Opinión
Narco-Política: Recordar el pasado para entender el presente
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
Por Narciso Isa Conde
La DEA puso en marcha en nuestra República Dominicana, con la colaboración de la Dirección Nacional Anti-Droga (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR), un amplio operativo contra una de las redes de narcotraficantes dominicanos conectada a determinadas instancias políticas. El operativo ha sido bautizado OPERACIÓN FALCÓN.
El Presidente Abinader, con su persistente amor por la grandilocuencia superficial y el espectáculo publicitario, valoró el hecho como una especie de principio del fin del crimen organizado en el país y una muestra de su determinación de ponerle término a la impunidad; pese a que tal acción es fundamentalmente de factura importada y ha tocado a las altas esferas políticas implicadas. Una operación “Made in Usa”, en lenguaje puramente comercial.
Como esta operación y su manipulación mediática se prestan a confusiones, voy a recurrir al pasado reciente para esclarecer el real significado del rol de la DEA en este y otros casos parecidos a lo largo de la historia reciente, que lejos de representar aproximaciones consistentes al fin del crimen organizado y de su narco-vertiente, más bien forman parte del funcionamiento y reciclaje del modelo impuesto y de sus macro-simulaciones dentro de la lógica del ataque ocasional contra redes y carteles que “pierden la gracia” de la Casa Blanca.
- CONFESIONES AMORDAZADAS
A mí me tocó participar en la redacción y publicación del libro “CONFESIONES AMORDAZADAS” (1), cuyas tres ediciones circularon en 1997.
Su Capítulo V, titulado “Conclusiones y Emplazamientos”, que voy a usar parcialmente como base fundamental de este artículo (porque precisamente revela el surgimiento y despliegue hasta esa fecha de la narco-política dominicana), es íntegramente de mi autoría y me parece importante refrescar un cuarto de siglo después.
Los párrafos escogidos rezan así:
“Las causas profundas del reinado de la impunidad no anulan las responsabilidades políticas concretas en los diferentes momentos de su historial”.
“El origen de la combinación entre poder, crimen y narco tiene sus escenarios concretos en los gobiernos de García Godoy y Joaquín Balaguer en la segunda mitad de 1960. Bajo su sombra se formaron y desarrollaron los primeros clanes de esa combinación.”
“Al Partido Reformistas y al Dr. Balaguer nadie lo puede exculpar del impetuoso desarrollo del “Delito de Estado” en el curso del tristemente célebre periodo de los doce años. Sobre esa dirección recae todo lo que en materia de corrupción, asesinatos, consumo y tráfico de drogas representó la cúpula burocrática-militar de aquel periodo, incluida la protección inicialmente ofrecida por el ex general Enrique Pérez y Pérez (2) al narcotraficante David Carter (Luego de asesinado este último, Pérez y Pérez se apropió de la empresa CACEN).”
Más tarde, en el periodo de los 10 años……”con la evidente aprobación del Presidente Balaguer, los crímenes ejecutados en los pleitos y “tumbes” planificados por la alta oficialidad de la DNCD y la PN, la corrupción de todo tipo y las conexiones entre el gobierno y narcotráfico han superado todos los parámetros, tal y como lo revelan los testimonios e incluidos en esta edición. Superan incluso el considerable auge que ese negocio sucio tuvo en la administración de Jorge Blanco.”
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La droga y el gobierno perredeista de Jorge Blanco tiene un capítulo especial en esta obra, elaborado nada más y nada menos que por encargo de la Embajada de los Estados Unidos y silenciado por ella, amén de la evidente conversión de ciertos componentes del Acuerdo de Santo Domingo y del propio PRD en receptáculos y vehículos de la escoria desprendida del narcopoder y conectada con la narco-política. (3)
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En los últimos 14 años (previos al 1997), el proceso de amponización de los gobiernos y conversión de la cúpula oficial en una especie de “cosa nostra”, ha crecido extraordinariamente.
“Y a ese proceso de amponización de la política tradicional dominicana no ha escapado tampoco el Partido de la Liberación Nacional (PLD), que sin miramiento y superando sus pasadas inhibiciones éticas, se abrazó a la mafia palaciega y al propio Balaguer, aceptó todo tipo de financiamiento por esa vía y asumió su defensa política”. (Hasta llegar –agrego ahora- a los contubernios mafiosos con Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, Arturo del Tiempo Márquez y César el Abusador). (4)
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“Todo esto tiene apadrinamientos supranacionales. Y en ese orden el poder imperial de los Estados Unidos actúa con significativa ambivalencia formal y tiene responsabilidades inexcusables en la expansión de ese mal aquí y en todo el mundo.”
“Desde el principal mercado de las drogas del mundo…. fabricante de LSD y el CRAC…no podía esperarse otra conducta de su cúpula dirigente y de su DEA frente al informe preparado aquí y develado en esta obra.”
“En América Latina y el Caribe los jefes estadounidenses simulan combatir el mal y piden la extradición de los capos de oros países, mientras propagan la impunidad de sus redes internas del narcotráfico….simulan combatir el mal con su DEA y simplemente lo toman de pretexto para penetrar, para agredir e intervenir…”
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“Los carteles del narco no pueden ser defendidos por ellos….pero si alimentados por el poder de compra de la sociedad desmoralizada que ellos han forjado y erigido en “modelo cultural” que se expande, contagiando, corrompiendo, captando jóvenes de todos los extractos sociales, destruyendo hogares y prostituyendo familias bajo el poder alucinante de la cocaína, la heroína y el crac, que su mitología de consumo ha convertido en mercancías altamente cotizadas y codiciadas.”
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“El narcotráfico- como dice el articulista de EFE, Oscar Callezo- tiene su modelo en una economía de mercado nutrida por las leyes del capitalismo salvaje”.
“Esa economía ahoga cada vez más al mundo subdesarrollado…obliga a sus habitantes a recurrir a formas de subsistencias vinculadas a los extravagantes patrones de consumo del mundo desarrollado”.
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“La mitología del consumo de la cocaína, por ejemplo, se ha hecho consustancial al estilo de vida de esas sociedades de abundancia… su consumo, como la moda misma, se produce por mimetismo”.
“El narcotráfico es la expresión extrema y degradada de un modelo todavía vigente y no exento de métodos mas o menos ilegales, fraudulentos y amorales.”
“Todo esto indica que para erradicar o crearles condiciones general definitivamente adversa a esos males, es preciso erradicar la formación económico social contaminadas del capitalismo periférico dependiente y sus democracias limitadas y ´pervertidas.” (Libro referido, Conclusiones y Emplazamientos, pags 147- 158)
- LOS ENORMES VOLUMENES DEL LAVADO ALIMENTAN UN CAPITALISMO ENFERMO.
Hasta aquí lo tomado del referido capítulo, recordando al mismo tiempo que los emplazamientos que les hicimos a la dirección del PRD, al propio Peña Gómez, a la cúpula del PLD y al entonces presidente Leonel Fernández, para que reaccionaran frente a esos hechos ominosos, recibieron el silencio por respuesta.
Después de un cuarto de siglo todo esto ha cambiado para peor e incluso el producto del lavado generado por ese modelo, cada vez más degrado y podrido, nutre el sistema financiero del gran capital, y representa un componente sobresaliente de economías como la dominicana y más allá; a pesar de incontables operaciones ejecutadas, muy parecidas a las que actualmente regentea la DEA con el nombre de Operación Falcón.
El dinero del narco es consustancial al capitalismo enfermo y al cacareado crecimiento de la economía dominicana, que no es solo producto de las remesas, las exportaciones y el turismo.
En el contexto de este capitalismo global gansterizado, República Dominicana tiene una ubicación geoestratégica y condiciones estructurales realmente excepcionales para puentear inmensos volúmenes de drogas, que a su vez generan sumas fabulosas en dólares y euros.
No poca cantidad del lavado bruto de la narco-corrupción pasa por finos coladores que posibilitan inyectarle mucho dinero en divisas a las instituciones y a empresas que operan legalmente a distancia de los carteles y redes del bajo mundo.
Imagínense el volumen… si ya en 1985, solo por el Aeropuerto de Portillo en Las Terrenas, se movían –según el mencionado Informe preparado para la Embajada de EEUU en el periodo de gobierno 1982-1986- alrededor de 9 mil millones de dólares por año; lo que ahora es una “chilata” comparado con lo que pasa por todos los puertos, aeropuertos, costas, fronteras terrestres y resorts, destacándose Punta Cana, La Romana y el Puerto Modal Caucedo.
Así crece más la economía y engordan no pocos magnates, pudriendo de paso zonas sensibles de la sociedad y del poder.
La parte que queda en propiedades y empresas bajo control directo o cercano de las bandas de narcotraficantes, es grande, pero menor; y solo deja de fluir cuando por ser tan evidentes como cuerpos del delito, las intervienen y anuncian su valor.
- MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS.
Este fenómeno es global y concierne principalmente a los grandes bancos privados. Veamos:
“Hay consenso -afirma el sociólogo estadounidense James Petras- entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El senador Levin sintetiza así el problema: «Las estimaciones indican que entre 500 mil millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos».
En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros norteamericanos. (EE.UU BLANQUEO.-Estados Unidos, un imperio financiado con “dinero sucio” /RED VOLTAIRE, Octubre 2001).
Pero eso no es todo. Denuncias más recientes dan cuenta de las descaradas violaciones de las restricciones legales anti-lavado a cargo de grandes bancos de negocio de EEUU:
“… documentos secretos del gobierno de EE.UU revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.”
“Los registros muestran que cinco bancos globales (JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) siguieron beneficiándose de actores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores para contener los flujos de dinero sucio.”
“Las agencias estadounidenses responsables de hacer cumplir las leyes de lavado de dinero rara vez procesan a los megabancos que violan la ley, y las acciones que las autoridades toman apenas repercuten en la avalancha de dinero saqueado que se filtra a través del sistema financiero internacional.”
“En algunos casos, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que los funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.”
“JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia , Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.”
“El banco movió más de $ 1 mil millones para el financista fugitivo detrás del escándalo 1MDB de Malasia, según muestran los registros, y más de $ 2 millones para la empresa de un joven magnate de la energía que ha sido acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a causar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.” (PORTAL KAVILANDO, 20 de sept. 2020, Por ICIJ)
- ¿CÓMO CREERLE AL PRESIDENTE DOMINICANO?
Visto todo esto y bien pensado…
¿Cómo creerle al Presidente Luis Abinader sus afirmaciones sobre el significado que le atribuye a la OPERACIÓN FALCÓN bajo el mando de la DEA?
¿Cómo aceptar que en este país dependiente de EEUU se ha dado inicio a una política eficaz para ponerle fin al crimen organizado?
¿Cómo darle valor a sus palabras y creerle que contamos con un Presidente-Superman, Batman o Robocot, con poderes para desmantelar todas las redes de narcotraficantes funcionales al capitalismo gansterizado de allá y de acá?
¿Cómo -luego de todo lo acontecido y de lo que pasa en el mundo capitalista- asimilar la idea de que el Gobierno de EEUU y su DEA están decididos a acabar con el crimen organizado y salvar a la humanidad de un modelo creado por sus amos?
¿Cómo no pensar que sus pretensiones de engañar, con sucesivos espectáculos mediáticos recomendados por sus “hacedores de imagen”, no habrán de reventarse en choque violento contra la realidad?
A los hechos hay que darle su justo valor: independientemente de los motivos y de lo que particularmente mueve a la DEA-EU en este caso, la acción de Ministerio Público tiende a castigar culpables, devela complicidades políticas importantes y confirma que el Estado Dominicano es un narco-Estado, algo que habíamos denunciado hace muchos años. Eso es lo positivo de ese hecho, fruto de las contradicciones engendradas al interior del modelo.
El crimen organizado y el narco-Estado son mucho más que esa red. Son muchas las redes y significativas las condiciones para su reproducción en el marco de un sistema que hace de caldo de cultivo. Eso ya está comprobado.
Pero además, en este caso hay muchos narco-vínculos de altura no incluidos en el quehacer judicial a nivel de las cúpulas partidarias, militares, policiales y empresariales; también en el de la familia López Pilarte y en otros manejos de la narco-política actual. Y una total y descarada impunidad de las culpas en un pasado reciente, que incluso tocan de lleno a ex presidentes de la república y a otros jerarcas de la política criolla y la carrera militar.
El Presidente Abinader debería desistir de gobernar mediáticamente al margen de una terca e implacable realidad.
(1) Confesiones Amordazadas contiene un Informe sobre el comportamiento del narco-trafico bajo el Gobierno de Salvador Jorge Blanco-PRD (1982-1986), testimonios de un ex agente de la DEA, denuncias, entrevista y valoraciones sobre el curso de la narco-política hasta el inicio del primer gobierno del PLD-Leonel Fernández (1996-2000).
(2) Enrique Pérez y Pérez, general de horca y cuchillo, responsable de números asesinatos, miembro de la CIA, conectado con los grupos terroristas del exilio cubano y beneficiario y protector del narcotráfico en su fase inicial.
(3) Jorge Blanco, Presidente de la República, postulado por el PRD en los comicios del 1982, respaldado por una alianza de fuerzas llamada ACUERDO DE SANTO DOMINGO y sindicado su gobierno como facilitador del auge del narco-tráfico por un informe secreto elaborado por un grupo de expertos , por decisión de la Embajada de EEUU en RD. Dicho Informe fue develado en el libro Confesiones Amordazadas. Su hijo es Ministro del Gobierno que actualmente preside Luis Abinader-PRM y abogado defensor del empresario mafioso Ángel Gonzales (El Fantasma), mexicano-estadounidense, estafador del Estado dominicano.
(4) Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que pese a ser fundado por Juan Bosch, intelectual y político de gran reciedumbre moral, devino en uno de las fuerzas más corruptas de la historia republicana, durante un ejercicio de 20 años de 5 administraciones de gobiernos encabezadas por los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?