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Editorial

Neo-constitucionalismo versus institucionalidad.

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A nivel internacional e incluso en aquellos órganos de la Organización de Estados Americanos (0EA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está muy en boga el concepto predominante en el constitucionalismo contemporáneo, el cual se fundamenta en valores, principios y derechos fundamentales.

Y naturalmente el fenómeno también ha impactado a la República Dominicana en dos niveles diferentes, uno el académico e intelectual y el otro en la práctica del derecho por parte del Tribunal Constitucional.

En este aspecto nadie puede dudar que en ambos contextos ha habido avances importantes, primero porque el tema está sobre la mesa en los escenarios de las universidades nacionales y de una serie de constitucionalistas que abordan la cuestión y en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, en las que se reflejan las teorías en esta materia que hoy se debaten en el derecho comparado.

Son muchos los entuertos corregidos por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a derechos, principios y valores como el de igualdad en la aplicación de las salidas que se les debe a los casos en que el mismo resultaba subordinado a otros principios de menor peso.

Pero se observa que el sendero que lleva el Tribunal Constitucional no parece que deje los resultados esperados, por lo menos a corto o mediano plazo, porque ese neo-constitucionalismo fundamentado en derechos, valores y principios no ha sido lo suficientemente digerido por el juez de primera instancia y de las cortes de apelación.

Aunque, naturalmente, podría decirse que al final de la jornada una mala interpretación jurídica, de la ponderación y de la argumentación por parte de los jueces de primera instancia va a sucumbir en el camino  porque los casos tienen como   destino  que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en realidad ante lo largo de la mora podría decirse entonces que en los casos habría denegación de justicia.

Entonces, la pregunta que se impone es si con los bajos niveles de institucionalidad será posible que en el país prevalezca con buenos resultados el neo-constitucionalismo a partir de que hasta las decisiones que se inscriben en esta corriente no tienen la garantía de que se apliquen en los tribunales inferiores, muchas de las cuales además sientan jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes.

En realizad, ante un sistema de justicia obsoleto, con jueces con una visión atrasada del derecho, no es fácil que la corriente del constitucionalismo contemporáneo haga efecto en el país, por lo menos en los próximos años.

En consecuencia, se impone que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia recurran a su inspectoría para que someta a un control a los jueces ordinarios o de los tribunales inferiores para que se compruebe sin fallan en función de la nueva corriente del derecho que tiene que ver con el neo-constitucionalismo, el cual está fundamentado en valores, principios y derechos fundamentales.

Además, seria de una gran importancia que se pueda crear una mesa técnica que le dé seguimiento a este tema, la cual debe estar integrada por abogados constitucionalistas, las universidades nacionales a través de sus escuelas de derecho, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a fin de que haya una vigilancia permanente de los actores del sistema de justicia y así evaluar si se comportan en función del catálogo de derechos humanos consignados en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación.

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Editorial

Una democracia en pañales.

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Una de las instancias más importantes en cualquier democracia es la justicia, la cual si no anda bien no se puede hablar de estado de derecho.

En el país la justicia todavía anda en pañales, ya que su desempeño en vez de fortalecer la democracia lo que hace es desprestigiarla.

De esta deficiencia lo que más sorprende es el nivel de tolerancia que se produce con los tribunales que diariamente emiten sentencia al margen de figuras constitucionales como la interpretación, la ponderación y de principios como el de razonabilidad, legalidad, analogía jurídica, entre otros, que son vitales para que haya una buena administración de justicia.

Muchas veces los que se mueven en este entorno se preguntan dónde han sido formados los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación y todavía peor los miembros del ministerio público.

Acudir a un tribunal, penal o civil, en el Distrito Judicial de Santiago permite entender que tan cerca está el país de su hermano Haití, donde el Estado sólo existe de derecho, pero no de hecho, cuya distancia no es tan significativa con el dominicano.

Un tribunal haitiano lo primero es que no tiene garantía, aun si actuara en virtud de los tratados y convenciones internacionales, es decir, del derecho internacional, para mejorar sus niveles de credibilidad y en consecuencia jugar el papel que le corresponde en el marco de la democracia.

Pero el Estado dominicano no está tan lejos de esta realidad, porque si bien es cierto que el de este lado de la isla existe supuestamente de hecho y de derecho, pero el mejor espejo de lo mal que anda es el sistema de justicia.

El asunto dominicano en esta materia es tan grave que el Ministerio Público en vez de perseguir el delito y el crimen por ser el órgano creado por el Estado para estos fines, lo que hace es promover la vía de hecho y la impunidad, lo cual regularmente es avalado por los jueces de instrucción que no tienen dos dedos de frente.

Hasta que en la República Dominicana el Consejo del Poder Judicial no cree un sistema de mayor control o supervisión  por  lo menos mejorar el que ya existe, muy difícilmente pueda producirse un cambio importante en esta materia.

Lo preocupante del problema que no parece haber nadie con la disposición y el arrojo para ponerle la tapa al pomo, de cerrar un capitulo que al cabo de algunos años se llevará de paro todo el Estado nacional.

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Editorial

Es un tema recurrente

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Hace décadas que amplios sectores de la vida nacional han estado esperanzados de que el país reduzca su política de endeudamiento público, porque ella disminuye la posibilidad de invertir más en cuestiones tan importantes como la salud, la productividad y la producción nacional, por sólo citar algunos renglones que propiciarían un mayor desarrollo.

Sin embargo, los diferentes gobiernos que ha tenido el país han puesto más empeño en satisfacer los intereses de determinados grupos económicos que procurar generar la estabilidad que demanda la nación.

Es imperativo que se mejore la calidad del gasto y que se combatan con sinceridad fenómenos como la corrupción administrativa, cuya mayor parte de la deuda externa se queda entre sus garras.

Son muchas las teorías que se han levantados para justificar el déficit fiscal, el cual aumenta consistentemente y en consecuencia la mayor parte de los ingresos que tiene la nación, incluidos aquellos que provienen de la deuda externa,  va en camino a inhabilitarla, porque una buena parte de ellos hay que usarlos para el pago de intereses.

El problema nacional se complica, porque ese comportamiento de los que gobiernan y de los que acumulan grandes fortunas, sobre la base del tráfico de influencias y de otras variantes de la corrupción, no hay forma de que hagan conciencia de la gravedad del asunto.

Debe decirse, aunque duela mucho, que el PRM no parece tener las agallas para enfrentar un despilfarro que forma parte de una cultura nacional, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos públicos.

La amenaza que genera miedo en los sectores sensatos del país es que el PRM no tiene miramientos para endeudar más al país, porque parece que no mide consecuencias a mediano y largo plazo.

Con esa visión del Estado, que consiste más en buscar prestamos al precio que sea, no va a ocurrir otra cosa que un alto endeudamiento nacional y un déficit fiscal cada día más grande y peligroso para la estabilidad del país.

El susto más grande de los dominicanos, a pesar de que votaron por las actuales autoridades nacionales, es que los niveles de improvisación y poca comprensión de sus acciones, representa un riesgo a mediano y largo plazo de un gobierno que vive de alimentar la percepción con una realidad que dice lo contrario.

Que dicho sea de paso, esa percepción que sirve para vender lo contrario de lo que realmente ocurre, máxime en el campo de la economía, es, sin lugar a dudas, el principal peligro de un país que tiene grandes retrocesos en todos y cada uno de los temas nacionales.

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Editorial

La precaria institucionalidad de la nación.

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La deficiencia del Ministerio Público no es un caso aislado, sino que forma parte de un problema integral y transversal en toda la sociedad dominicana.

Este importante órgano del Estado dominicano es una verdadera desgracia, porque está fuertemente impactado por la corrupción, la falta de ética y la poca formación profesional para jugar mejor su papel.

Es impresionante ver el manejo que este órgano les da a los casos que son llevados ante su personal, principalmente frente a los fiscales que los manejan.

Para sólo citar un ejemplo, hay que decir que el Ministerio Público ante la gran cantidad de casos en el marco del derecho civil, pero que han derivado en penales, este órgano no tiene un manejo idóneo al respecto.

 Los condominios fruto de la Ley 5038 son manejados por el Ministerio Público con un concepto que no permite que se vean los ilícitos que puedan ocurrir en este contexto.

Pero no hay forma de digerir que no entienda que todas las leyes del derecho civil pueden convertirse en penal, como por ejemplo, cuando un miembro de una junta directiva de los complejos habitacionales o comerciales falsifican cualquier documento o sustraen los fondos del mismo.

Pero hay muchos ejemplos, como las leyes del régimen electoral, que son del derecho civil, pero que pueden derivar en penal, cuando se compran votos o se comete cualquier acción que implica un delito, pero penosamente no hay forma de que el Ministerio Público entienda esta cuestión.

De manera, que el Ministerio Público es un ejemplo muy contundente de la debilidad institucional que afecta al país y que constituye uno de los mayores peligros para la nación.

Ojalá se puedan crear mecanismos para mejorar el nivel de profesionalidad y de apego a la ética por parte del Ministerio Público.

Es una tarea pendiente, lo cual no es exclusivo de este órgano, sino de prácticamente todo el Estado nacional, cuyas deficiencias se ven a leguas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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