Editorial
Neo-constitucionalismo versus institucionalidad.
A nivel internacional e incluso en aquellos órganos de la Organización de Estados Americanos (0EA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está muy en boga el concepto predominante en el constitucionalismo contemporáneo, el cual se fundamenta en valores, principios y derechos fundamentales.
Y naturalmente el fenómeno también ha impactado a la República Dominicana en dos niveles diferentes, uno el académico e intelectual y el otro en la práctica del derecho por parte del Tribunal Constitucional.
En este aspecto nadie puede dudar que en ambos contextos ha habido avances importantes, primero porque el tema está sobre la mesa en los escenarios de las universidades nacionales y de una serie de constitucionalistas que abordan la cuestión y en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, en las que se reflejan las teorías en esta materia que hoy se debaten en el derecho comparado.
Son muchos los entuertos corregidos por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a derechos, principios y valores como el de igualdad en la aplicación de las salidas que se les debe a los casos en que el mismo resultaba subordinado a otros principios de menor peso.
Pero se observa que el sendero que lleva el Tribunal Constitucional no parece que deje los resultados esperados, por lo menos a corto o mediano plazo, porque ese neo-constitucionalismo fundamentado en derechos, valores y principios no ha sido lo suficientemente digerido por el juez de primera instancia y de las cortes de apelación.
Aunque, naturalmente, podría decirse que al final de la jornada una mala interpretación jurídica, de la ponderación y de la argumentación por parte de los jueces de primera instancia va a sucumbir en el camino porque los casos tienen como destino que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en realidad ante lo largo de la mora podría decirse entonces que en los casos habría denegación de justicia.
Entonces, la pregunta que se impone es si con los bajos niveles de institucionalidad será posible que en el país prevalezca con buenos resultados el neo-constitucionalismo a partir de que hasta las decisiones que se inscriben en esta corriente no tienen la garantía de que se apliquen en los tribunales inferiores, muchas de las cuales además sientan jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes.
En realizad, ante un sistema de justicia obsoleto, con jueces con una visión atrasada del derecho, no es fácil que la corriente del constitucionalismo contemporáneo haga efecto en el país, por lo menos en los próximos años.
En consecuencia, se impone que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia recurran a su inspectoría para que someta a un control a los jueces ordinarios o de los tribunales inferiores para que se compruebe sin fallan en función de la nueva corriente del derecho que tiene que ver con el neo-constitucionalismo, el cual está fundamentado en valores, principios y derechos fundamentales.
Además, seria de una gran importancia que se pueda crear una mesa técnica que le dé seguimiento a este tema, la cual debe estar integrada por abogados constitucionalistas, las universidades nacionales a través de sus escuelas de derecho, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a fin de que haya una vigilancia permanente de los actores del sistema de justicia y así evaluar si se comportan en función del catálogo de derechos humanos consignados en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana