Editorial
No Hay Moral Para Enjuiciar a Nadie
Independientemente que hayan o no indicios de los delitos cometidos por el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel cuando se desempeñó como director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en cuya administración se sustrajeron mil quinientos millones de pesos y 56.4 millones de dólares, la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial tienen moral para exigir, promover y justificar su condena.
El principio de que la ley es igual para todos es un verdadero mito, porque cuando hay impunidad para unos, no hay nada que justifique la condena de otros.
Hace mucho que la República Dominicana es una especie de tierra de nadie o tal vez lo más correcto sería decir de unos pocos que actúan al margen de la ley sin que les teman a un régimen de consecuencias, porque definitivamente éste no existe.
El país se caracteriza hoy día por una mala, muy mala, administración de justicia y de una consecuente denegación de la misma, lo cual nos ubica en una sociedad distante de la civilización, que se mide, principalmente, por su estado de derecho, donde la ley se aplica en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los ciudadanos.
No tenemos la menor duda del tigueraje y el arrojo que caracteriza a la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, pero lamentablemente el Estado a través del Ministerio Público y el sistema de justicia ya no tiene la más mínima credibilidad para enjuiciar a nadie, porque no hay quien crea en esos procesos judiciales.
La decisión del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional es otro simulacro del sistema de justicia para promover una supuesta vocación de perseguir el delito, sobre todo de los desfalcos de los recursos del patrimonio público, que no existe en su íntima convicción, recurso utilizado para liberar y exonerar de culpas a ladrones confesos y no confesos.
Igual debe decirse de la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo, que más que para perseguir el robo del patrimonio público mediante las diferentes variantes del peculado existente en el país, forma parte del entramado de corrupción que prevalece en la nación y no hace otra cosa que promover la impunidad.
¿Puede la Procuraduría General de la República perseguir una condena en contra de aquellos que se han robado los dineros del erario nacional?, cuando excluye de un expediente al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán, quien luego de demostrarse su participación en el caso de los Súper Tucanos lo sacan del expediente para que no pague por sus delitos, ya sea a nivel social cuando tal vez no sea posible a nivel judicial.
De igual Modo, el Ministerio Público ha sido en cierto modo cómplice del proceso seguido a los involucrados en el caso Odebrecht, cuya culpabilidad alcanza también a la propia Presidencia de la República.
Quién en la República Dominicana podrá creer que Héctor Rodríguez Pimentel y sus supuestos cómplices van a pagar por los hechos imputados cuando todo el mundo, la sociedad en su conjunto, sabe perfectamente que se trata de un show montado por las instancias con la responsabilidad de combatir este tipo de crimen.
Lo de Rodríguez Pimentel es otro capítulo de una novela muy mal concebida por las autoridades del Estado dominicano, donde la impunidad es parte de su plan estratégico para que los políticos y otros actores de la vida nacional se lleven entre sus garras el más mínimo recurso de propiedad pública.
El Ministerio Público y el sistema de justicia deben tirar ese hueso a otro perro, porque nadie cree en esos engaños y montajes para aparentar una supuesta persecución de los ladrones que a través de los partidos políticos han depredado las riquezas nacionales.
Es bueno que la Procuraduría General de la República y todo el sistema de justicia sepan que son una vergüenza nacional y que forman parte de una cadena de complicidad que sale desde el Palacio Nacional, llega hasta un amplio sector del empresariado y que penetra a los medios de comunicación social para luego convertirse en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Esas acciones constituyen una de las principales estocadas al estado de derecho y en consecuencia en contra de la democracia, cuya principal víctima es la sociedad, donde ya no caben más injusticias y asimetrías sociales.
Qué vergüenza!!.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.