Editorial
No Hay Moral Para Enjuiciar a Nadie
Independientemente que hayan o no indicios de los delitos cometidos por el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel cuando se desempeñó como director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en cuya administración se sustrajeron mil quinientos millones de pesos y 56.4 millones de dólares, la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial tienen moral para exigir, promover y justificar su condena.
El principio de que la ley es igual para todos es un verdadero mito, porque cuando hay impunidad para unos, no hay nada que justifique la condena de otros.
Hace mucho que la República Dominicana es una especie de tierra de nadie o tal vez lo más correcto sería decir de unos pocos que actúan al margen de la ley sin que les teman a un régimen de consecuencias, porque definitivamente éste no existe.
El país se caracteriza hoy día por una mala, muy mala, administración de justicia y de una consecuente denegación de la misma, lo cual nos ubica en una sociedad distante de la civilización, que se mide, principalmente, por su estado de derecho, donde la ley se aplica en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los ciudadanos.
No tenemos la menor duda del tigueraje y el arrojo que caracteriza a la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, pero lamentablemente el Estado a través del Ministerio Público y el sistema de justicia ya no tiene la más mínima credibilidad para enjuiciar a nadie, porque no hay quien crea en esos procesos judiciales.
La decisión del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional es otro simulacro del sistema de justicia para promover una supuesta vocación de perseguir el delito, sobre todo de los desfalcos de los recursos del patrimonio público, que no existe en su íntima convicción, recurso utilizado para liberar y exonerar de culpas a ladrones confesos y no confesos.
Igual debe decirse de la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo, que más que para perseguir el robo del patrimonio público mediante las diferentes variantes del peculado existente en el país, forma parte del entramado de corrupción que prevalece en la nación y no hace otra cosa que promover la impunidad.
¿Puede la Procuraduría General de la República perseguir una condena en contra de aquellos que se han robado los dineros del erario nacional?, cuando excluye de un expediente al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán, quien luego de demostrarse su participación en el caso de los Súper Tucanos lo sacan del expediente para que no pague por sus delitos, ya sea a nivel social cuando tal vez no sea posible a nivel judicial.
De igual Modo, el Ministerio Público ha sido en cierto modo cómplice del proceso seguido a los involucrados en el caso Odebrecht, cuya culpabilidad alcanza también a la propia Presidencia de la República.
Quién en la República Dominicana podrá creer que Héctor Rodríguez Pimentel y sus supuestos cómplices van a pagar por los hechos imputados cuando todo el mundo, la sociedad en su conjunto, sabe perfectamente que se trata de un show montado por las instancias con la responsabilidad de combatir este tipo de crimen.
Lo de Rodríguez Pimentel es otro capítulo de una novela muy mal concebida por las autoridades del Estado dominicano, donde la impunidad es parte de su plan estratégico para que los políticos y otros actores de la vida nacional se lleven entre sus garras el más mínimo recurso de propiedad pública.
El Ministerio Público y el sistema de justicia deben tirar ese hueso a otro perro, porque nadie cree en esos engaños y montajes para aparentar una supuesta persecución de los ladrones que a través de los partidos políticos han depredado las riquezas nacionales.
Es bueno que la Procuraduría General de la República y todo el sistema de justicia sepan que son una vergüenza nacional y que forman parte de una cadena de complicidad que sale desde el Palacio Nacional, llega hasta un amplio sector del empresariado y que penetra a los medios de comunicación social para luego convertirse en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Esas acciones constituyen una de las principales estocadas al estado de derecho y en consecuencia en contra de la democracia, cuya principal víctima es la sociedad, donde ya no caben más injusticias y asimetrías sociales.
Qué vergüenza!!.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.