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Se impone el principio de igualdad y no aplicarán medida licencia de conducir a personas de 65 años
Santo Domingo, 28 oct (EFE).- El presidente Luis Abinader reveló este lunes que el Gobierno no aplicará la disposición que ordena a las personas de 65 o más años a someterse al proceso para la adquisición de la licencia de conducir cada dos años, en lugar de los cuatro de que se dispone en la actualidad para todas las edades.
«Esa disposición se eliminará, no se aplicará. Nadie conocía sobre esa medida», dijo Abinader a los medios durante su habitual conferencia de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
La medida está contenida en un decreto emitido en 2019 y, recientemente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que comenzará a aplicarla de inmediato.
Abinader, sin embargo, afirmó que la medida no se implementará. «Eso hay que eliminarlo», añadió.
El Intrant reiteró este lunes que revisar la licencia de conducir cada dos años a las personas de 65 o más años responde a la necesidad de considerar los cambios físicos y cognitivos que pueden afectar la capacidad de conducción a medida que las personas envejecen.
En otro de los temas tratados, el gobernante refirió que el país «está bien», que este año se estarán rompiendo récords en los motores de la economía como el turismo y las zonas. También habló de un gran aumento en las exportaciones.
Afirmó que el país seguirá creciendo, que se ha convertido en una nación de ingresos medios, con una moneda estable y que el desempleo se sitúa en estos momentos en 5,2 %.
También informó que el transporte aéreo con Haití permanecerá cerrado «hasta que cambien las condiciones» en ese país.
El mandatario dijo, al referirse al nombramiento de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección de Alianzas Público Privadas en adición a sus funciones como director de Compras y Contrataciones, que esto buscaba dotar de mayor eficiencia a las instituciones gubernamentales y que no tenía nada que ver con la falta de confianza del Gobierno en otras personas.
Este lunes se conoció la renuncia de Pimentel a asumir el cargo para el que designado el miércoles pasado, tras el aluvión de críticas de su nombramiento por parte de diversos sectores, que aseguraron que Alianzas Público Privadas prohíbe desempeñar otras funciones simultáneas, que no sean las de impartir docencia.
Alto costo y atención primaria
El tema central de la conferencia La Semanal de este lunes, fue el de los medicamentos de alto costo y de los pasos para implementar la atención primaria.
Funcionarios del sectores aseguraron que las autoridades garantizan el suministro de los medicamentos de alto costo a muchos de los pacientes que los requieren, aunque reconocieron que aún no se logran las metas planteadas en ese punto.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que se están entregando ese tipo de medicamentos en el tiempo requerido y que se ha avanzado «bastante» con relación a años recientes.
Destacó que el Gobierno está adquiriendo medicamentos biosimilares, avalados por las autoridades estadounidenses y europeas, que tienen un costo muy bajo a los que tradicionalmente recetan los médicos.
El funcionario dijo que Salud Pública está solicitando a las sociedades médicas a recetar estos momentos y puso de ejemplo que determinado medicamento de uso tradicional puede costar 25,000 pesos y los biosimilares solo 5,000 pesos.
También reveló que su oficina dará comienzo a una campaña nacional para dar a conocer la importancia de las unidades de atención primaria, para que la ciudadanía acuda a ellas.
En este punto, Abinader dijo que, tras el retiro del proyecto de reforma tributaria del Congreso, el Gobierno irá avanzando en ese sentido, aunque «no con la velocidad que queríamos».
Atallah dijo que en estos momentos el Gobierno está garantizando el inventario de los medicamentos de alto costo para que no se terminen antes de que lleguen las nuevas partidas.EFE
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.