Opinión
No nos quedemos en la superficie
Por Narciso Isa Conde
Es necesario ir al fondo de ese choque entre la Fiscal de la Capital, Jenny Berenice Reynoso, y la jueza Cristo Cristo, encargada del expediente de corrupción del ex –Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Díaz Rúa; una de las grandes alcancías del ex-presidente Leonel Fernández articulada a los carteles de la construcción y a la corrupción estatal.
Jenny, que confiesa y tiene a orgullo haber sido entrenada por el FBI (y casi seguro también por la DEA), le enrostró en audiencia cerrada a la jueza Cristo Cristo actuar por encargo (y bajo presión y soborno, digo yo) del ex-Procurador General Radhamés Jiménez, quien sirve a los intereses de la Corporación Política-Económica de Leonel Fernández y coordina el aparato judicial morado al servicio de su impunidad.
Jenny, tan agresiva en el caso Díaz Rúa, no le dio curso a la bien fundamentada denuncia-querella presentada por el jurista y dirigente político Guillermo Moreno, estructurada directamente contra Leonel y su FUNDACIÓN GLOBAL.
Jenny, en contraste con esa plausible verticalidad frente a Díaz Rúa, ha sostenido una falsa acusación contra los estudiantes FELABEL, víctimas durante largo meses de una mendaz acusación instrumentada por esta policía criminal; y, además, me consta que rehuyó responsabilidades en el espinoso caso ANTENA LATINA-BONETTI-FANTASMA-
Es decir, Jenny no es tan Jenny en todos los casos.
Depende.
TRAS EL TELÓN.
¿Cuál es entonces el entre-telón de esta interesante “obra judicial”?
Luce ser eminentemente político.
Es decir, Cristo-Cristo no es fundamentalmente ella y Jenny Berenice no es solo ella.
Jenny Berenice, a diferencia de la Cristo, no es corrupta, incluso ha enfrentado significativos casos de corrupción; pero a la vez es sistémica, funciona como pieza del orden judicial global de la era neo-liberal y está alineada con una de las facciones de poder en pugna, ya sea por razones de sobrevivencia burocrática, o ya por convicción.
Detrás de la primera está el alto funcionario inculpado (con un fardo de pruebas contundentes en su contra); y, sobre todo, están los que desde el mero cuerpo del delito, sede de la corporación (Fundación Global), mueven todo su poder y su dinero mal habido para detener ese proceso: Leonel ordena y Radhamés Jiménez opera. Jesucristo, por cierto, está muy lejos de ahí.
Detrás de Jenny está el verdadero jefe de esa parte del Ministerio Público: el Presidente Medina, interesado en presionar y debilitar (que no en encausar y condenar ejemplarmente al ex-presidente Fernández), quienes compiten por espacio de poder al interior de a cúpula del PLD y del Estado y pelean por la preeminencia política, tanto ahora como para antes y después del 2016, sin descartar acuerdos forzados.
ATAQUES, CONTRA-ATAQUES Y PACTOS.
El Presidente Danilo Medina paró en seco -primero vía el Procurador General Domínguez Brito y luego vía Jenny Berenice- el encausamiento directo de Leonel Fernández. Sibilino al fin, calculó presionar indirectamente golpeando un doloroso tumor cercano al cuerpo del ex monarca; evitando así chocar de frente y convertir en insalvable e incontenible la contradicción.
El mismo Danilo que salvó a Leonel, alienta soterradamente el expediente de Díaz Rúa sustentado por entidades bajo su control y operadas por uno de sus grandes “guates” en el área mediática de creación de opinión públicas: Freddy Aguasvivas, que a su vez es parte del equipo de Gedeón Santos (Presidente de INDOTEL), principal promotor de su re-postulación-reelección a contra-corriente de las pretensiones de Leonel. Ambos alfiles del nuevo rey tienen sus blancos de ataque preferidos en materia de corrupción.
El ex- presidente presiona con su relanzamiento y con sucesivas maniobras instrumentadas por los componentes de la parte de la dictadura institucional que todavía controla a nivel de JCE, TSE, TC, CÁMARA DE CUENTA CONGRESO, de cohollo partidario y de las cuotas que le han sido concedidas a nivel de Gobierno Central…Recientemente logró anular en el TSE las elecciones peledeístas del distrito #3 de la Capital, en la que el danilismo a base de trampas -y emulándolo a él- le comió los caramelos.
El presidente contra-ataca por debajo para obligarlo a recular, evitando a la vez que la sangre llegue al río y que el pleito se convierta en ruptura y en debilitamiento de ambos frente a terceros.
Es una pelea política y politiquera bien dosificada, en la que las competencias y los pactos puntuales van de la mano; todo esto conectado a poderosas facciones económicas, zonas políticas, empresariales y mafiosas en disputas, acompañadas de maniobras de parte y parte para atraer sus favores.
El nombramiento de Pelegrín Castillo en el Ministerio de Minería y las desmedidas concesiones a los Vinchos es el producto de uno de esos pactos, fruto de esa competencia espuria; hecho ominoso a derrotar para definir la suerte de los recursos naturales del país y muy especialmente para el destino de Loma Miranda.
El encausamiento de Díaz Rúa es producto de esa mismacompetencia para obligar a la otra parte a recular. El caso Félix (el Gato) Bautista, el personero más vulnerable de toda la pandilla, es útil a esos fines y Leonel, con R. Jiménez a la cabeza del operativo seudo jurídico, hace lo indecible por bloquear la acción de justicia.
Así lo es en el sentido inverso de los designios del Palacio, la ida de Garzón y R. Jiménez a Loma Miranda para expresarse a favor de ese tesoro natural sea declarada Parque Nacional (Danilo está “tuche” por el pueblo mientras no desista de inclinarse por favorecer a FALCONDO en ese punto nodal); y lo es también la manera hipócrita como Leonel maneja la sentencia racista del TC, siendo su principal ideólogo; mientras su facción en el Estado obstruye el maquillaje que Danilo quiere darle a esa espinosa cuestión con la ley de naturalización.
UN MACH DEPENDE DEL OTRO: SOLO EL PUEBLO SE SALVA A SÍ MISMO.
El mach Berenice-Cristo Cristo está pues totalmente condicionado por las características del mach Leonel- Danilo al interior del Comité Político Morado y de la dictadura institucionalizada que ese organismo controla y manipula. Ambas, la jueza y la fiscal, están metidas en las patas de esos caballos.
Berenice, torpe o interesadamente orgullosa de ser de la escuela de FBI, en ese caso está colocada del lado contrario a la impunidad. Y eso es bueno.
La interrogante es hasta donde llegará con esos condicionantes que incluyen la decisión de Danilo de usar ese expediente con fines de presión política y no para hacer justicia; evidente, además, la existencia instancias judiciales superiores bajo la perversa tutela de Leonel.
Por lo que es claro que la impunidad solo podrá ser erradicada de cuajo con una persistente y creciente movilización popular, retomando lo acontecido a finales del 2012. Esto es, a lo Loma Miranda hoy.
¡El pueblo se salva si se levanta! El pueblo se salva si crea contra-poder! No hay de otra.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.