Editorial
Neo-constitucionalismo versus institucionalidad.
A nivel internacional e incluso en aquellos órganos de la Organización de Estados Americanos (0EA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está muy en boga el concepto predominante en el constitucionalismo contemporáneo, el cual se fundamenta en valores, principios y derechos fundamentales.
Y naturalmente el fenómeno también ha impactado a la República Dominicana en dos niveles diferentes, uno el académico e intelectual y el otro en la práctica del derecho por parte del Tribunal Constitucional.
En este aspecto nadie puede dudar que en ambos contextos ha habido avances importantes, primero porque el tema está sobre la mesa en los escenarios de las universidades nacionales y de una serie de constitucionalistas que abordan la cuestión y en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, en las que se reflejan las teorías en esta materia que hoy se debaten en el derecho comparado.
Son muchos los entuertos corregidos por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a derechos, principios y valores como el de igualdad en la aplicación de las salidas que se les debe a los casos en que el mismo resultaba subordinado a otros principios de menor peso.
Pero se observa que el sendero que lleva el Tribunal Constitucional no parece que deje los resultados esperados, por lo menos a corto o mediano plazo, porque ese neo-constitucionalismo fundamentado en derechos, valores y principios no ha sido lo suficientemente digerido por el juez de primera instancia y de las cortes de apelación.
Aunque, naturalmente, podría decirse que al final de la jornada una mala interpretación jurídica, de la ponderación y de la argumentación por parte de los jueces de primera instancia va a sucumbir en el camino porque los casos tienen como destino que lleguen al Tribunal Constitucional, pero en realidad ante lo largo de la mora podría decirse entonces que en los casos habría denegación de justicia.
Entonces, la pregunta que se impone es si con los bajos niveles de institucionalidad será posible que en el país prevalezca con buenos resultados el neo-constitucionalismo a partir de que hasta las decisiones que se inscriben en esta corriente no tienen la garantía de que se apliquen en los tribunales inferiores, muchas de las cuales además sientan jurisprudencias y constituyen precedentes vinculantes.
En realizad, ante un sistema de justicia obsoleto, con jueces con una visión atrasada del derecho, no es fácil que la corriente del constitucionalismo contemporáneo haga efecto en el país, por lo menos en los próximos años.
En consecuencia, se impone que el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia recurran a su inspectoría para que someta a un control a los jueces ordinarios o de los tribunales inferiores para que se compruebe sin fallan en función de la nueva corriente del derecho que tiene que ver con el neo-constitucionalismo, el cual está fundamentado en valores, principios y derechos fundamentales.
Además, seria de una gran importancia que se pueda crear una mesa técnica que le dé seguimiento a este tema, la cual debe estar integrada por abogados constitucionalistas, las universidades nacionales a través de sus escuelas de derecho, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a fin de que haya una vigilancia permanente de los actores del sistema de justicia y así evaluar si se comportan en función del catálogo de derechos humanos consignados en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.