No Hay Moral Para Enjuiciar a Nadie 

Independientemente que hayan o no indicios de los delitos cometidos por el dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel cuando se desempeñó como director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en cuya administración se sustrajeron mil quinientos millones de pesos y 56.4 millones de dólares,  la Procuraduría General de la República ni el Poder Judicial tienen moral para exigir, promover y justificar su condena.

El principio de que la ley es igual para todos es un verdadero mito, porque cuando hay impunidad para unos, no hay nada que justifique la condena de otros.

Hace mucho que la República Dominicana es una especie de tierra de nadie o tal vez lo más correcto sería decir de unos pocos que actúan al margen de la ley sin que les teman a un régimen de consecuencias, porque definitivamente éste no existe.

El país se caracteriza hoy día por una mala, muy mala, administración de justicia y de una consecuente denegación de la misma, lo cual nos ubica en una sociedad  distante de la civilización, que se mide, principalmente, por su estado de derecho, donde la ley se aplica en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los ciudadanos.

No tenemos la menor duda del tigueraje y el arrojo que caracteriza a la gran mayoría de los dirigentes políticos del país, pero lamentablemente el Estado a través del Ministerio Público y el sistema de justicia ya no tiene la más mínima credibilidad para enjuiciar a nadie, porque no hay quien crea en esos procesos judiciales.

La decisión del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional es otro simulacro del sistema de justicia para promover una supuesta vocación de perseguir el delito, sobre todo de los desfalcos de los recursos del patrimonio público, que no existe en su íntima convicción, recurso utilizado para liberar y exonerar de culpas a ladrones confesos y no confesos.

Igual debe decirse de la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo, que más que para perseguir el robo del patrimonio público mediante las diferentes variantes del peculado existente en el país, forma parte del entramado de corrupción que prevalece en la nación y no hace otra cosa que promover la impunidad.

¿Puede la Procuraduría General de la República perseguir una condena en contra de aquellos que se han robado los dineros del erario nacional?, cuando excluye de un expediente al senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luís René Canaán, quien luego de demostrarse su participación en el caso de los Súper Tucanos lo sacan del expediente para que no pague por sus delitos, ya sea a nivel social cuando tal vez no sea posible a nivel judicial.

De igual Modo, el Ministerio Público ha sido en cierto modo cómplice del proceso seguido a los involucrados en el caso Odebrecht, cuya culpabilidad alcanza también a la propia Presidencia de la República.

Quién en la República Dominicana podrá creer que Héctor Rodríguez Pimentel y sus supuestos cómplices van a pagar por los hechos imputados cuando todo el mundo, la sociedad en su conjunto, sabe perfectamente que se trata de un show montado por las instancias con la responsabilidad de combatir este tipo de crimen.

Lo de Rodríguez Pimentel es otro capítulo de una novela muy mal concebida por las autoridades del Estado dominicano, donde la impunidad es parte de su plan estratégico para que los políticos y otros actores de la vida nacional se lleven entre sus garras el más mínimo recurso de propiedad pública.

El Ministerio Público y el sistema de justicia deben tirar ese hueso a otro perro, porque nadie cree en esos engaños y montajes para aparentar una supuesta persecución de los ladrones que a través de los partidos políticos han depredado las riquezas nacionales.

Es bueno que la Procuraduría General de la República y todo el sistema de justicia sepan que son una vergüenza nacional y que forman parte de una cadena de complicidad que sale desde el Palacio Nacional, llega hasta un amplio sector del empresariado y que penetra a los medios de comunicación social para luego convertirse en un cometa, que nadie sabe dónde termina.

Esas acciones constituyen una de las principales estocadas al estado de derecho y en consecuencia en contra de la democracia, cuya principal víctima es la sociedad, donde ya no caben más injusticias y asimetrías sociales.

Qué vergüenza!!.