Opinión
No hay vía institucional para derrotar la dictadura morada
Por Narciso Isa Conde
Estamos de frente a una dictadura constitucional corrupta y corruptora, acaudillada ahora por el Presidente Danilo Medina, como ayer lo estuvo bajo el mando del ex-presidente Leonel Fernández. Siempre sumisa a la actual estrategia neoliberal del gran capital local y transnacional.
Esta dictadura, a través de su viciado sistema judicial y de sus maleadas entidades de fiscalización e investigación (Ministerio Público, Cámara de Cuentas, Policía Nacional, DNI, DNCD, J2…), garantiza impunidad a todos/as lo/as delincuentes de Estado protegidos/as por el gobierno o asociados al poder estatal; sean funcionarios civiles o militares, o dirigentes políticos y empresarios de diversos calibres.
• LA DICTADURA PUDRE AL EXTREMO INSTITUCIONES Y PARTIDOS.
Todo se manipula desde dos instancias combinadas: la Presidencia de la República y el Comité Político del partido de gobierno y Estado, convertido en una corporación político-económica.
El dominio de esa cúpula mafiosa ha infectado -con sus prácticas clientelistas, nepóticas y bandidezcas- todos los peldaños de la institucionalidad vigente; provocando a la vez la putrefacción del poder constituido a todos los niveles: congreso, alcaldías, judicatura, cuerpos castrenses, cúpulas empresariales, sistema de comunicación…
Danilo es un déspota astuto, sin escrúpulos, escasamente ilustrado.
Una caricatura de Trujillo e incluso de Balaguer, a quien procura imitar en lo taimado y calculador, practicante por demás del neoliberalismo empobrecedor de multitudes y aferrado al reeleccionismo mediante el uso abusivo del patrimonio público y el control absoluto del sistema electoral y de una gran parte de los llamados partidos, mutados a negocios de alta rentabilidad.
El sistema tradicional de partidos también se pudrió, incluido el PRM y gran parte del frente opositor, atrapados sus componentes por su pasado corrupto o por su cretinismo institucionalista, o por ambas penas a la vez.
El PRM redujo a una mínima expresión al PRD para seguir con una parte de los corruptos a cuesta y continuar trillado la ruta de una institucionalidad que impide la alternabilidad incluso entre las derechas y aplasta sin piedad la llamada “democracia electoral”; en tanto que a lo interno la facción de Hipólito Mejía está bajo el influjo del soborno oficial, reeditando el despreciable rol de la facción de Vargas Maldonado.
Por su parte, Alianza País y el Frente Amplio, sin fundamentar los por qué, no se deciden a deslindar campo con un frente opositor infectado por escorias políticas, incluida una facción de la mugre balaguerista. Al parecer una parte de sus dirigentes, atados a un electoralismo infecundo, se resisten a desechar categóricamente la ruta electoral manipulada por el pele-danilismo y la institucionalidad bajo su control.
• SE CIERRA MAS LA VÍA ELECTORAL.
Todo lo que está aconteciendo alrededor del proyecto de ley de partidos, de las primarias abiertas o cerradas, de los padrones contaminados y contaminables, del reparto de los recursos públicos, de las contradicciones Danilo-Leonel y PLD-PRM-oposición y del manto de impunidad que vuelve a proteger a corruptos oficialistas y a corruptos opositores, confirma que no hay vía institucional para ponerle fin a la dictadura morada.
No hay vía electoral porque está bajo control del Presidente de la República y del Comité Político peledeísta; y Danilo y su clan, acaudillando el sistema, se dispone a asaltar más grupos y partidos opositores y a acorralar a Leonel y a la debilitada oposición interna. A eso sirve el esquema de las primarias abiertas con el padrón de la JCE (simultáneas o no), que procuran imponer con muchas posibilidades de lograrlo.
• LA VÍA DEL CAMBIO: DEMOCRACIA DE CALLE.
La vía para derrotar la dictadura morada, para lograr un cambio político sustancial que permita detener este estado de cosas e iniciar transformaciones estructurales profundas, es extra-institucional.
Es la democracia de calle… hasta alcanzar un nivel de presión plebiscitaria que provoque el desplome de este gobierno y de estas instituciones bajo su control.
Democracia de calle es movilización multitudinaria, paralizaciones y demostraciones contundentes, toma del territorio nacional neutralizando la represión y conquistando el corazón de civiles y militares hasta conformar una mayoría aplastante.
Democracia de calle es movilización y paralización en grande acompañada de una propuesta alternativa: una transición democrática que contemple la ruptura del poder constituido, la creación previa del poder constituyente y un gobierno colegiado provisional comprometido a corto plazo con la convocatoria y organización de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA, conformada con altos niveles de participación y creatividad popular, destinada a reconstruir la república y la sociedad, y a dejar atrás el nefasto modelo neoliberal.
El partidismo tradicional está descartado para transitar esa nueva ruta.
El poder de convocatoria se trasladó a la formidable confluencia política-social y cultural que está encarnando MARCHA VERDE y ésta, para seguir creciendo en cantidad y calidad, debe en lo adelante dar respuesta progresiva y ascendente a ese desafío ineludible; dado que el fin de la impunidad y la corrupción equivale al fin de este sistema putrefacto y al renacimiento de la republica democrática, soberana y humanamente solidaria.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.