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El INAPA gastó más de RD$700 millones en nóminas “ocultas”
Gastos calculados hasta la fecha en unos 718.2 millones de pesos para el pago de nóminas ocultas han sido identificadas por la actual administración del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y reconocidas por su pasado director, Horacio Mazara,
La institución, sin embargo, también ha contratado a casi 2,000 personas en los cuatro meses de la nueva gestión, llevando las nóminas actuales a 6,643 empleados.
En una mirada a cómo opera el servicio de personal en el Inapa, se destacan hallazgos cuestionables sobre contrataciones de servicio de camiones cisternas, pagos excesivos de viáticos y licencias permanentes a empleados.
Así lo expusieron a Diario Libre las ejecutivas del Inapa Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, al explicar el aparente incremento de la nómina durante la actual gestión que encabeza el abogado Wellington Arnaud, designado por el presidente Luis Abinader.
Hasta diciembre de este 2020, el Inapa contaba con 6,643 empleados, distribuidos en nueve nóminas distintas: Nómina Nivel Central, Contratados, Acueductos, Personal en Trámites de Pensión, Provincia Santiago, Provincia San Cristóbal, Personal Contratado e Igualado Provincia San Cristóbal, Ocasional Seguridad Militar y otra de Personal en Trámites de Pensión.
La cifra representa un incremento de 376 empleados más que los 6,267 que se reportaban en las mismas nóminas hasta agosto pasado, aunque inferior si se toma en cuenta los de las nóminas “ocultas”.
“La pasada gestión no publicaba todas las nóminas que pagaba, entonces, hay una serie de nóminas que nosotros ahora las estamos subiendo (a la web) para que el público tenga conocimiento de todo lo que se pagaba en la institución”, expone Chevalier ante los cuestionamientos de Diario Libre.
Afirma que una vez entró la actual gestión, el 17 de agosto pasado, empezaron a hacer las adecuaciones de los empleados y que fue cuando se percataron de que, en lugar de 6,267 empleados a ese mes, había 7,742.
“Había unas nóminas que estaban ocultas y que fueron mandadas a desactivar para que esta gestión no se enterara de que existían, pues si tú no sabías lo que andabas buscando, no las ibas a ver, y esa nómina tenía 1,475 personas”, enfatiza Chevalier.
De la existencia de esas nóminas se enteraron, en primer lugar, por los pagos y las auditorías. “Cuando tú encuentras pagos que no están sustentados, te pones a investigar el por qué ocurren, cuál es la razón que da a esos pagos. Entonces, unos peritos en tecnología entraron al sistema y encontraron que había unas nóminas que estaban desactivadas”, agrega la asesora financiera.
Consultado sobre esta situación, el exdirector del Inapa, Horacio Mazara, admite la existencia de esas nóminas y explica que, si estaban separadas del resto de los empleados, se debía al carácter de temporalidad de los contratados.
“Eran nóminas especiales, se varía mucho el personal, a veces entraban y salían y a veces, parte de ese personal, dependiendo de su eficiencia, pues se pasaba a las nóminas oficiales. A veces… pues eran trabajos de operativos especiales, no fijos”, explica,
Dice que a su arribo al Inapa (en 2015) ya había algunas de esas nóminas y que en su gestión se le dio seguimiento, con la intención de bajar las conexiones ilegales, que eran muy altas, y aumentar las recaudaciones.
Al revisar una de esas nóminas “ocultas”, se observa que la gran mayoría tiene el cargo de inspector o supervisor. Varios de los que figuran en ella al mes de agosto, también estaban en otra nómina, con la misma descripción, pero de 2018, aunque para ese año figuraban con estatus de cancelado, una situación que Mazara dice no saber explicar.
Lo que sí explica es que esas personas se empleaban casi siempre como “inspectores de campo” en los pueblos y zonas rurales, así como en barrios de difícil acceso.
“Teníamos 24 provincias y andar todas esas zonas, a veces a las que solo se podía llegar a pie o caballo, era un tema difícil y entendíamos que eso era lo correcto. Lo entendimos, puede que sea correcto o no, pero eso fue lo que entendimos y nos dio resultado”, dijo.
El exfuncionario resalta que gracias a esa estrategia lograron incrementar, año tras año, las recaudaciones del Inapa y que, a su salida de la entidad, en agosto pasado, dejó esas personas para que fuera la siguiente administración quien decidiera qué hacer con ellas.
Actualmente, el caso está en manos de la Contraloría General de la República que inició una auditoría y debe determinar lo que procede al respecto.
Casi 3 mil cancelados
Tanto Binet como Chevalier aseguran que el total de empleados de las nóminas ocultas fueron cancelados, y que con ellos suman unos 2,927 las personas desvinculadas de la institución desde que llegó Arnaud a dirigirla.
Sin embargo, también han contratado a casi 2,000. Si se resta el total de cancelaciones a los 7,742 empleados que encontró la actual administración, debía haber 4,818 personas, pero las nóminas actuales suman 6,643 empleados, lo que indican que en los cuatro meses de gestión se han contratado a unos 1,828 empleados.
Aunque ahora tienen en total unos 1,099 empleados menos, el valor de las nóminas, sin embargo, es superior, y en lugar de 128.7 millones que se destinaban en agosto pasado, en diciembre se pagaron RD$132.7 millones en sueldos a empleados, unos cuatro millones adicionales.
“Lo que pasa es que es un proceso de transformación y entonces, cuando llegamos encontramos una institución con muchas situaciones y un sistema de suministro de agua colapsado. Nuestro director se pasó los primeros meses viajando y visitando los 243 sistema que hay a nivel nacional uno por uno, y ahí descubrió cómo estaba la infraestructura y habló con su equipo y armó un plan de rescate de esas instalaciones”, expone Ruth Chevalier.
Resalta que en los últimos cuatro meses ya se ha logrado poner en funcionamiento 8 sistemas de acueductos que estaban totalmente fuera de operación en Monte Plata, además de otros 22 que funcionaban al mínimo en otros diez municipios del país.
La puesta en operación de esos sistemas hace imposible –afirma– trabajar con menor cantidad de empleados.
“Si tú tienes, por ejemplo, un acueducto donde no estaba funcionando, no había gente, pero sí tú lo pones a funcionar, necesitas personas para eso. Igual a nivel de las estructuras que no funcionaban, como, por ejemplo, Planificación, la cual necesitaba reforma porque la estructura está totalmente obsoleta. También el área Comercial y el área de Licitaciones”, agrega Binet.
Como parte de su Plan Nacional de Rescate de las Instalaciones, el Inapa pretende generar unos 2,137 litros de agua por segundo, para llevar el líquido a unos 600,000 hogares, además de generar al menos 42,500 empleos directos.
Otro plan que dicen tener en ejecución es el de Crecimiento de Usuario, cuya estrategia les ha permitido, afirman, aumentar las recaudaciones de RD$54,932,988 en agosto a RD$84,664,777 en diciembre pasado.
“Para este Plan de Crecimiento de Usuario fue necesario contratar personas con gestión de venta para poder alcanzar la meta proyectada de aquí a diciembre de 2021, la cual busca que, de aquí a marzo lleguemos a RD$120 millones de recaudación; entre mayo y julio a RD$150 millones y a diciembre unos RD$200 millones de pesos”.
Otro detalle del personal que destaca son unos 130 empleados que habrían encontrado con licencia permanente.
“Gente que trae una licencia por un año y todos los años la renueva: busco un médico para que certifique que tengo equis situación y que no puedo trabajar, y si una gente está de licencia no se puede desvincular. Y esa es otra situación que nos encontramos, pues probablemente tú dirás, bueno, vamos a sustituir uno por otro, pero, cuando tú tienes a una gente de licencia no lo puedes desvincular, pero no te asiste y tú tienes que operativamente funcionar”.
A esas personas se les estaría conminando a presentar una certificación actualizada sobre su condición de salud, además de buscar una verificación a través de las administradoras de fondos de pensiones para determinar si aplican para una pensión.
Si bien las recaudaciones han aumentado, las ejecutivas del Inapa destacan también los ahorros logrados en la institución, entre ellos, en combustible y en viáticos.
“Aquí había unas nóminas de viáticos que eran un escándalo, que era la forma en que se disfrazaban salarios como si fueran viáticos por servicio. Tú podías encontrar a un soldador, que parece era el que andaban todo el país, que tenía sueldo de RD$10,000 y te cobraba RD$97,000 en viáticos. Todas esas prácticas se han eliminado porque esas nóminas podían representar más de 17 millones de pesos mensuales en viáticos, nada más”, dice Binet.
Asegura que también han bajado el consumo de combustible en más de un 50 por ciento, eso debido a que, una merma en el uso de los camiones cisternas.
“Una práctica que había era que, en coordinación con los operadores de los acueductos, cerraban las llaves de paso para obligar a tener que mandar el agua en camiones cisterna, porque esos son contratados. Cuando llegamos encontramos 188 contratos de camiones cisternas y nosotros con las soluciones de agua que hemos llevado, ya se han bajado a 67 al día de hoy”, sostiene Chevalier.
Asegura que ello ha implicado un ahorro de RD$13, 472, 375 en distribución de agua en camiones cisterna. En combustible el ahorro es de RD$2,461,000 mensuales, dice.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.