MANAGUA.- Al menos 21 personas, incluidos varios opositores, han sido detenidas en nueve departamentos del país centroamericano en las horas previas a las elecciones generales de este domingo, según el observatorio ciudadano de Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco.
«Entre el 5 y el 6 de noviembre, en vísperas de la jornada de votación, se han verificado 21 detenciones arbitrarias en nueve departamentos. Cinco de estas personas ya han sido puestas en libertad, mientras que 16 permanecen detenidas.», ha informado este domingo la organización Monitoreo Azul y Blanco.
La mayoría de estas detenciones se dieron en operaciones desarrolladas durante la madrugada contra de «líderes sociales, territoriales y políticos en distintos departamentos». Las detenciones se han producido en Managua, Estelí, Granada, Chinandega, Carazo, León, Masaya, Nueva Segovia y Río San Juan.
Se trata de 17 hombres y cuatro mujeres arrestados sin orden de captura ni allanamiento, la mayoría apresados cuando se encontraban en sus domicilios, según estos grupos.
Esta cifra incluye denuncias de las opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que califican la jornada de «farsa electoral».
Entre los detenidos se han identificado a Nidia Barboza, de la Alianza Cívica, en Masaya; Muammar Vado, del partido Unamos; Esterlin Soriano González, de San Juan de Cinco Pinos, en Chinandega, y Yoel Sandino Ibarra, en Managua.
«Esto se da en el marco de una oleada represiva de allanamientos, hostigamientos y agresiones, confirmando la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua», ha alertado Urnas Abiertas.
Activistas han denunciado una oleada de detenciones arbitrarias contra voces críticas con el presidente Daniel Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.
Ortega, en el poder desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscan superar el 72 por ciento de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones, celebradas en 2016 y también envueltas en polémicas y acusaciones.
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.
Persiste la situación de caos en Haití, marcada por sangrientos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y grupos armados pertenecientes a la coalición ‘Vivre Ensemble’ (‘Vivir Juntos’) y el no funcionamiento de las escuelas desde hace más de un mes en la región metropolitana de la capital.
En este contexto y tras varias semanas de evasivas, en la víspera se firmó el decreto por el que se nombra al ConsejoPresidencial de Transición llamado a dirigir hasta el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para la investidura de un nuevo presidente tras las elecciones legislativas.
En la norma se invita a las personalidades designadas para formar parte de dicho Consejo a presentar en la Secretaría General del Consejo de Ministros los documentos requeridos de conformidad con el artículo 2 del decreto publicado.
Los documentos deberán presentarse en sobres cerrados, bien en el PalacioNacional, bien en la oficina del primer ministro.
Estos son al menos los requisitos establecidos en una nota publicada para anunciar la adopción por el Consejo de Ministros y la publicación en el diario oficial Le Moniteur del decreto por el que se crea el ConsejoPresidencial de Transición.
La publicación de este decreto ha sido acogida con satisfacción por los actores nacionales y la comunidad internacional, incluidos EstadosUnidos, la Comunidad del Caribe (Caricom), Canadá, Francia y las NacionesUnidas.
La Oficina Integrada de las NacionesUnidas afirma que continúa siguiendo de cerca el proceso que ha llevado a la publicación del decreto.
«Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las instituciones del país en sus esfuerzos por restaurar las instituciones democráticas», declaró el representante del secretario general de la ONU en Haití.