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Niegan el uso de los recursos del Estado; los danilistas se afianzan en el PLD
SANTO DOMINGO. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continuó ayer, con algunas dificultades técnicas y quejas, la digitación de los votos de las elecciones para los 138 nuevos miembros del Comité Central.
Los seguidores del presidente Danilo Medina comentaban alegres en el centro de cómputos que sus candidatos ganaron 16 de 16 posiciones en juego en la región Sur y 12 de 12 en la región Este.
También que continuaban dominando entre 25 y 30 posiciones de las 37 nacionales.
Funcionarios como el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, negaron que hayan utilizado los recursos del Estado en el proceso electoral, y lo atribuyeron al buen trabajo político de los candidatos.
Fernández explicó que lo que primó en el triunfo de gran parte de los candidatos fue la «fuerza humana» que trabajó políticamente en las provincias, y aclaró que en Azua hubo brigadas del Indrhi que han trabajado en un plan de reforestación desde enero, no en labores políticas.
Puso como ejemplo el triunfo del director del Indrhi en Azua, Guillermo Comas, a quien atribuyó cosechar el buen trabajo que, a su entender, ha hecho esa institución en todo el país.
Suspenden digitadores
En respuesta a los medios de comunicación que le abordaron al llegar al Pabellón de Voleibol, César Pina Toribio, coordinador de la comisión organizadora del VIII Congreso Norge Botello, confirmó que se separó del proceso de cómputos a cinco digitadores por «actitud sospechosa».
«Se observó una actitud que movió a suspicacia, y algunos de los dirigentes del proceso de cómputos pidieron que fueran investigados los participantes. La investigación no reveló indicios serios de culpabilidad, y simple y sencillamente se les ha sacado de servicio», enfatizó.
Sobre las quejas e impugnaciones a las votaciones, Pina Toribio dijo que los comicios se impugnan cuando concluye el proceso de conteo, y que para esos fines se designó una comisión que recibirá las denuncias, y luego fijará su posición al respecto.
«Se ha explicado a quien tenga quejas y denuncias del proceso interno, que las lleve por escrito, tal y como estipula el reglamento, a la Oficina que ocupa la Comisión del Congreso en la Casa Nacional del PLD», explicó.
Previamente, Pina Toribio garantizó que los resultados de las elecciones del pasado domingo serán transmitidos totalmente, tal y como se contarán todas las boletas y votos emitidos.
«El conteo no ha sido selectivo, sino en el orden en que ha venido siendo reportado. Se garantiza el resultado que anunciemos, y será el que se haya expresado, sin lugar a duda en las urnas del partido», subrayó.
Tensión en cómputos
La tensión de varios candidatos al Comité Central era evidente ayer en el centro de cómputos ubicado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Candidatos y candidatas punteros y los que no, observaban desde las graderías a los digitadores y las pantallas que presentaban la evolución de sus votaciones.
Al mismo tiempo, realizaban llamadas a las provincias para conocer su situación.
Entre los candidatos punteros que más frecuentan el centro de cómputos están el jefe de seguridad civil del presidente Danilo Medina, Miguel Mercedes; el asistente del mandatario, Robert de la Cruz; el viceministro administrativo de la Presidencia, Alexis Lantigua; la esposa de Olgo Fernández, Sonia Agüero; y el director del Plan Social de la Presidencia, César Prieto, cuya esposa es la candidata Sandra Abinader, que ocupaba la quinta posición entre los más votados.
El PLD confirmó ayer que aumentó la cantidad de terminales de computadoras, digitadores y supervisores del conteo para culminar en el menor tiempo posible el cómputo de las votaciones del pasado domingo.
En la mañana de ayer, una gran parte de los miembros de la comisión organizadora del congreso Norge Botello supervisaban la labor de cómputo conversando con los ejecutivos de la empresa contratada con ese propósito y la de los auditores externos.
Indicaron que son 124 las terminales de digitación que operan en el centro deportivo con seis terminales para la validación, y que en el centro de cómputos de la Casa Nacional del PLD se están digitando las actas con los resultados de las votaciones en el nivel local.
No se sienten avasallados
El candidato al Comité Central y ex director de los Comedores Económicos en el pasado gobierno, Nicolás Calderón, dijo desconocer que se hayan utilizado los recursos del Estado para ganar candidaturas frente a las de seguidores del ex presidente Leonel Fernández.
«Nosotros no nos sentimos avasallados, al contrario, son compañeros buenos que han pasado a ocupar mejor posición dentro del partido. No tengo conocimiento de uso de los recursos del Estado, porque yo no soy parte del gobierno», dijo.
Calderón afirmó que el pasado proceso consolidó al PLD como la principal fuerza política del país.
«El PLD ha dado una muestra de civismo, y es el único partido que está en condiciones de seguir gobernando los destinos de esta nación a partir del 2016», expuso.
Comisión entrega Boletín 3
En el boletín 3, difundido anoche por la Comisión Organizadora del VIII Congreso Norge Botello, en la boleta nacional encabezaba el conteo Sonia Agüero, con 51,621 votos; seguida de Alberto Holguín, con 49,528; Luis Ramón Rodríguez, 49,167; Sandra Abinader, 47,592; Omar Guevara, 42,168; Radhamés Valenzuela, 40,841; Robert de la Cruz, 37,644; José Laluz, 37,448; Rufino Acosta, 30,309; y Aracelis Medina Sánchez, 29,756. El boletín contiene 801 colegios computados, de un total de 3,499. Faltan 2,698. Además, 2,414,763 votos emitidos, 84,279 nulos y 2,330,484 válidos.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.