Latinoamericanas
Nicaragua afirma que Colombia y Costa Rica quieren adueñarse del canal interoceánico
El agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, acusó este miércoles a Costa Rica y Colombia, de querer «adueñarse» de cualquier posibilidad de un canal interoceánico nicaragüense de gran calado.
«Las pretensiones de Colombia y Costa Rica tienen un mismo origen y es el deseo tanto de Colombia como de Costa Rica de adueñarse de cualquier posibilidad de un canal por Nicaragua, eso fue el origen de todo esto», declaró este miércoles Argüello a medios locales, a través de una llamada telefónica desde La Haya, sede de la CIJ.
Nicaragua lleva por separado ante la CIJ un juicio con Colombia y otro contra Costa Rica por litigios territoriales. Además, está demandada ante el tribunal por Costa Rica en un tercer juicio.
El gobierno de Daniel Ortega impulsa la construcción en un período de diez años de un canal interoceánico de gran calado, valorado en 30.000 millones de dólares.
Según Argüello, con la demanda ante la CIJ Costa Rica busca «adueñarse» del fronterizo río San Juan, una de las rutas que Nicaragua podría utilizar para construir el canal interoceánico.
El agente nicaragüense ante la CIJ agregó que «la pretensión» de Colombia es «cercenar» a Nicaragua «miles de kilómetros cuadrados» de la plataforma marítima en el Caribe.
«Es una extensión enorme lo que estamos discutiendo, va a tener un valor enorme para nosotros y para nuestros descendientes, allí hay un capital increíble para Nicaragua, que nos ha sido denegado durante décadas», afirmó.
Nicaragua demandó ante la CIJ a Colombia en 2001 tras haber declarado inválido un acuerdo bilateral limítrofe de 1928, por considerar que fue firmado cuando su territorio estaba ocupado por Estados Unidos.
El inicio de las deliberaciones
El pasado 9 de mayo la CIJ empezó las deliberaciones sobre el litigio que enfrenta a Nicaragua con Colombia sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la frontera marítima entre ambos países.
En 2007, y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países.
Argüello indicó este miércoles que a más tardar en noviembre próximo la CIJ podría emitir un fallo definitivo sobre la delimitación de la frontera marítima con Colombia.
Nicaragua busca le sean reconocidos como suyos unos 50.000 kilómetros cuadrados de aguas en el Caribe.
Por otro lado, a finales de 2010 Costa Rica acusó a Nicaragua ante la CIJ de invadir con militares y civiles y causar daños medioambientales a un humedal fronterizo en el Caribe, en un territorio que ambos países reclaman como propio.
En marzo de 2011 la CIJ dictó medidas cautelares en las que ordenó a ambos países abstenerse de enviar personal civil, policial o militar a la zona en disputa.
Por su parte, Nicaragua denunció el pasado 23 de diciembre a Costa Rica ante la CIJ al argumentar que la construcción de una carretera de 160 kilómetros en la margen sur del río San Juan causa graves daños medioambientales al «frágil ecosistema» en esa zona, lo que San José niega.
Argüello precisó este miércoles que la CIJ convocó para el 19 de septiembre a los agentes de Nicaragua y Costa Rica para decidir si los juicios entre ambos países continuarán con la presentación de nuevos argumentos escritos o pasarán a la etapa de alegatos orales y públicos.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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