucios socios árabes y habrá de seguirla usando como medio de impunidad, pero de todas maneras crecen los riesgos de que ese blindaje pueda estallar. La caldera anti-corrupción y anti-impunidad tiene demasiada presión, y el despliegue del paquetazo neoliberal habrá de provocar más indignación popular.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?