Editorial
No Hay Moral Para Enjuiciar a Nadie
Independientemente que hayan o no indicios de los delitos cometidos por el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel cuando se desempeñó como director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en cuya administración se sustrajeron mil quinientos millones de pesos y 56.4 millones de dólares, la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial tienen moral para exigir, promover y justificar su condena.
El principio de que la ley es igual para todos es un verdadero mito, porque cuando hay impunidad para unos, no hay nada que justifique la condena de otros.
Hace mucho que la República Dominicana es una especie de tierra de nadie o tal vez lo más correcto sería decir de unos pocos que actúan al margen de la ley sin que les teman a un régimen de consecuencias, porque definitivamente éste no existe.
El país se caracteriza hoy día por una mala, muy mala, administración de justicia y de una consecuente denegación de la misma, lo cual nos ubica en una sociedad distante de la civilización, que se mide, principalmente, por su estado de derecho, donde la ley se aplica en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los ciudadanos.
No tenemos la menor duda del tigueraje y el arrojo que caracteriza a la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, pero lamentablemente el Estado a través del Ministerio Público y el sistema de justicia ya no tiene la más mínima credibilidad para enjuiciar a nadie, porque no hay quien crea en esos procesos judiciales.
La decisión del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional es otro simulacro del sistema de justicia para promover una supuesta vocación de perseguir el delito, sobre todo de los desfalcos de los recursos del patrimonio público, que no existe en su íntima convicción, recurso utilizado para liberar y exonerar de culpas a ladrones confesos y no confesos.
Igual debe decirse de la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo, que más que para perseguir el robo del patrimonio público mediante las diferentes variantes del peculado existente en el país, forma parte del entramado de corrupción que prevalece en la nación y no hace otra cosa que promover la impunidad.
¿Puede la Procuraduría General de la República perseguir una condena en contra de aquellos que se han robado los dineros del erario nacional?, cuando excluye de un expediente al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán, quien luego de demostrarse su participación en el caso de los Súper Tucanos lo sacan del expediente para que no pague por sus delitos, ya sea a nivel social cuando tal vez no sea posible a nivel judicial.
De igual Modo, el Ministerio Público ha sido en cierto modo cómplice del proceso seguido a los involucrados en el caso Odebrecht, cuya culpabilidad alcanza también a la propia Presidencia de la República.
Quién en la República Dominicana podrá creer que Héctor Rodríguez Pimentel y sus supuestos cómplices van a pagar por los hechos imputados cuando todo el mundo, la sociedad en su conjunto, sabe perfectamente que se trata de un show montado por las instancias con la responsabilidad de combatir este tipo de crimen.
Lo de Rodríguez Pimentel es otro capítulo de una novela muy mal concebida por las autoridades del Estado dominicano, donde la impunidad es parte de su plan estratégico para que los políticos y otros actores de la vida nacional se lleven entre sus garras el más mínimo recurso de propiedad pública.
El Ministerio Público y el sistema de justicia deben tirar ese hueso a otro perro, porque nadie cree en esos engaños y montajes para aparentar una supuesta persecución de los ladrones que a través de los partidos políticos han depredado las riquezas nacionales.
Es bueno que la Procuraduría General de la República y todo el sistema de justicia sepan que son una vergüenza nacional y que forman parte de una cadena de complicidad que sale desde el Palacio Nacional, llega hasta un amplio sector del empresariado y que penetra a los medios de comunicación social para luego convertirse en un cometa, que nadie sabe dónde termina.
Esas acciones constituyen una de las principales estocadas al estado de derecho y en consecuencia en contra de la democracia, cuya principal víctima es la sociedad, donde ya no caben más injusticias y asimetrías sociales.
Qué vergüenza!!.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.