Editorial
Muy Bajo Índice de Institucionalidad.
La República Dominicana, sin ninguna duda, ha demostrado tener uno de los más bajos índices de institucionalidad de todos los países latinoamericanos, pese a que algunos factores la proyectan como una de las democracias más sólidas del continente americano.
La afirmación al respecto se desprende del desarrollo del más grande entramado de corrupción del hemisferio, como lo es el caso ODEBRECHT, el cual ha servido para medir hasta dónde los países latinoamericanos están en capacidad de enfrentar el flagelo en sus territorios.
El caso ODEBRECHT ha dejado muy claro que a pesar de todos los tropiezos que ha tenido la democracia peruana, ésta está en capacidad institucionalmente hablando para afrontar una estocada que pone al borde de la muerte la credibilidad de su sistema de justicia y de los partidos políticos.
Igual afirmación podría hacerse con Colombia, pero el mejor ejemplo lo es definitivamente Perú, donde incluso se ha producido una renovación continuada de su liderazgo político, cuyos resultados han permitido que ese país suramericano haya llevado a la presidencia de la República a personajes prácticamente desconocidos y que no forman parte de la casta tradicional que ha tenido el control del escenario electoral y del Estado.
En la actualidad Perú y también hay que agregar a Panamá constituyen una expresión de un notable avance institucional y democrático, porque a pesar de que la República Dominicana se reputa como una democracia fuerte, ha quedado demostrado de que carece de un estado de derecho en el que la haga, que la pague.
La situación de la República Dominicana es tan preocupante que no existe un sólo ejemplo de sanción de la delincuencia de cuello blanco, porque todo se queda en un circo de mal gusto que erosiona gravemente la credibilidad de un poder del Estado como la justicia, en el que no hay forma de condenar a los que usan el patrimonio público para enriquecerse.
Mientras en Perú y Panamá son procesados varios expresidentes, en el país los ex-mandatarios no son tocados ni con el pétalo de una rosa, lo cual crea una cadena de complicidad que lesiona gravemente la democracia, convirtiéndola en una caricatura y en una de la más desacreditada de todo el hemisferio y el mundo.
Los procesados en el país por el caso ODEBRECHT ya prácticamente comienzan a beneficiarse de una debilidad institucional que crea un mundo de impunidad, donde sólo no hay justicia para los que tienen mucho, sino también para los que no tienen nada, porque el fenómeno se ha democratizado de tal manera que no hay eficiencia para enjuiciar a un magnate, pero de igual modo a un ratero.
El sistema de justicia está lleno de ineficiencia, inoperatividad, fraudes, sentencias vendidas y compradas, fiscales ineptos, jueces a merced del mejor postor, alguaciles al servicio de asociaciones de malhechores, falsos abogados, que postulan en los estrados con togas y birretes sin haber cursado los estudios requeridos para tales fines.
Es un panorama que reúne todas las condiciones y circunstancias para que el delincuente se mueva a sus anchas, cuyos resultados nos advierten de que la sociedad dominicana está expuesta al peor de los peligros.
Con el agravante de que incluso los que dicen ser críticos de los que tienen el control del Estado, exhiben la supuesta capacidad hasta de determinar, sin tener los instrumentos para tales fines, de quién es culpable o inocente de la comisión de un crimen o delito.
Para justificar esa capacidad de saberlo todo, siempre recurren al clichet de persecución política, un recurso simplista de ejercer una alta responsabilidad frente al gran deterioro que afecta a la República Dominicana.
El país es el territorio donde se da el colmo del que comete un crimen o delito al pedirle a quien debe perseguir esos ilícitos penales, como lo es el Ministerio Público, que le pida perdón de rodillas al infractor, para lo cual el inculpado cuenta siempre con un grupo de vocingleros que sólo tienen como razón la repartición de dadivas que provienen de los mismos recursos mal habidos.
Por todo lo anteriormente expuesto hay que concluir que la República Dominicana está a la zaga de aún la más atrasada democracia latinoamericana, porque el presidencialismo es un escollo mortal para la institucionalidad y la justicia, así como promotor de la impunidad y de la conducencia al abismo de la clase política nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.