Opinión
Navidad de dignidad: la fe que rompe el silencio
Por Isaías Ramos
En esta Navidad, cuando las familias intentan reencontrarse con lo esencial, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos qué celebramos de verdad. La Navidad no es solo una fecha ni un conjunto de costumbres: es un llamado al renacimiento, a volver a la fuente de nuestros valores y a recordar que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión.
Cerramos el año con señales que duelen. Las denuncias e investigaciones por corrupción han herido la confianza pública y, cuando ese deterioro toca instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, el golpe se vuelve más profundo y más personal para el pueblo.
El caso de SeNaSa, por lo que representa, nos recuerda que la salud no es un privilegio: es un derecho. Por eso, exigir que se investigue a fondo y que se sancione conforme a la ley, caiga quien caiga, no es venganza: es justicia; es respeto al Estado de derecho.
A esto se suma una realidad económica que obliga a la sobriedad. La CEPAL proyecta un crecimiento de 2.9%, insuficiente para responder a la magnitud de las necesidades acumuladas en tantos hogares. Pero el problema no es solo el porcentaje: es el sentido del crecimiento. ¿De qué sirve hablar de avance si no llega al salario ni fortalece los servicios esenciales?
Durante demasiado tiempo se ha sostenido un modelo que, en buena medida, descansa en la explotación laboral y en la extracción intensiva de recursos del pueblo. Zonas francas donde el trabajo no siempre dignifica; minería que presiona recursos y comunidades sin la transparencia y el control ambiental que la nación merece; turismo que produce divisas, pero que no siempre deja prosperidad equitativa y sostenible en los territorios que lo sostienen.
Nadie pide apagar la producción ni cerrar oportunidades; lo que el país exige es justicia: trabajo decente, valor que permanezca en la comunidad y progreso que se convierta en vida digna. El desarrollo real no se mide solo por el PIB: se mide por la dignidad.
Y aquí debemos hablar con claridad, con firmeza y con respeto. No estamos ante fallas aisladas, sino ante un sistema corroído de arriba abajo, donde la impunidad se vuelve costumbre y lo público se usa como botín, mientras al pueblo se le pide paciencia y silencio como si la paciencia pagara la comida, el medicamento y la educación.
Tras tres décadas de un sistema político que, en vez de educar y formar ciudadanos útiles a la patria, ha pervertido la vida pública, endeudado la nación, desmantelado las instituciones productivas del Estado y saqueado los fondos del pueblo bajo un manto de impunidad —donde demasiadas veces los casos se han convertido en “pan y circo”: titulares y medidas de ocasión para calmar al pueblo, pero sin condenas firmes, sin recuperación de lo robado y sin desmontar las redes de impunidad— ha llegado la hora de que el pueblo se ponga de pie, rompa el silencio y se organice para recuperar su dignidad y su futuro.
Sí, existen hombres y mujeres de bien dentro del Estado. Pero cuando el sistema castiga al que denuncia y premia al que abusa, el silencio deja de ser prudencia: se convierte en complicidad. Hoy el país necesita valentía moral y coherencia, no neutralidad cómoda.
Por eso esta Navidad nos importa tanto: nos devuelve al centro. Que esta Navidad nos sirva para asumir un compromiso con una fe inquebrantable en el Niño que nació en Belén. Él nació en humildad, conoció la opresión y, aun así, depositó su confianza en el Padre, más grande que cualquier poder terrenal.
Cristo nos prometió la paz que solo Él puede dar. Esa paz no es anestesia ni silencio ante el abuso; es fortaleza para hacer lo correcto. Es la paz que sostiene el carácter cuando todo alrededor quiere quebrarlo y que impide que la indignación se convierta en odio.
Aunque a veces parezca que los opresores lo tienen todo bajo control, la fe nos recuerda que hay un Dios que ve y toma nota, porque solo Él tiene el control último. Pero esa certeza no nos adormece: nos exige; nos llama a esforzarnos y ser valientes, y a cumplir la parte que nos corresponde.
Nuestro Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los oprimidos y a anunciar buenas nuevas a los pobres. Por eso, la fe verdadera no puede quedarse en consuelo privado ni en indignación sin rumbo: no es solo señalar; es organizar; no es solo criticar; es participar; no es solo esperar; es servir. Y desde el Frente Cívico y Social entendemos que esto incluye comprometerse con una economía que dignifique: apoyar la producción local, exigir trabajo decente, fortalecer encadenamientos para que el turismo se integre a la economía real, compre más a manos dominicanas, y que ningún proyecto de “desarrollo” se construya a costa del agua, la tierra o la vida comunitaria o la explotación humana.
Que esta Navidad sea un punto de inflexión: el inicio de un renacimiento colectivo donde la fe se convierta en responsabilidad, la paz se convierta en unidad con propósito y la esperanza se convierta en acción perseverante. Porque, aunque Dios tenga el control último, a nosotros nos corresponde el deber moral de ser instrumentos de justicia, de libertad y de dignidad para la República Dominicana.
¡Despierta, RD!
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.