Análisis Noticiosos
Nicolás Maduro, el conductor
Por Luis Hernández Navarro
Nicolás Maduro es un robusto grandulón de 1.90 metros de alto, y negro y tupido bigote, que condujo en Caracas un metrobús durante más de siete años, fue canciller otros seis y ahora es candidato a la primera magistratura y presidente encargado de Venezuela. Forma parte de la nueva generación de mandatarios latinoamericanos que, como el obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva o el sindicalista cocalero Evo Morales, incursionaron en la política desde las trincheras de las luchas sociales de oposición.
Maduro es un revolucionario socialista que modificó su formación ortodoxa original para sumarse al heterodoxo huracán de la revolución bolivariana. Es un hombre de izquierda que llegó al poder sin abandonar sus principios. Un colaborador fiel de Hugo Chávez que se ha hecho a sí mismo, y que hoy está al volante de uno de los procesos de transformación más profundos de Latinoamérica.
La política le viene en la sangre, la respiró desde sus primeros días. Nació en 1962 en la ciudad de Caracas, en el seno de una familia muy comprometida con la acción colectiva pública. Su papá fue fundador del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) y organizador de una fracasada huelga petrolera contra la dictadura en 1952, que lo obligó a huir y esconderse.
En 1967 Maduro asistió con sus padres a los mítines del Movimiento Electoral del Pueblo, escisión de izquierda de AD, y un año más tarde a los masivos y populares actos de apoyo a la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa. En esa campaña Maduro conoció el mundo de la pobreza, de las casas de cartón. Y, por primera vez, habló en público, cuando su padre lo puso sobre el techo de un automóvil con un micrófono.
No obstante la influencia paterna, desde muy pequeño tuvo opiniones políticas propias. En cuarto año de primaria defendió la revolución cubana de las críticas de las monjas que enseñaban en su escuela. Como sanción fue expulsado del salón de clases durante tres días y condenado a purgar su castigo en la biblioteca, en realidad un premio para un muchacho inquieto que devoraba cuanto libro tuviera enfrente.
Lejos de curarse con el paso del tiempo, su precocidad política aumentó. De 12 años de edad y siendo estudiante del Liceo, comenzó a militar a escondidas de sus padres en el movimiento Ruptura, estructura abierta del proyecto revolucionario de Douglas Bravo. La efervescencia juvenil era el signo de la época. A partir de entonces participó ininterrumpidamente en luchas barriales, en la formación de cineclubes, en movimientos sindicales y en conspiraciones populares armadas.
Bajista del grupo de rock Enigma, vio cómo muchos jóvenes de su generación en los barrios se engancharon en el mundo del dinero fácil, de la cultura de las drogas, se volvieron adictos y fueron asesinados en las guerras de bandas. La experiencia lo marcó de por vida.
Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez, es un gran jugador de beisbol –tercera base–; sin embargo, a diferencia del comandante, que era pésimo bailarín, se defiende razonablemente bien a la hora de bailar salsa.
La participación en movimientos populares fue su universidad. Como muchos otros integrantes de su generación, su formación intelectual está directamente asociada a su involucramiento en la lucha revolucionaria y de masas. Estudió a los clásicos del marxismo y analizó e interpretó la realidad venezolana a la luz de sus enseñanzas. Dotado de una extraordinaria capacidad de aprendizaje, ha sido simultáneamente autodidacta y dirigente instruido por años de participación política organizada. Hasta el triunfo del chavismo sufrió regularmente persecución policiaca, y vivió, literalmente, a salto de mata.
Participó en la Organización de Revolucionarios y en su expresión abierta, la Liga Socialista, agrupación revolucionaria marxista, nacida de un desprendimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su fundador, Jorge Rodríguez, fue asesinado por los servicios de inteligencia en 1976. Maduro se destacó allí como brillante organizador y agitador político de masas.
En 1991 entró a trabajar en el Metro de Caracas. Echado para adelante, afable, comprometido con los intereses de los trabajadores, carismático, fue elegido por sus compañeros como su representante gremial. Su vocación por un sindicalismo democrático y de clase provocó que con frecuencia fuera sancionado por la empresa. Del caracazo de 1989 conserva en la memoria el desgarrador sonido de los lamentos permanentes de los pobres en las calles, a quienes les mataron a sus parientes.
Maduro conoció a Hugo Chávez como la mayoría de los venezolanos: lo vio en televisión cuando éste asumió su responsabilidad en el levantamiento militar de 1992. Más de un año después, el 16 de diciembre de 1993, lo conoció personalmente en la cárcel, junto a un grupo de trabajadores. El teniente coronel le dio el nombre clandestino de Verde y lo responsabilizó de diversas tareas conspirativas. Cuando Chávez salió libre, en 1994, Maduro se volcó de tiempo completo a la organización del movimiento.
El hoy presidente encargado fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que redactó la nueva Constitución. Un año después fue electo diputado a la Asamblea Nacional. En enero de 2006 fue nombrado presidente del Poder Legislativo y pocos meses después renunció para ser ministro de Relaciones de Exteriores. Como canciller fue actor central en la apuesta por construir un mundo multipolar, impulsar la integración latinoamericana y construir la paz. De allí pasó a ser vicepresidente y, desde hace unos días, presidente encargado.
Maduro está casado con la abogada Cilia Flores, nueve años mayor que él. Figura relevante del chavismo, ella ha sido, por méritos propios, presidenta de la Asamblea Nacional, vicepresidenta del PSUV y procuradora de la República. Tiene un solo hijo, el flautista Nicolás Ernesto, y un nieto.
Escogido por Hugo Chávez como su heredero político, Nicolás Maduro enfrentará el próximo 14 de abril la prueba de las urnas. De salir victorioso, tendrá el reto de ser el nuevo conductor de la revolución bolivariana, resolver problemas como el de la inseguridad pública y la corrupción, y continuar el legado del comandante, radicalizándolo al tiempo que lo innova.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
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