Nacionales
No es lo mismo una “Reforma Fiscal”, que una “Recarga Fiscal”
Dr. Ismael Reyes
El Dr. Ismael Reyes, Presidente del Partido Demócrata Institucional-PDI-Dijo que en el país se ha desatado un sinnúmero de reacciones de sectores académicos, religiosos, profesionales, políticos, comerciales y empresariales en torno al nuevo paquete impositivo que bajo el nombre de “Reforma Fiscal” se le quiere imponer al pueblo, a través de una mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno en el Congreso Nacional.”
¿Por qué el anunciado nuevo paquete fiscal del gobierno ha tenido una reacción encadenada de repudio total de todos los sectores de la vida nacional? Porque la gente percibe de manera clara que no se trata de una “Reforma Fiscal”, sino de una “Recarga Fiscal”, es decir, de recargar al pueblo con más impuestos para tapar el hoyo financiero que acaba de dejar el gobierno del Presidente Leonel Fernández, quien se embarcó en la mas irresponsable carrera de gasto público, con la única finalidad de favorecer a sus alabarderos, a quienes le permitió enriquecerse cobardemente con los fondos que el pueblo paga y que tendrá que seguir pagando en impuestos.” Dijo Reyes.
El líder político del PDI dijo que en el país, poca gente duda de las buenas intenciones del Presidente Danilo Medina de hacer una gestión de gobierno honesta, que respete los dineros que el pueblo paga en impuesto y que favorezca a las grandes mayorías del pueblo
.”En el PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL –PDI – la mayoría de los dirigentes pensamos que el Presidente Medina no quiere terminar su obra de gobierno siendo percibido como un hombre igual al Presidente Leonel Fernández, cuyo gobierno fue sordo, ciego, mudo, clientelar, derrochador, botarate, indolente, irresponsable y violador de la Constitución y las Leyes Pero lo cierto es que, para que el Presidente Medina pueda ser percibido de manera diferente, está obligado a comenzar por quitar de sus cargos públicos a los viejos funcionarios del gobierno del Presidente Fernández, sobre todo aquellos del área económica que decían que nuestra economía estaba blindada, conscientes ellos de que engañaban al pueblo y que ejercían y apañaban el cohecho, la corrupción y el saqueo del erario público.”, Expresó Reyes.
Hablando en nombre del PDI, Ismael Reyes dijo que una “Reforma Fiscal” tiene que pasar necesariamente por la revisión de la forma como se le produjo a la economía del país, un hoyo de más de 178 mil millones de pesos, y establecerse las necesarias responsabilidades, y que los culpables sean despojados de los bienes mal habidos, restituidos estos a las arcas del Estado, y los culpables sentados en el banquillo de los acusados por crimen contra toda la sociedad dominicana.
“Una “Reforma Fiscal” tiene necesariamente que pasar por la limitación del sueldo mensual que deben ganar los funcionarios públicos, iniciando por el del propio Presidente de la República, que debe de servir de guía para todos los demás salarios de la administración, porque no se puede seguir permitiendo que un ministro gane más que el Presidente, o que una pensión de un funcionario público, sea mayor que el salario mensual de un Ministro del gobierno Francés.Una “Reforma Fiscal” obliga a que las partidas del presupuesto nacional estimadas y asignadas, obedezcan a un orden de inversión para el desarrollo del país. El gobierno de la nación no puede seguir pensando que los empresarios y comerciantes son solo un ente para la explotación impositiva, hay que llegar con los sectores productivos de la nación a acuerdos económicos para fomentar el empleo, la modernización de la producción, y preparar el país para que sea competitivo. Si esto no se hace, estaremos asistiendo entonces a una “Recarga Fiscal”, pero jamás a una “Reforma Fiscal”. Expresó Ismael Reyes.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.