Nacionales
No descartan autor intelectual en hecho metro Sto. Domingo
En rueda de prensa conjunta, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; el ministro de Defensa, mayor general ERD Maximiliano William Muñoz Delgado; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso
Santo Domingo. – El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, adelantó hoy que el ministerio público pedirá 40 años de prisión contra Franck Kelin Holguín Medina, de 21 años, acusado de ser el autor material del incendio ocasionado el lunes en uno de los vagones del metro.
El funcionario habló en una rueda de prensa junto al ministro de Defensa, mayor general ERD Maximiliano William Muñoz Delgado; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. Los cuatro condenaron el hecho y advirtieron que no tolerarán que vuelvan a producirse situaciones de esta naturaleza.
Aunque el jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, informó horas antes de que el acusado admitió los hechos, el procurador señaló que no han determinado qué llevó al joven, quien es estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a cometer el incendio. «En eso estamos trabajando».
Dijo que se investiga la posibilidad de la existencia de un autor intelectual. «Lo más importante es que se identifique si hay alguien más involucrado», señaló el jefe del ministerio público.
La Ley 267-08 dispone, en el artículo 7, que todo aquel que cometa un acto de terrorismo será sancionado con pena de 30 a 40 años.
Domínguez Brito dijo que pedirán la pena máxima contra Holguín Medina debido a la naturaleza del suceso, y advirtió de que «no vamos a permitir hechos de esta naturaleza».
«Que caiga todo el peso de la ley», subrayó el funcionario, quien aseguró que «todos los elementos de prueba están ahí».
Cuestionado sobre si estos actos buscan desestabilizar el Gobierno, el procurador general dijo rotundamente que no.
«Este tipo de actos no desestabilizan a ningún gobierno», expresó en la rueda de prensa.
El incendio ocurrido en la mañana del lunes en uno de los vagones de la segunda línea del metro, a la altura de la estación Mauricio Báez, dejó siete personas con quemaduras, dos de ellos en estado de gravedad, así como más de una docena con lesiones colaterales.
De acuerdo con las investigaciones, el joven entró al vagón con una mochila que contenía, entre otras sustancias, gasolina, gravilla y arena.
Holguín Medina se entregó ayer a la Policía a través del canal 5 y, según dijo hoy a la prensa Castro Castillo, él admitió los hechos.
«Está claro que él es el autor material del hecho», aseguró el jefe policial.
Holguín Medina «lo admitió todo», insistió Castro Castillo, quien agregó que profundizan las investigaciones para determinar si hay más involucrados.
(Fuente: EFE)
Piden lo sometan a evaluación siquiátrica
En tanto, su abogado, el doctor Raúl Hamburgo Mena, denunció ayer que su cliente ha sido maltratado por las autoridades y advirtió que podrían demandar al jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, por haberle violado sus derechos.
Dijo que el jefe policial interrogó al joven sin la presencia de un abogado, e informó públicamente de su supuesta confesión de culpabilidad en el hecho en el que 30 personas resultaron quemadas y heridas, dos de gravedad.
Afirmó que luego de ser interrogado por el jefe de la Unidad Antiterrorismo, el DNI, y el director del departamento de Homicidios en el despacho de la fiscal Yeni Berenice Reynoso, su cliente “fue tirado esposado en un pasillo del palacio de Justicia (de Ciudad Nueva) con una crisis de nervios”.
Hamburgo Mena, quien rehusó responder quién lo contrató para asistir como defensa técnica a Holguín Medina, pidió que el joven sea sometido a una evaluación siquiátrica.
(Fuente: HOY)
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.