Editorial
No Hay Moral Para Enjuiciar a Nadie
Independientemente que hayan o no indicios de los delitos cometidos por el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel cuando se desempeñó como director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en cuya administración se sustrajeron mil quinientos millones de pesos y 56.4 millones de dólares, la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial tienen moral para exigir, promover y justificar su condena.
El principio de que la ley es igual para todos es un verdadero mito, porque cuando hay impunidad para unos, no hay nada que justifique la condena de otros.
Hace mucho que la República Dominicana es una especie de tierra de nadie o tal vez lo más correcto sería decir de unos pocos que actúan al margen de la ley sin que les teman a un régimen de consecuencias, porque definitivamente éste no existe.
El país se caracteriza hoy día por una mala, muy mala, administración de justicia y de una consecuente denegación de la misma, lo cual nos ubica en una sociedad distante de la civilización, que se mide, principalmente, por su estado de derecho, donde la ley se aplica en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los ciudadanos.
No tenemos la menor duda del tigueraje y el arrojo que caracteriza a la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, pero lamentablemente el Estado a través del Ministerio Público y el sistema de justicia ya no tiene la más mínima credibilidad para enjuiciar a nadie, porque no hay quien crea en esos procesos judiciales.
La decisión del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional es otro simulacro del sistema de justicia para promover una supuesta vocación de perseguir el delito, sobre todo de los desfalcos de los recursos del patrimonio público, que no existe en su íntima convicción, recurso utilizado para liberar y exonerar de culpas a ladrones confesos y no confesos.
Igual debe decirse de la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo, que más que para perseguir el robo del patrimonio público mediante las diferentes variantes del peculado existente en el país, forma parte del entramado de corrupción que prevalece en la nación y no hace otra cosa que promover la impunidad.
¿Puede la Procuraduría General de la República perseguir una condena en contra de aquellos que se han robado los dineros del erario nacional?, cuando excluye de un expediente al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán, quien luego de demostrarse su participación en el caso de los Súper Tucanos lo sacan del expediente para que no pague por sus delitos, ya sea a nivel social cuando tal vez no sea posible a nivel judicial.
De igual Modo, el Ministerio Público ha sido en cierto modo cómplice del proceso seguido a los involucrados en el caso Odebrecht, cuya culpabilidad alcanza también a la propia Presidencia de la República.
Quién en la República Dominicana podrá creer que Héctor Rodríguez Pimentel y sus supuestos cómplices van a pagar por los hechos imputados cuando todo el mundo, la sociedad en su conjunto, sabe perfectamente que se trata de un show montado por las instancias con la responsabilidad de combatir este tipo de crimen.
Lo de Rodríguez Pimentel es otro capítulo de una novela muy mal concebida por las autoridades del Estado dominicano, donde la impunidad es parte de su plan estratégico para que los políticos y otros actores de la vida nacional se lleven entre sus garras el más mínimo recurso de propiedad pública.
El Ministerio Público y el sistema de justicia deben tirar ese hueso a otro perro, porque nadie cree en esos engaños y montajes para aparentar una supuesta persecución de los ladrones que a través de los partidos políticos han depredado las riquezas nacionales.
Es bueno que la Procuraduría General de la República y todo el sistema de justicia sepan que son una vergüenza nacional y que forman parte de una cadena de complicidad que sale desde el Palacio Nacional, llega hasta un amplio sector del empresariado y que penetra a los medios de comunicación social para luego convertirse en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Esas acciones constituyen una de las principales estocadas al estado de derecho y en consecuencia en contra de la democracia, cuya principal víctima es la sociedad, donde ya no caben más injusticias y asimetrías sociales.
Qué vergüenza!!.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo