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Niegan el uso de los recursos del Estado; los danilistas se afianzan en el PLD

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descargaSANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continuó ayer, con algunas dificultades técnicas y quejas, la digitación de los votos de las elecciones para los 138 nuevos miembros del Comité Central.

Los seguidores del presidente Danilo Medina comentaban alegres en el centro de cómputos que sus candidatos ganaron 16 de 16 posiciones en juego en la región Sur y 12 de 12 en la región Este.

También que continuaban dominando entre 25 y 30 posiciones de las 37 nacionales.

Funcionarios como el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, negaron que hayan utilizado los recursos del Estado en el proceso electoral, y lo atribuyeron al buen trabajo político de los candidatos.

Fernández explicó que lo que primó en el triunfo de gran parte de los candidatos fue la «fuerza humana» que trabajó políticamente en las provincias, y aclaró que en Azua hubo brigadas del Indrhi que han trabajado en un plan de reforestación desde enero, no en labores políticas.

Puso como ejemplo el triunfo del director del Indrhi en Azua, Guillermo Comas, a quien atribuyó cosechar el buen trabajo que, a su entender, ha hecho esa institución en todo el país.

Suspenden digitadores

En respuesta a los medios de comunicación que le abordaron al llegar al Pabellón de Voleibol, César Pina Toribio, coordinador de la comisión organizadora del VIII Congreso Norge Botello, confirmó que se separó del proceso de cómputos a cinco digitadores por «actitud sospechosa».

«Se observó una actitud que movió a suspicacia, y algunos de los dirigentes del proceso de cómputos pidieron que fueran investigados los participantes. La investigación no reveló indicios serios de culpabilidad, y simple y sencillamente se les ha sacado de servicio», enfatizó.

Sobre las quejas e impugnaciones a las votaciones, Pina Toribio dijo que los comicios se impugnan cuando concluye el proceso de conteo, y que para esos fines se designó una comisión que recibirá las denuncias, y luego fijará su posición al respecto.

«Se ha explicado a quien tenga quejas y denuncias del proceso interno, que las lleve por escrito, tal y como estipula el reglamento, a la Oficina que ocupa la Comisión del Congreso en la Casa Nacional del PLD», explicó.

Previamente, Pina Toribio garantizó que los resultados de las elecciones del pasado domingo serán transmitidos totalmente, tal y como se contarán todas las boletas y votos emitidos.

«El conteo no ha sido selectivo, sino en el orden en que ha venido siendo reportado. Se garantiza el resultado que anunciemos, y será el que se haya expresado, sin lugar a duda en las urnas del partido», subrayó.

Tensión en cómputos

La tensión de varios candidatos al Comité Central era evidente ayer en el centro de cómputos ubicado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Candidatos y candidatas punteros y los que no, observaban desde las graderías a los digitadores y las pantallas que presentaban la evolución de sus votaciones.

Al mismo tiempo, realizaban llamadas a las provincias para conocer su situación.

Entre los candidatos punteros que más frecuentan el centro de cómputos están el jefe de seguridad civil del presidente Danilo Medina, Miguel Mercedes; el asistente del mandatario, Robert de la Cruz; el viceministro administrativo de la Presidencia, Alexis Lantigua; la esposa de Olgo Fernández, Sonia Agüero; y el director del Plan Social de la Presidencia, César Prieto, cuya esposa es la candidata Sandra Abinader, que ocupaba la quinta posición entre los más votados.

El PLD confirmó ayer que aumentó la cantidad de terminales de computadoras, digitadores y supervisores del conteo para culminar en el menor tiempo posible el cómputo de las votaciones del pasado domingo.

En la mañana de ayer, una gran parte de los miembros de la comisión organizadora del congreso Norge Botello supervisaban la labor de cómputo conversando con los ejecutivos de la empresa contratada con ese propósito y la de los auditores externos.

Indicaron que son 124 las terminales de digitación que operan en el centro deportivo con seis terminales para la validación, y que en el centro de cómputos de la Casa Nacional del PLD se están digitando las actas con los resultados de las votaciones en el nivel local.

No se sienten avasallados

El candidato al Comité Central y ex director de los Comedores Económicos en el pasado gobierno, Nicolás Calderón, dijo desconocer que se hayan utilizado los recursos del Estado para ganar candidaturas frente a las de seguidores del ex presidente Leonel Fernández.

«Nosotros no nos sentimos avasallados, al contrario, son compañeros buenos que han pasado a ocupar mejor posición dentro del partido. No tengo conocimiento de uso de los recursos del Estado, porque yo no soy parte del gobierno», dijo.

Calderón afirmó que el pasado proceso consolidó al PLD como la principal fuerza política del país.

«El PLD ha dado una muestra de civismo, y es el único partido que está en condiciones de seguir gobernando los destinos de esta nación a partir del 2016», expuso.

Comisión entrega Boletín 3

En el boletín 3, difundido anoche por la Comisión Organizadora del VIII Congreso Norge Botello, en la boleta nacional encabezaba el conteo Sonia Agüero, con 51,621 votos; seguida de Alberto Holguín, con 49,528; Luis Ramón Rodríguez, 49,167; Sandra Abinader, 47,592; Omar Guevara, 42,168; Radhamés Valenzuela, 40,841; Robert de la Cruz, 37,644; José Laluz, 37,448; Rufino Acosta, 30,309; y Aracelis Medina Sánchez, 29,756. El boletín contiene 801 colegios computados, de un total de 3,499. Faltan 2,698. Además, 2,414,763 votos emitidos, 84,279 nulos y 2,330,484 válidos.

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Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas

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Por redacción

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.

El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.

El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.

Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas

Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.

Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.

El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.

La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.

Cuestiona exhibición de armas en redes sociales

Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.

El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.

Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.

Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.

Policía también exhorta a entregarse

Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.

Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.

La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.

Debate por actuaciones policiales

El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.

Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.

El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.

Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.

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Camacho advierte a médicos sobre riesgos penales por prestar códigos profesionales

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Por redacción

Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.

La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.

Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.

“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.

Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.

Investigación continuará

Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.

El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.

No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.

“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.

Ocho imputados cumplirán prisión preventiva

El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.

Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Arresto domiciliario para otros procesados

El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.

A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.

Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.

En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Garantías de un millón de pesos

El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.

Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.

Ministerio Público atribuye varios delitos

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.

Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Caso fue declarado complejo

Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.

El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.

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La Policía Nacional pone la persecución de prófugos entre sus prioridades.

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El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos

Por Alberto Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.

Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día

El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana

Una lista de prófugos bajo seguimiento

Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.

Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.

La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana

El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Actuación policial y derechos humanos

Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.

Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día

Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana

Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez

Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.

El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día

El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Seguridad sin apartarse de la legalidad

El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.

La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana

El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.

La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.

Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

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