Latinoamericanas
Nicaragua: Familiares de opositores presos temen por su vida
Managua.-Familiares de casi una veintena de opositores arrestados en Nicaragua en el último mes demandaron el jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos.Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas.
“Llevamos 11 días sin verlo, no lo dejan hablar con su abogado y sólo nos dejan pasarle agua. ¿Por qué es, lo tienen golpeado?”, se preguntó Cristian Tinoco, hija del ex vicecanciller, exdiputado y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, detenido por la policía el pasado 13 de junio.
La joven aseguró que la salud de su padre, de 68 años, “se ha deteriorado mucho” pues padece hipertensión arterial y según les informaron en el penal ahora sufre de vértigos. “Quiero que nos dejen verlo porque es un derecho humano”, agregó Tinoco.
Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, dijo que tampoco le han permitido visitar a su marido, y que no tiene certeza de que esté efectivamente en El Chipote, un reclusorio ubicado en la zona sur de Managua donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía.
“No sé dónde está ni cómo está mi esposo… estamos desesperados, desamparados”, exclamó Cárdenas con angustia.
El gobierno no ha revelado la ubicación de los 19 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo y por esa razón sus parientes los consideran “desaparecidos”. Además de Chamorro, fueron arrestados los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio.
“Nosotros suponemos que están en El Chipote, pero no hay ninguna garantía ni evidencia de que eso sea así”, expresó la periodista Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Maradiaga, detenido también el 9 de junio. Valle, quien salió al exilio hace más de un año, dijo que su marido padece problemas de presión y ella no sabe si está recibiendo los medicamentos que se le recetan.
Opiniones similares expresaron familiares de los dirigentes políticos antisandinistas Violeta Granera y José Pallais, ambos mayores de 60 años. “La preocupación se va convirtiendo en angustia, nos han conculcado el derecho humano de verlos”, dijo Jilma Herdocia, esposa de Pallais.
“En los últimos dos días solo han permitido entregarles el agua que les llevamos, nada de alimentos, y eso también es una forma de tortura”, acotó Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, detenida el 8 de junio.
Por su parte, Ana Lucía Alvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, todas dirigentes del movimiento Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), dijo que teme que sus familiares sean objeto de violencia sexual “porque las cárceles son lugares particularmente peligrosos para las mujeres”.
Dora María Téllez, una conocida excomandante guerrillera sandinista que dirigió el MRS, tiene 65 años. Su colega de armas Hugo Torres, exgeneral del ejército sandinista que fue arrestado el 13 de junio, tiene 73 años.
“Queremos verlos para constatar cómo están, nos preocupa también el COVID-19”, dijo Xenia Barahona, hermana de la presidenta del MRS, Suyén Barahona.
Tras las protestas sociales de 2018, que Ortega y su gobierno calificaron como “un fallido golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA documentaron casos de violencia sexual contra personas detenidas en El Chipote. El gobierno ha negado esas denuncias.
La revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, unos 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados y emigrados, según cifras de la CIDH. Según la oposición, el total de “presos políticos” en la actualidad asciende a 132 personas.
Hablando la noche del miércoles en un acto partidario, Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo. “Aquí el único criminal es Daniel Ortega, responsable de la muerte de más de 300 personas”, replicó Cristian Tinoco.
Daniel Ortega, de 75 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990, durante la revolución sandinista, y fue derrotado en las urnas por Violeta Chamorro. Volvió al poder en 2007, fue reelegido en 2011 y 2016 y ahora aspira a ganar las elecciones para iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.