Análisis Noticiosos
Ni están todos los que son ni son todos los que están
Por: JUAN BOLIVAR DÍA
FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República
Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad, con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared
El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.
En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.
Muy pocas sorpresas. El expediente, que pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran señalados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.
Más allá de Ángel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxo, frugal y de poca acumulación de bienes.
Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negoció, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004 y 2016. La PGR sólo le atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros 262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.
Ángel Rondón y Díaz Rúa. Las imputaciones más documentadas son las de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre 2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como gerente administrativo de Conamsa.
El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado por la PGR. También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.
Sin sobornos específicos. A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09)en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el de Hipólito Mejía, y luego legislador Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.
A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.
A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06, le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.
Al senador Tommy Galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%. Al senador Julio César Valentín el incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos años, le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarado dos solares valorados en 43 millones de pesos.
Camino a la impunidad. Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.
La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.
La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.