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Opinión

No es lo mismo ni es igual

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Por Narciso Isa Conde

Un conjunto de  organizaciones políticas y sociales -al tiempo de insistir en que está demostrado de que no hay vías institucionales para ponerle fin a la impunidad y acabar con la corrupción estatal convertida en dictadura mafiosa- planteamos la necesidad de producir una ruptura de este orden constitucional pervertido, ilegítimo y decadente, mediante un proceso constituyente.

  • Proceso constituyente: su necesidad y características.

Por proceso constituyente no entendemos simplemente la realización de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE PROTAGONIZADA POR EL PUEBLO SOBERANO, sino que ésta sería  uno de sus importantes componentes a realizar en una fase posterior al desplome de esta institucionalidad, del gobierno corrupto y corruptor que la manipula, y de la Constitución del 2010 que la sustenta.

Los procesos constituyente siempre surgen como necesidad cuando la ilegitimidad y decadencia del viejo orden institucional se pone en evidencia ante los ojos de una gran parte de la sociedad, cuando la indignación popular crece y se convierte en movilizaciones masivas contra los males que provoca, cuando las paralizaciones y la desobediencia civil se ponen a la orden del día y el sistema imperante obstruye y se resiste tenazmente a los anhelos del cambio expresados. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país.

El primer requisito de esos procesos es crear poder constituyente (poder paralelo y alternativo al poder constituido en estado de descomposición), a partir de que el pueblo movilizado y en lucha adquiera conciencia de su soberanía y de su capacidad para echar abajo el viejo orden que se resiste a caer y crear lo nuevo que comienza a nacer con el brote de propuestas políticas transformadoras expresadas al calor de sus combates sociales.

Echar lo viejo abajo equivale a descartar las  bloqueadas rutas dentro de una institucionalidad mafiosa y a propiciar la ruptura de la misma para abrir una etapa de transición y recreación de un nuevo marco jurídico-político, una nueva legalidad, una nueva institucionalidad, un nuevo proyecto de nación y sociedad.

Esa transición y esa recreación deben ser gestadas por las fuerzas determinantes del cambio al momento de la ruptura o caída del viejo orden, esto es, por un poder constituyente previamente conformado por la suma y el accionar preeminente de los movimientos políticos, sociales, culturales e incluso militares transformadores, que confluyan en un gran torrente.

Marcha Verde tiene la posibilidad y la oportunidad de ser ese torrente alternativo de la diversidad transformadora. Pero eso todavía está en veremos y depende de su crecimiento en cantidad y, sobretodo, en calidad programática-propositiva y en las oportunas, masivas, contundentes y diversas modalidades de lucha que sea capaz de desplegar bajo el influjo de las vanguardias.

La transición y recreación que sugerimos incluye -como un nuevo paso y otro componente más del proceso constituyente- la organización, convocatoria e instalación, sustentada por el poder naciente, de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA con la más amplia participación de los diversos sujetos políticos, sociales y culturales del cambio.

De esa primera ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA debe salir la nueva constitución, que defina el nuevo marco legal e institucional de la Nación Dominicana y su nuevo relacionamiento con la vecina República de Haití, el Continente y el Mundo; que por demás siente las bases sustantivas del programa transformador correspondiente al menos  a la primera fases de los grandes cambios resultante de la correlación de fuerzas al momento de su realización y aplicación.

El paso siguiente, a partir de las modalidades de elección democrática participativa y de establecimiento y conformación de la nuevas instituciones y poderes estatales y extra-estatales que se definan en la nueva carta magna, son los procesos electivos para su construcción.

Comicios, elecciones, conformación de mecanismos asamblearios de control social y participación son necesariamente pasos posteriores a los resultados de la Asamblea Constituyente llamados a concluir la fase transición hacia el nuevo orden institucional.

  • Romper el cerco institucional para cambiarlo todo.

El proceso constituyente que estamos impulsando, en consecuencia,  persigue cambiarlo todo.

No se trata, pues, ni de remiendos ni simples enmiendas o reformas a la actual Constitución, a las leyes vigentes o a las instituciones de este Estado; todas ellas –en caso de instrumentarse- dadas las características del actual Congreso en función de ASAMBLEA REVIRO, estarían evidentemente destinadas a favorecer la permanencia del sistema dictatorial y corrompido impuesto o, en particular, a facciones que compiten a su interior.

Las vías para modificaciones, iniciativas judiciales y reformas  destinadas a encarcelar los corruptos, recuperar lo robado y superar esta dictadura mafiosa y este sistema electoral y de partidos que la reproducen, están totalmente cerradas dentro de esta institucionalidad secuestrada. El poder delincuencial   constituido la ha cerrado para tratar de perpetuase y prolongarse. Así lo demuestra la obstrucción de todas las iniciativas de reformas y acción de justicia desplegada a lo largo del 2017 por MARCHA VERDE.

En las elecciones amañadas del 2020 no hay nada que buscar, que no sea prolongación del sistema de corrupción, impunidad e injusticias sociales. Por eso es necesario romper previamente ese cerco institucional.

El régimen constitucional del país, además, no acepta la convocatoria de una Constituyente Soberana y Popular; no admite una Constituyente democrática e independiente del Congreso o Asamblea Nacional Legislativa dominada por las  mismas mafias políticas y empresariales que controlan todo el Estado.

No se trata, por tanto, de demandarle a las autoridades y esperar que este gobierno u otro similar,  reforme la Constitución para convocar una Constituyente. La Asamblea Revisora es el mismo Congreso podrido y eso sería como pedirle mangos banilejos a la guasábara, con perdón de la guasábara.

No es lo mismo, por tanto,  un proceso constituyente que incluya la Asamblea Constituyente Soberana y Popular,  a que ese Congreso degradado sea convertido en Asamblea Revisora de la Constitución del 2010.

No es igual  luchar por nueva Constitución y un nuevo orden jurídico, social e institucional a través de un proceso constituyente soberano, que limitarse a demandar reformas o remiendos a esta Constitución dentro del actual orden institucional y el sistema político vigente.

Tampoco es lo mismo asumir el proceso constituyente como vía de ruptura y desplazamiento del gobierno y las instituciones establecidas, que enarbolar propagandísticamente  la propuesta de una Asamblea Constituyente como punto del programa electoral de un partido o frente de partidos que prometa llevarla a cabo si logra triunfar. De ese engaño, como de las consecuencias de reciclar o alternar caras y partidos dentro de esta institucionalidad plagada de corrupción, clientelismo, trampas, fraudes… estamos JARTOS.

No es lo mimo ni es igual cambiarlo todo, que reproducir nueva vez -con iguales o viejos rostros, con remiendos o sin ellos- este pantano mal oliente y las bases legales, constitucionales y económicas-sociales que lo reproducen y prolongan.

Definitivamente no es lo mismo, ni es igual.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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