Opinión
MV, Dictadura e impunidad
Published
7 años agoon
Por Narciso Isa Conde
El 22 de enero del 2018 se cumplirá un año de iniciado el torrente verde de la esperanza.
El pasado 22 de enero del 2017 comenzó la transformación de la indignación popular en movilizaciones ascendentes.
Entonces el clamor que alimenta la marejada verde parecía más sencillo que lo que realmente es: fin de la impunidad para acabar con la corrupción.
Las primeras movilizaciones la motivó un escándalo internacional que gravita sobre el Estado dominicano en sus relaciones delictivas con ODEBRECHT, con énfasis en los sobornos que facilitaron los contratos sobrevaluados.
Pero al transcurrir el año se develó algo que mucha gente no lograba percibir: que la corrupción y la impunidad son sistemas articulados, son Estado y empresas privadas asociadas, son gobierno, ministerio público, poder judicial, congreso nacional, JCE , TSE, sistema de partidos, altas jerarquías policiales y castrenses.
Asumió así mucho carácter la percepción de que el fin de la impunidad para acabar con la corruptela tiene un obstáculo de envergadura que se resume en un poder político-estatal- empresarial dominado por mafias diversas (no solo la de ODEBRECHT), que se amalgaman y entrecruzan respondiendo a una jerarquía institucional con preeminencia de la Presidencia de la República.
Mafias en constante activismo y protegidas por un blindaje institucional reforzado por la Constitución del 2010.
El surgimiento de MV como movimiento social politizado, con un poder de convocatoria sin precedente en las últimas décadas, capaz de arrinconar al sistema de partidos con su formidable cadena de marchas ordenadas y ejemplares, ha podido poner en vilo al régimen morado y a toda la partidocracia; develando de paso ante los ojos de un gran parte de la población con más escolaridad y mayores niveles de conciencia social y política, la naturaleza dictatorial y mafiosa de este Estado.
PENDIENTE LO FUNDAMENTAL.
Sin embargo, MV todavía no ha podido lograr el fin de la impunidad. Menos aun detener el proceso de putrefacción del Estado y los escándalos que lo delatan.
A la evidencia de la relación mafiosa con ODEBRECHT le han seguido el pus y la sangre que emana del CEA, CORDE, OISOE, TUCANOS, OMSA, CARTEL GLP
.Mientras todos los reclamos e iniciativas de sanción a los culpables han chocado con la corrupción como sistema y con el régimen estatal que protege a sus protagonistas y beneficiarios.
No hay justicia ni en la más mínima expresión.
Todo el Estado está podrido y protegido por una muralla institucional que arranca desde el Poder Ejecutivo y enlaza todos los poderes del Estado colmados de corrupción.
De esa realidad palpable y las continuas prédicas sobre las características de las instituciones y quienes la dirigen, brota la convicción, cada vez más colectiva, de que ciertamente el fin de la impunidad para acabar con la corrupción es un hueso más duro de roer de lo que inicialmente se pensaba.
Tal convicción alienta la necesidad de vencer los obstáculos más evidentes: gobierno, Estado, instituciones, poder mafioso
Igual motiva el entendimiento de que esa necesidad no se puede lograr a través de las instituciones y sistemas que hay que desmontar.
El camino extra-institucional, el poder de calle, se torna cada vez más imprescindible.
El juicio hay que hacérselo al Presidente de la República desde las calles.
El Juicio al Presidente aproxima reclamar la salida del gobierno para desmontar la dictadura institucional y reconstruir el Estado y sus instituciones.
Y así, al salir el 2017 y entrar el 2018, se van enlazando lo de JUICIO A DANILO, FUERA EL GOBIERNO Y CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA; es decir, la ruta alternativa procesual que le puede poner fin a la impunidad para acabar con la corrupción y muchas plagas más. Ruta que a su vez, para ser efectiva, exige mayores niveles de movilización, procesos ascendentes de paralización y alto grado de desobediencia civil y receptividad democrática en las filas militares
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.