Editorial
Muy Bajo Índice de Institucionalidad.
La República Dominicana, sin ninguna duda, ha demostrado tener uno de los más bajos índices de institucionalidad de todos los países latinoamericanos, pese a que algunos factores la proyectan como una de las democracias más sólidas del continente americano.
La afirmación al respecto se desprende del desarrollo del más grande entramado de corrupción del hemisferio, como lo es el caso ODEBRECHT, el cual ha servido para medir hasta dónde los países latinoamericanos están en capacidad de enfrentar el flagelo en sus territorios.
El caso ODEBRECHT ha dejado muy claro que a pesar de todos los tropiezos que ha tenido la democracia peruana, ésta está en capacidad institucionalmente hablando para afrontar una estocada que pone al borde de la muerte la credibilidad de su sistema de justicia y de los partidos políticos.
Igual afirmación podría hacerse con Colombia, pero el mejor ejemplo lo es definitivamente Perú, donde incluso se ha producido una renovación continuada de su liderazgo político, cuyos resultados han permitido que ese país suramericano haya llevado a la presidencia de la República a personajes prácticamente desconocidos y que no forman parte de la casta tradicional que ha tenido el control del escenario electoral y del Estado.
En la actualidad Perú y también hay que agregar a Panamá constituyen una expresión de un notable avance institucional y democrático, porque a pesar de que la República Dominicana se reputa como una democracia fuerte, ha quedado demostrado de que carece de un estado de derecho en el que la haga, que la pague.
La situación de la República Dominicana es tan preocupante que no existe un sólo ejemplo de sanción de la delincuencia de cuello blanco, porque todo se queda en un circo de mal gusto que erosiona gravemente la credibilidad de un poder del Estado como la justicia, en el que no hay forma de condenar a los que usan el patrimonio público para enriquecerse.
Mientras en Perú y Panamá son procesados varios expresidentes, en el país los ex-mandatarios no son tocados ni con el pétalo de una rosa, lo cual crea una cadena de complicidad que lesiona gravemente la democracia, convirtiéndola en una caricatura y en una de la más desacreditada de todo el hemisferio y el mundo.
Los procesados en el país por el caso ODEBRECHT ya prácticamente comienzan a beneficiarse de una debilidad institucional que crea un mundo de impunidad, donde sólo no hay justicia para los que tienen mucho, sino también para los que no tienen nada, porque el fenómeno se ha democratizado de tal manera que no hay eficiencia para enjuiciar a un magnate, pero de igual modo a un ratero.
El sistema de justicia está lleno de ineficiencia, inoperatividad, fraudes, sentencias vendidas y compradas, fiscales ineptos, jueces a merced del mejor postor, alguaciles al servicio de asociaciones de malhechores, falsos abogados, que postulan en los estrados con togas y birretes sin haber cursado los estudios requeridos para tales fines.
Es un panorama que reúne todas las condiciones y circunstancias para que el delincuente se mueva a sus anchas, cuyos resultados nos advierten de que la sociedad dominicana está expuesta al peor de los peligros.
Con el agravante de que incluso los que dicen ser críticos de los que tienen el control del Estado, exhiben la supuesta capacidad hasta de determinar, sin tener los instrumentos para tales fines, de quién es culpable o inocente de la comisión de un crimen o delito.
Para justificar esa capacidad de saberlo todo, siempre recurren al clichet de persecución política, un recurso simplista de ejercer una alta responsabilidad frente al gran deterioro que afecta a la República Dominicana.
El país es el territorio donde se da el colmo del que comete un crimen o delito al pedirle a quien debe perseguir esos ilícitos penales, como lo es el Ministerio Público, que le pida perdón de rodillas al infractor, para lo cual el inculpado cuenta siempre con un grupo de vocingleros que sólo tienen como razón la repartición de dadivas que provienen de los mismos recursos mal habidos.
Por todo lo anteriormente expuesto hay que concluir que la República Dominicana está a la zaga de aún la más atrasada democracia latinoamericana, porque el presidencialismo es un escollo mortal para la institucionalidad y la justicia, así como promotor de la impunidad y de la conducencia al abismo de la clase política nacional.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.