Opinión
No nos quedemos en la superficie
Por Narciso Isa Conde
Es necesario ir al fondo de ese choque entre la Fiscal de la Capital, Jenny Berenice Reynoso, y la jueza Cristo Cristo, encargada del expediente de corrupción del ex –Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Díaz Rúa; una de las grandes alcancías del ex-presidente Leonel Fernández articulada a los carteles de la construcción y a la corrupción estatal.
Jenny, que confiesa y tiene a orgullo haber sido entrenada por el FBI (y casi seguro también por la DEA), le enrostró en audiencia cerrada a la jueza Cristo Cristo actuar por encargo (y bajo presión y soborno, digo yo) del ex-Procurador General Radhamés Jiménez, quien sirve a los intereses de la Corporación Política-Económica de Leonel Fernández y coordina el aparato judicial morado al servicio de su impunidad.
Jenny, tan agresiva en el caso Díaz Rúa, no le dio curso a la bien fundamentada denuncia-querella presentada por el jurista y dirigente político Guillermo Moreno, estructurada directamente contra Leonel y su FUNDACIÓN GLOBAL.
Jenny, en contraste con esa plausible verticalidad frente a Díaz Rúa, ha sostenido una falsa acusación contra los estudiantes FELABEL, víctimas durante largo meses de una mendaz acusación instrumentada por esta policía criminal; y, además, me consta que rehuyó responsabilidades en el espinoso caso ANTENA LATINA-BONETTI-FANTASMA-
Es decir, Jenny no es tan Jenny en todos los casos.
Depende.
TRAS EL TELÓN.
¿Cuál es entonces el entre-telón de esta interesante “obra judicial”?
Luce ser eminentemente político.
Es decir, Cristo-Cristo no es fundamentalmente ella y Jenny Berenice no es solo ella.
Jenny Berenice, a diferencia de la Cristo, no es corrupta, incluso ha enfrentado significativos casos de corrupción; pero a la vez es sistémica, funciona como pieza del orden judicial global de la era neo-liberal y está alineada con una de las facciones de poder en pugna, ya sea por razones de sobrevivencia burocrática, o ya por convicción.
Detrás de la primera está el alto funcionario inculpado (con un fardo de pruebas contundentes en su contra); y, sobre todo, están los que desde el mero cuerpo del delito, sede de la corporación (Fundación Global), mueven todo su poder y su dinero mal habido para detener ese proceso: Leonel ordena y Radhamés Jiménez opera. Jesucristo, por cierto, está muy lejos de ahí.
Detrás de Jenny está el verdadero jefe de esa parte del Ministerio Público: el Presidente Medina, interesado en presionar y debilitar (que no en encausar y condenar ejemplarmente al ex-presidente Fernández), quienes compiten por espacio de poder al interior de a cúpula del PLD y del Estado y pelean por la preeminencia política, tanto ahora como para antes y después del 2016, sin descartar acuerdos forzados.
ATAQUES, CONTRA-ATAQUES Y PACTOS.
El Presidente Danilo Medina paró en seco -primero vía el Procurador General Domínguez Brito y luego vía Jenny Berenice- el encausamiento directo de Leonel Fernández. Sibilino al fin, calculó presionar indirectamente golpeando un doloroso tumor cercano al cuerpo del ex monarca; evitando así chocar de frente y convertir en insalvable e incontenible la contradicción.
El mismo Danilo que salvó a Leonel, alienta soterradamente el expediente de Díaz Rúa sustentado por entidades bajo su control y operadas por uno de sus grandes “guates” en el área mediática de creación de opinión públicas: Freddy Aguasvivas, que a su vez es parte del equipo de Gedeón Santos (Presidente de INDOTEL), principal promotor de su re-postulación-reelección a contra-corriente de las pretensiones de Leonel. Ambos alfiles del nuevo rey tienen sus blancos de ataque preferidos en materia de corrupción.
El ex- presidente presiona con su relanzamiento y con sucesivas maniobras instrumentadas por los componentes de la parte de la dictadura institucional que todavía controla a nivel de JCE, TSE, TC, CÁMARA DE CUENTA CONGRESO, de cohollo partidario y de las cuotas que le han sido concedidas a nivel de Gobierno Central…Recientemente logró anular en el TSE las elecciones peledeístas del distrito #3 de la Capital, en la que el danilismo a base de trampas -y emulándolo a él- le comió los caramelos.
El presidente contra-ataca por debajo para obligarlo a recular, evitando a la vez que la sangre llegue al río y que el pleito se convierta en ruptura y en debilitamiento de ambos frente a terceros.
Es una pelea política y politiquera bien dosificada, en la que las competencias y los pactos puntuales van de la mano; todo esto conectado a poderosas facciones económicas, zonas políticas, empresariales y mafiosas en disputas, acompañadas de maniobras de parte y parte para atraer sus favores.
El nombramiento de Pelegrín Castillo en el Ministerio de Minería y las desmedidas concesiones a los Vinchos es el producto de uno de esos pactos, fruto de esa competencia espuria; hecho ominoso a derrotar para definir la suerte de los recursos naturales del país y muy especialmente para el destino de Loma Miranda.
El encausamiento de Díaz Rúa es producto de esa mismacompetencia para obligar a la otra parte a recular. El caso Félix (el Gato) Bautista, el personero más vulnerable de toda la pandilla, es útil a esos fines y Leonel, con R. Jiménez a la cabeza del operativo seudo jurídico, hace lo indecible por bloquear la acción de justicia.
Así lo es en el sentido inverso de los designios del Palacio, la ida de Garzón y R. Jiménez a Loma Miranda para expresarse a favor de ese tesoro natural sea declarada Parque Nacional (Danilo está “tuche” por el pueblo mientras no desista de inclinarse por favorecer a FALCONDO en ese punto nodal); y lo es también la manera hipócrita como Leonel maneja la sentencia racista del TC, siendo su principal ideólogo; mientras su facción en el Estado obstruye el maquillaje que Danilo quiere darle a esa espinosa cuestión con la ley de naturalización.
UN MACH DEPENDE DEL OTRO: SOLO EL PUEBLO SE SALVA A SÍ MISMO.
El mach Berenice-Cristo Cristo está pues totalmente condicionado por las características del mach Leonel- Danilo al interior del Comité Político Morado y de la dictadura institucionalizada que ese organismo controla y manipula. Ambas, la jueza y la fiscal, están metidas en las patas de esos caballos.
Berenice, torpe o interesadamente orgullosa de ser de la escuela de FBI, en ese caso está colocada del lado contrario a la impunidad. Y eso es bueno.
La interrogante es hasta donde llegará con esos condicionantes que incluyen la decisión de Danilo de usar ese expediente con fines de presión política y no para hacer justicia; evidente, además, la existencia instancias judiciales superiores bajo la perversa tutela de Leonel.
Por lo que es claro que la impunidad solo podrá ser erradicada de cuajo con una persistente y creciente movilización popular, retomando lo acontecido a finales del 2012. Esto es, a lo Loma Miranda hoy.
¡El pueblo se salva si se levanta! El pueblo se salva si crea contra-poder! No hay de otra.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.