Opinión
Narco-Política: Recordar el pasado para entender el presente
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
Por Narciso Isa Conde
La DEA puso en marcha en nuestra República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional Anti-Droga (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR), un amplio operativo contra una de las redes de narcotraficantes dominicanos conectada a determinadas instancias políticas. El operativo ha sido bautizado OPERACIÓN FALCÓN.
El Presidente Abinader, con su persistente amor por la grandilocuencia superficial y el espectáculo publicitario, valoró el hecho como una especie de principio del fin del crimen organizado en el país y una muestra de su determinación de ponerle término a la impunidad; pese a que tal acción es fundamentalmente de factura importada y ha tocado a las altas esferas políticas implicadas. Una operación “Made in Usa”, en lenguaje puramente comercial.
Como esta operación y su manipulación mediática se prestan a confusiones, voy a recurrir al pasado reciente para esclarecer el real significado del rol de la DEA en este y otros casos parecidos a lo largo de la historia reciente, que lejos de representar aproximaciones consistentes al fin del crimen organizado y de su narco-vertiente, más bien forman parte del funcionamiento y reciclaje del modelo impuesto y de sus macro-simulaciones dentro de la lógica del ataque ocasional contra redes y carteles que “pierden la gracia” de la Casa Blanca.
- CONFESIONES AMORDAZADAS
A mí me tocó participar en la redacción y publicación del libro “CONFESIONES AMORDAZADAS” (1), cuyas tres ediciones circularon en 1997.
Su Capítulo V, titulado “Conclusiones y Emplazamientos”, que voy a usar parcialmente como base fundamental de este artículo (porque precisamente revela el surgimiento y despliegue hasta esa fecha de la narco-política dominicana), es íntegramente de mi autoría y me parece importante refrescar un cuarto de siglo después.
Los párrafos escogidos rezan así:
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
“El origen de la combinación entre poder, crimen y narco tiene sus escenarios concretos en los gobiernos de García Godoy y Joaquín Balaguer en la segunda mitad de 1960. Bajo su sombra se formaron y desarrollaron los primeros clanes de esa combinación.”
“Al Partido Reformistas y al Dr. Balaguer nadie lo puede exculpar del impetuoso desarrollo del “Delito de Estado” en el curso del tristemente célebre periodo de los doce años. Sobre esa dirección recae todo lo que en materia de corrupción, asesinatos, consumo y tráfico de drogas representó la cúpula burocrática-militar de aquel periodo, incluida la protección inicialmente ofrecida por el ex general Enrique Pérez y Pérez (2) al narcotraficante David Carter (Luego de asesinado este último, Pérez y Pérez se apropió de la empresa CACEN).”
Más tarde, en el periodo de los 10 años……”con la evidente aprobación del Presidente Balaguer, los crímenes ejecutados en los pleitos y “tumbes” planificados por la alta oficialidad de la DNCD y la PN, la corrupción de todo tipo y las conexiones entre el gobierno y narcotráfico han superado todos los parámetros, tal y como lo revelan los testimonios e incluidos en esta edición. Superan incluso el considerable auge que ese negocio sucio tuvo en la administración de Jorge Blanco.”
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La droga y el gobierno perredeista de Jorge Blanco tiene un capítulo especial en esta obra, elaborado nada más y nada menos que por encargo de la Embajada de los Estados Unidos y silenciado por ella, amén de la evidente conversión de ciertos componentes del Acuerdo de Santo Domingo y del propio PRD en receptáculos y vehículos de la escoria desprendida del narcopoder y conectada con la narco-política. (3)
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En los últimos 14 años (previos al 1997), el proceso de amponización de los gobiernos y conversión de la cúpula oficial en una especie de “cosa nostra”, ha crecido extraordinariamente.
“Y a ese proceso de amponización de la política tradicional dominicana no ha escapado tampoco el Partido de la Liberación Nacional (PLD), que sin miramiento y superando sus pasadas inhibiciones éticas, se abrazó a la mafia palaciega y al propio Balaguer, aceptó todo tipo de financiamiento por esa vía y asumió su defensa política”. (Hasta llegar –agrego ahora- a los contubernios mafiosos con Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Arturo del Tiempo Márquez y César el Abusador). (4)
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“Todo esto tiene apadrinamientos supranacionales. Y en ese orden el poder imperial de los Estados Unidos actúa con significativa ambivalencia formal y tiene responsabilidades inexcusables en la expansión de ese mal aquí y en todo el mundo.”
“Desde el principal mercado de las drogas del mundo…. fabricante de LSD y el CRAC…no podía esperarse otra conducta de su cúpula dirigente y de su DEA frente al informe preparado aquí y develado en esta obra.”
“En América Latina y el Caribe los jefes estadounidenses simulan combatir el mal y piden la extradición de los capos de oros países, mientras propagan la impunidad de sus redes internas del narcotráfico….simulan combatir el mal con su DEA y simplemente lo toman de pretexto para penetrar, para agredir e intervenir…”
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“Los carteles del narco no pueden ser defendidos por ellos….pero si alimentados por el poder de compra de la sociedad desmoralizada que ellos han forjado y erigido en “modelo cultural” que se expande, contagiando, corrompiendo, captando jóvenes de todos los extractos sociales, destruyendo hogares y prostituyendo familias bajo el poder alucinante de la cocaína, la heroína y el crac, que su mitología de consumo ha convertido en mercancías altamente cotizadas y codiciadas.”
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“El narcotráfico- como dice el articulista de EFE, Oscar Callezo- tiene su modelo en una economía de mercado nutrida por las leyes del capitalismo salvaje”.
“Esa economía ahoga cada vez más al mundo subdesarrollado…obliga a sus habitantes a recurrir a formas de subsistencias vinculadas a los extravagantes patrones de consumo del mundo desarrollado”.
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“La mitología del consumo de la cocaína, por ejemplo, se ha hecho consustancial al estilo de vida de esas sociedades de abundancia… su consumo, como la moda misma, se produce por mimetismo”.
“El narcotráfico es la expresión extrema y degradada de un modelo todavía vigente y no exento de métodos mas o menos ilegales, fraudulentos y amorales.”
“Todo esto indica que para erradicar o crearles condiciones general definitivamente adversa a esos males, es preciso erradicar la formación económico social contaminadas del capitalismo periférico dependiente y sus democracias limitadas y ´pervertidas.” (Libro referido, Conclusiones y Emplazamientos, pags 147- 158)
- LOS ENORMES VOLUMENES DEL LAVADO ALIMENTAN UN CAPITALISMO ENFERMO.
Hasta aquí lo tomado del referido capítulo, recordando al mismo tiempo que los emplazamientos que les hicimos a la dirección del PRD, al propio Peña Gómez, a la cúpula del PLD y al entonces presidente Leonel Fernández, para que reaccionaran frente a esos hechos ominosos, recibieron el silencio por respuesta.
Después de un cuarto de siglo todo esto ha cambiado para peor e incluso el producto del lavado generado por ese modelo, cada vez más degrado y podrido, nutre el sistema financiero del gran capital, y representa un componente sobresaliente de economías como la dominicana y más allá; a pesar de incontables operaciones ejecutadas, muy parecidas a las que actualmente regentea la DEA con el nombre de Operación Falcón.
El dinero del narco es consustancial al capitalismo enfermo y al cacareado crecimiento de la economía dominicana, que no es solo producto de las remesas, las exportaciones y el turismo.
En el contexto de este capitalismo global gansterizado, República Dominicana tiene una ubicación geoestratégica y condiciones estructurales realmente excepcionales para puentear inmensos volúmenes de drogas, que a su vez generan sumas fabulosas en dólares y euros.
No poca cantidad del lavado bruto de la narco-corrupción pasa por finos coladores que posibilitan inyectarle mucho dinero en divisas a las instituciones y a empresas que operan legalmente a distancia de los carteles y redes del bajo mundo.
Imagínense el volumen… si ya en 1985, solo por el Aeropuerto de Portillo en Las Terrenas, se movían –según el mencionado Informe preparado para la Embajada de EEUU en el periodo de gobierno 1982-1986- alrededor de 9 mil millones de dólares por año; lo que ahora es una “chilata” comparado con lo que pasa por todos los puertos, aeropuertos, costas, fronteras terrestres y resorts, destacándose Punta Cana, La Romana y el Puerto Modal Caucedo.
Así crece más la economía y engordan no pocos magnates, pudriendo de paso zonas sensibles de la sociedad y del poder.
La parte que queda en propiedades y empresas bajo control directo o cercano de las bandas de narcotraficantes, es grande, pero menor; y solo deja de fluir cuando por ser tan evidentes como cuerpos del delito, las intervienen y anuncian su valor.
- MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.
Este fenómeno es global y concierne principalmente a los grandes bancos privados. Veamos:
“Hay consenso -afirma el sociólogo estadounidense James Petras- entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El senador Levin sintetiza así el problema: «Las estimaciones indican que entre 500 mil millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos».
En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros norteamericanos. (EE.UU BLANQUEO.-Estados Unidos, un imperio financiado con “dinero sucio” /RED VOLTAIRE, Octubre 2001).
Pero eso no es todo. Denuncias más recientes dan cuenta de las descaradas violaciones de las restricciones legales anti-lavado a cargo de grandes bancos de negocio de EEUU:
“… documentos secretos del gobierno de EE.UU revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.”
“Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.”
“Las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los megabancos que violan la ley, y las acciones que las autoridades toman apenas repercuten en la avalancha de dinero saqueado que se filtra a través del sistema financiero internacional.”
“En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que los funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.”
“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia , Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.”
“El banco movió más de $ 1 mil millones para el financista fugitivo detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los registros, y más de $ 2 millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.” (PORTAL KAVILANDO, 20 de sept. 2020, Por ICIJ)
- ¿CÓMO CREERLE AL PRESIDENTE DOMINICANO?
Visto todo esto y bien pensado…
¿Cómo creerle al Presidente Luis Abinader sus afirmaciones sobre el significado que le atribuye a la OPERACIÓN FALCÓN bajo el mando de la DEA?
¿Cómo aceptar que en este país dependiente de EEUU se ha dado inicio a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado?
¿Cómo darle valor a sus palabras y creerle que contamos con un Presidente-Superman, Batman o Robocot, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales al capitalismo gansterizado de allá y de acá?
¿Cómo -luego de todo lo acontecido y de lo que pasa en el mundo capitalista- asimilar la idea de que el Gobierno de EEUU y su DEA están decididos a acabar con el crimen organizado y salvar a la humanidad de un modelo creado por sus amos?
¿Cómo no pensar que sus pretensiones de engañar, con sucesivos espectáculos mediáticos recomendados por sus “hacedores de imagen”, no habrán de reventarse en choque violento contra la realidad?
A los hechos hay que darle su justo valor: independientemente de los motivos y de lo que particularmente mueve a la DEA-EU en este caso, la acción de Ministerio Público tiende a castigar culpables, devela complicidades políticas importantes y confirma que el Estado Dominicano es un narco-Estado, algo que habíamos denunciado hace muchos años. Eso es lo positivo de ese hecho, fruto de las contradicciones engendradas al interior del modelo.
El crimen organizado y el narco-Estado son mucho más que esa red. Son muchas las redes y significativas las condiciones para su reproducción en el marco de un sistema que hace de caldo de cultivo. Eso ya está comprobado.
Pero además, en este caso hay muchos narco-vínculos de altura no incluidos en el quehacer judicial a nivel de las cúpulas partidarias, militares, policiales y empresariales; también en el de la familia López Pilarte y en otros manejos de la narco-política actual. Y una total y descarada impunidad de las culpas en un pasado reciente, que incluso tocan de lleno a ex presidentes de la república y a otros jerarcas de la política criolla y la carrera militar.
El Presidente Abinader debería desistir de gobernar mediáticamente al margen de una terca e implacable realidad.
(1) Confesiones Amordazadas contiene un Informe sobre el comportamiento del narco-trafico bajo el Gobierno de Salvador Jorge Blanco-PRD (1982-1986), testimonios de un ex agente de la DEA, denuncias, entrevista y valoraciones sobre el curso de la narco-política hasta el inicio del primer gobierno del PLD-Leonel Fernández (1996-2000).
(2) Enrique Pérez y Pérez, general de horca y cuchillo, responsable de números asesinatos, miembro de la CIA, conectado con los grupos terroristas del exilio cubano y beneficiario y protector del narcotráfico en su fase inicial.
(3) Jorge Blanco, Presidente de la República, postulado por el PRD en los comicios del 1982, respaldado por una alianza de fuerzas llamada ACUERDO DE SANTO DOMINGO y sindicado su gobierno como facilitador del auge del narco-tráfico por un informe secreto elaborado por un grupo de expertos , por decisión de la Embajada de EEUU en RD. Dicho Informe fue develado en el libro Confesiones Amordazadas. Su hijo es Ministro del Gobierno que actualmente preside Luis Abinader-PRM y abogado defensor del empresario mafioso Ángel Gonzales (El Fantasma), mexicano-estadounidense, estafador del Estado dominicano.
(4) Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pese a ser fundado por Juan Bosch, intelectual y político de gran reciedumbre moral, devino en uno de las fuerzas más corruptas de la historia republicana, durante un ejercicio de 20 años de 5 administraciones de gobiernos encabezadas por los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.