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Navarro detalla planes educativos del gobierno; auspiciará diálogo para Educación Sexual
Sobre la educación sexual en las escuelas dijo que es una cuestión sensible, porque desde que se habla de ella se genera un ambiente adverso, y que por ello decidió establecer una mesa de diálogo donde participen todos los sectores que tengan posiciones y criterios distintos sobre la educación sexual.
El canciller Andrés Navarro
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El próximo año escolar incorporará el Plan República Digital, para dotar a los maestros y estudiantes de recursos tecnológicos que hasta el momento no estaban incluidos en la educación pública. Hay cambios importantes en el programa de Jornada Escolar Extendida, y se iniciará un gran esfuerzo del Ministerio de Educación para formar estudiantes en competencias y no en contenidos, como hasta el momento se ha hecho.
Los datos los ofreció el ministro de Educación Andrés Navarro, en una entrevista en AcentoTV, realizada por el director del medio, Fausto Rosario Adames.
Navarro ofreció detalles de los planes nuevos que vienen para tratar temas como la violencia en las escuelas. Dijo que sostuvo reuniones con las sociedades de padres y amigos de las escuelas de todo el país, y lo mismo hizo con los estudiantes y con los maestros. El foto con los estudiantes concluyó la pasada semana y fue una reunión de tres días, de donde surgieron ideas y propuestas innovadoras para abordar la violencia en las aulas.
Andrés Navarro, ministro de Educación
La familia tiene una altísima responsabilidad con la escuela y con la comunidad en abordar las raíces de la violencia. La familia y la comunidad, igual que los estudiantes, tienen que ser parte de la solución, expresó el ministro de Educación. Dijo que siempre que hay un agredido y un agresor hay que tomar en cuenta que el agresor podría ser también un agredido, porque hay que indagar sobre su procedencia, los problemas que arrastra y cómo los descarga en las aulas.
Informó que se está preparando un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la República para abordar el tema de la violencia de forma preventiva, y que no haya que encarcelar a los estudiantes, como ocurrió con el caso de Bayaguana, en donde se dictaron tres meses de prisión preventiva a un estudiante que agredió a una compañera dentro de un aula. Explicó que él no estuvo de acuerdo con esa decisión, porque estando al final del año escolar se frustró la posibilidad de que el estudiante terminara el curso y con esa decisión se le está envolviendo en una repetición de su conducta violenta.
También dijo que decidió ampliar y fortalecer el Departamento de Psicología y Orientación del Ministerio de Educación, para que tengan mayor capacidad de actuación, y que dentro del área jurídica también se estará creando un área para trabajar el tema de violencia.
Andrés Navarro con el director de Acento, Fausto Rosario
Advirtió que en la segunda prueba PISA a que se someterá el país, en el tercer trimestre del 2018, no se debe esperar muchos cambios con respecto a la prueba aplicada en el 2015. Eso se explica porque la educación que se ha aplicado en el país es para el desarrollo de conocimientos en los estudiantes, y que la prueba PISA mide competencias. Ahora está comenzado el trabajo de educar en competencias, y ese es un proceso más largo y exigente, según Andrés Navarro. “Estamos pasando de un modelo viejo a un modelo nuevo”, explicó.Sobre la formación y mayor calificación de los maestros dijo que hay un gran trabajo en marcha, y que se acordó con la Asociación Dominicana de Profesores aplicar la evaluación por desempeño, de modo que irán saliendo y entrando maestros renovados para enfrentar los nuevos desafíos educativos, de acuerdo con los planes del Ministerio. Dijo que recientemente fueron jubilados unos 3,000 maestros, y que para que el sistema sea saludable debe ir agotando un proceso cíclico de renovación.
Sobre la educación sexual en las escuelas dijo que es una cuestión sensible, porque desde que se habla de ella se genera un ambiente adverso, y que por ello decidió establecer una mesa de diálogo donde participen todos los sectores que tengan posiciones y criterios distintos sobre la educación sexual. “Estoy convencido de que la educación no es una cuestión de imposición”, dijo.
La mesa de diálogo tiene por propósito conocer todas las ideas y propuestas para tomar decisiones que beneficien a nuestros estudiantes, expresó Andrés Navarro.
Vea la entrevista completa con el Ministro de Educación:
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.