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Narran el drama de la tragedia de Ranchito

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RANCHITO, LA VEGA. «Él salió con su primo a pagar una deuda que tenía por una molida de arroz y cuando estaba pasando el dinero al dueño del molino en la carretera, la yipeta se lo llevó».

Así describió la señora Rosa Ventura la forma en que su esposo, Ramón de Jesús Rodríguez, murió en Ranchito, junto a otras cinco personas tras ser embestidas por una yipeta Ford 2010 conducida por Ramón Radhamés García, quien resultó ileso.

Ventura, acompañada de sus dos hijas, dijo que la muerte de su esposo ha sido el golpe más duro de su vida.

De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando el conductor de la yipeta perdió el control del vehículo en la carretera Ranchito-Macorís, atropellando a un grupo de personas que se encontraban en una parada de guagua, cerca de una procesadora de arroz.

Cinco de los fallecidos, fueron sepultados ayer con canciones y en medio de llanto en el cementerio de Ranchito, mientras que un ciudadano haitiano, quien también murió en la tragedia fue trasladado hacia Haití.

Antes del sepelio, fue oficiada una misa de cuerpo presente con tres de las víctimas en la capilla San Pedro de la citada comunidad. Durante el servicio religioso, el sacerdote Diomedes Ángeles pidió a la Fiscalía de La Vega aplicar todo el peso de la ley al conductor de la yipeta que provocó el accidente, la cual fue quemada por moradores indignados por la tragedia. «No puede haber impunidad para el responsable de estas muertes», manifestó el cura.

El conductor del vehículo, quien supuestamente tenía varias botellas conteniendo alcohol en la yipeta, fue sometido ayer a la justicia en el tribunal de Tránsito de La Vega.

En el hospital permanecen en estado grave Nicolás Polanco, Ariel Polanco y José Miguel Pérez, quienes también resultaron heridos en el accidente.

En el accidente además fallecieron Vladimir Benito Sánchez, los haitianos Jhonny Parisson y Jean Claude Decide; Aura Abreu y otra persona que no fue identificada.

Diario Libre

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Presentan querella contra tesorero de la Seguridad Social.

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SANTO DOMINGO.-El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, fue acusado por  el Colegio de Abogados de la República Dominicana de prevaricación, desfalco y abuso de confianza, entre otros delitos, mediante una querella que la entidad  interpuso este jueves en la Procuraduría General de la República.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio de los abogados, presentó la querella en la Procuraduría General de la República para que posteriormente sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

De acuerdo con un comunicado del gremio, Sahdalá «ha desviado de forma fraudulenta miles de millones de pesos» de los fondos de la Seguridad Social a través de las cuentas AFP00 Y AFP20, dos Administradoras de Fondos de Pensiones ficticias.

Asimismo, ha desviado «alrededor de 600 millones de pesos aportados por el Estado» para el Seguro Contributivo Subsidiado, instaurado en favor de los abogados y demás profesionales independientes, pero que nunca ha sido puesto en vigencia, «pues sus recursos han sido utilizados de manera fraudulenta para otros fines», agregó Surun Hernández.

Con esta acción «quedan desamparados y sin cobertura decenas de miles de abogados y profesionales independientes», afirmó.

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Ministerio Público pide a Suprema condenar a cinco años de prisión a diputado del PRM.

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Santo Domingo, RD.-La Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia recibió el pedido del Ministerio Público de condenar a cinco años de cárcel al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Gregorio Domínguez, por desalojo ilegal.

Los procuradores adjuntos Pedro Amador, Isis de la Cruz Duarte y el procurador de Corte, Melquiades Suero, hicieron el pedimento a los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y María Garabito.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.

Igualmente, el ministerio público en su dictamen, pidió al tribunal notificar la sentencia a intervenir al juez de la ejecución de la pena de Santiago y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para los fines de lugar correspondiente.

Los procuradores adjuntos y de Corte, consideraron en la audiencia de jurisdicción privilegiada, que el diputado violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública.

Igualmente, sostienen que el legislador violó el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 5997 sobre destrucción a la propiedad ajena en perjuicio de la señora querellante Lucila Nelly Capellán Luna, quien es representada por el abogado César Amadeo Peralta.

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El país niega informaciones sobre aborto, pedofilia y otros temas en la OEA

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Santo Domingo, RD.-Fueron calificadas de falsas las informaciones que han circulado en torno a la participación del país en la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) en lo referente al aborto, la pedofilia y otros temas, de acuerdo a un desmentido al respecto hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

“Negamos categóricamente que en el marco de las negociaciones de cara a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la próxima semana en Perú, se esté impulsando alguna iniciativa o planteamiento desde la República Dominicana asociado al aborto”, dicen en un comunicado.

Aseguran que tampoco se está impulsando la reasignación de sexo o sobre géneros diversos, la eliminación de la patria potestad de padres y madres sobre la educación de sus hijos e hijas, la pedofilia o la pederastia.

“Para que no haya dudas sobre nuestra posición, informamos que las iniciativas impulsadas por República Dominicana en el marco de la Asamblea General de la OEA están relacionadas a: la situación en Haití, la libertad de expresión y periodismo, así como el gobierno digital abierto y transparente”, indicaron.

De igual forma, impulsan el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, la Red Interamericana de Catastro (que lidera nuestro Poder Judicial), la protección del medioambiente y las implicaciones jurídicas sobre la soberanía territorial causada por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento de los océanos.

Expresaron que a la fecha no se ha realizado ninguna votación sobre los documentos sujetos a negociación, pues todavía está en curso un proceso de consultas entre los Estados miembros de la OEA en relación a todos los temas de la agenda.

“Es importante, además, hacer de conocimiento público que las resoluciones que se adoptan en foros multilaterales, como el de la OEA, no están por encima de la Constitución o legislación de los Estados y por tanto no son obligatorias. En consecuencia, los países mantienen su soberanía para adoptar las políticas y normas que consideren apropiadas para garantizar los derechos de su población», concluyeron.

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