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El sistema político-electoral dominicano ha entrado en crisis y las elecciones municipales fueron un espejo de ello..
Ya algunos articulistas nacionales han calificado el fenómeno como un eco silencioso en el escenario político nacional o como un grito de cambio en silencio, que más bien es una respuesta de los ciudadanos inconformes.
Uno de esos articulistas es Pavel De Camps Vargas, especialistas en tecnología de la comunicación y la información y quien en un escrito aparecido en algunos diarios nacionales, impresos y digitales, planteaba que en un mundo donde la política a menudo parece estar en un callejón sin salida, el voto en blanco emerge como una poderosa herramienta de expresión democrática, cuya visión comparte La República.
Lo cierto es que en una diversidad de democracias de diferentes lugares del mundo, el voto en blanco es la clave para revitalizar el sistema electoral y en consecuencia en la República Dominicana podría pasar lo mismo, sobre todo frente a la creciente desafección política y la alta abstención electoral.
Exactamente como lo ve el articulista citado, en las recientes concluidas elecciones municipales del mes de febrero un número significativo de dominicanos eligió no votar, cuya abstención no se traduce en una apatía, sino más bien en un espejo de la desilusión que se nos viene encima, que hoy es una realidad innegable, lo cual parece presentarse también en las presidenciales y congresionales, siempre de acuerdo a lo que se observa en las encuestas y sondeos que los medios de comunicaciones tradicionales y digitales realizan en las calles de las diferentes ciudades del país.
La realidad es que en las actuales circunstancias el ciudadano no se siente representado por las opciones en la boleta electoral, en cuyo escenario el voto en blanco cobra relevancia, como un medio para expresar una desaprobación constructiva.
En el contexto de los países latinoamericanos, el voto en blanco ha sido una herramienta de cambio, ya que incluso si obtiene la mayoría tienen que repetirse las elecciones con nuevos candidatos, si es que surgen.
Colombia es un referente importante en esta materia, dado que constituye una declaración potente de que ninguno de los candidatos merece el voto, pero igual ocurre en Francia, donde éste se cuenta separadamente, como una forma de reconocer la inconformidad política.
Canadá es, máxime en algunas zonas de ese país de norteamérica, donde es posible votar efectivamente en contra de todas las opciones presentadas.
Dice el articulista citado en este trabajo por considerado de una gran importancia política en la circunstancia que vive la República Dominicana, que en Kazajistán la opción del voto en blanco está incorporada en las papeletas de votación.
Según el trabajo citado, esta opción fue utilizada originalmente en la elección presidencial de 1991 y fue oficialmente introducida en la ley electoral en 1995.
Mongolia aprobó una ley electoral de 2015 que dispone que si el voto en blanco supera el 10% y ningún candidato obtiene una mayoría absoluta, se pueden convocar nuevas elecciones.
Estos ejemplos sirven de base para que se vea como diferentes países del mundo manejan el voto en blanco o la opción de «ninguno de los anteriores», y cómo, en algunos casos, pueden tener implicaciones significativas en los resultados electorales, hasta el punto de poder requerir la repetición de elecciones
Al ser una realidad esta opción en el marco de la democracia, el voto en blanco es un instrumento que permite a los ciudadanos expresar su descontento con las opciones presentadas, lo cual implica exigirle una mayor responsabilidad y transparencia a los partidos políticos, los cuales en el país son un verdadero desastre.
No hay que ser un experto para entender que la República Dominicana es un país donde una parte significativa de la población se siente marginada por el sistema político actual y en tal virtud el voto en blanco podría ser la llave para una democracia más inclusiva, participativa y representativa.
El ciudadano dominicano tiene que buscar una forma, que muy bien puede ser a través del voto en blanco para el cambio, el cual podría ser un catalizador, como muy bien lo plantea el articulista citado, a fin de motivar a los partidos políticos a presentar candidatos y propuestas que realmente resuenen y conecten con el electorado.
De manera, que el voto en blanco, el cual debía ser incorporado a las leyes del régimen electoral, podría ser el despertar de un nuevo capítulo democrático, donde cada voto cuente y cada silencio tenga un eco.
El periódico La República considera que el voto en blanco no es un signo de derrota, sino de esperanza y de fe en la posibilidad de una mejor representación política.
Este planteamiento es un llamado de un articulista, quien evidentemente no parece tener ningún compromiso con la vieja política, a los líderes y partidos para que se alinean más estrechamente con las aspiraciones y necesidades de su pueblo.
El voto en blanco podría significar en la República Dominicana, el principio de una nueva era democrática, donde el silencio se convierta en una voz potente para el cambio y la renovación política.
Esta opción del voto en blanco es más que un simple espacio en una papeleta electoral como bien lo plantea Decamps Vargas, porque en verdad se trata de un llamado y un desafío a la complacencia y un recordatorio de que la democracia es un proceso en constante evolución.
Esta práctica electoral de asumirse en el país desde la perspectiva que se ha acogido en otras naciones, permite abrir un nuevo capítulo en una nación como la República Dominicana, donde el sistema de partidos ha colapsado y parece que se acerca su fin, lo cual permitiría reescribir la historia política nacional.
La República comparte el criterio de que el voto en blanco podría ser, efectivamente, la nueva alternativa democrática que redefina el futuro político del país.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.