Editorial
Muy Bajo Índice de Institucionalidad.
La República Dominicana, sin ninguna duda, ha demostrado tener uno de los más bajos índices de institucionalidad de todos los países latinoamericanos, pese a que algunos factores la proyectan como una de las democracias más sólidas del continente americano.
La afirmación al respecto se desprende del desarrollo del más grande entramado de corrupción del hemisferio, como lo es el caso ODEBRECHT, el cual ha servido para medir hasta dónde los países latinoamericanos están en capacidad de enfrentar el flagelo en sus territorios.
El caso ODEBRECHT ha dejado muy claro que a pesar de todos los tropiezos que ha tenido la democracia peruana, ésta está en capacidad institucionalmente hablando para afrontar una estocada que pone al borde de la muerte la credibilidad de su sistema de justicia y de los partidos políticos.
Igual afirmación podría hacerse con Colombia, pero el mejor ejemplo lo es definitivamente Perú, donde incluso se ha producido una renovación continuada de su liderazgo político, cuyos resultados han permitido que ese país suramericano haya llevado a la presidencia de la República a personajes prácticamente desconocidos y que no forman parte de la casta tradicional que ha tenido el control del escenario electoral y del Estado.
En la actualidad Perú y también hay que agregar a Panamá constituyen una expresión de un notable avance institucional y democrático, porque a pesar de que la República Dominicana se reputa como una democracia fuerte, ha quedado demostrado de que carece de un estado de derecho en el que la haga, que la pague.
La situación de la República Dominicana es tan preocupante que no existe un sólo ejemplo de sanción de la delincuencia de cuello blanco, porque todo se queda en un circo de mal gusto que erosiona gravemente la credibilidad de un poder del Estado como la justicia, en el que no hay forma de condenar a los que usan el patrimonio público para enriquecerse.
Mientras en Perú y Panamá son procesados varios expresidentes, en el país los ex-mandatarios no son tocados ni con el pétalo de una rosa, lo cual crea una cadena de complicidad que lesiona gravemente la democracia, convirtiéndola en una caricatura y en una de la más desacreditada de todo el hemisferio y el mundo.
Los procesados en el país por el caso ODEBRECHT ya prácticamente comienzan a beneficiarse de una debilidad institucional que crea un mundo de impunidad, donde sólo no hay justicia para los que tienen mucho, sino también para los que no tienen nada, porque el fenómeno se ha democratizado de tal manera que no hay eficiencia para enjuiciar a un magnate, pero de igual modo a un ratero.
El sistema de justicia está lleno de ineficiencia, inoperatividad, fraudes, sentencias vendidas y compradas, fiscales ineptos, jueces a merced del mejor postor, alguaciles al servicio de asociaciones de malhechores, falsos abogados, que postulan en los estrados con togas y birretes sin haber cursado los estudios requeridos para tales fines.
Es un panorama que reúne todas las condiciones y circunstancias para que el delincuente se mueva a sus anchas, cuyos resultados nos advierten de que la sociedad dominicana está expuesta al peor de los peligros.
Con el agravante de que incluso los que dicen ser críticos de los que tienen el control del Estado, exhiben la supuesta capacidad hasta de determinar, sin tener los instrumentos para tales fines, de quién es culpable o inocente de la comisión de un crimen o delito.
Para justificar esa capacidad de saberlo todo, siempre recurren al clichet de persecución política, un recurso simplista de ejercer una alta responsabilidad frente al gran deterioro que afecta a la República Dominicana.
El país es el territorio donde se da el colmo del que comete un crimen o delito al pedirle a quien debe perseguir esos ilícitos penales, como lo es el Ministerio Público, que le pida perdón de rodillas al infractor, para lo cual el inculpado cuenta siempre con un grupo de vocingleros que sólo tienen como razón la repartición de dadivas que provienen de los mismos recursos mal habidos.
Por todo lo anteriormente expuesto hay que concluir que la República Dominicana está a la zaga de aún la más atrasada democracia latinoamericana, porque el presidencialismo es un escollo mortal para la institucionalidad y la justicia, así como promotor de la impunidad y de la conducencia al abismo de la clase política nacional.
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.
Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.
Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.
El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.
Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.
La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.
En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.
El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.
Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.
La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.
La elección de Mandami no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.