Opinión
¡No nos representan y sirven a lo peor!
Por Narciso Isa Conde
Es trascendente debatir la postura de las fuerzas transformadoras del país respecto al devenir y la actualidad de las instituciones estatales y los llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, militar-policial…más aun en este momento en que crece la indignación y se abren la compuertas de las movilizaciones creativas y contestarias, repleta de juventud, como lo evidencia lo acontecido en varios parques del país el domingo 11 de noviembre.
El titular del Poder Ejecutivo es el producto de una imposición a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.
Es, por tanto, un presidente de la República ilegitimo, carente de autoridad moral y política y de disposición para convocar diálogos participativos. Un presidente que no nos representa.
Ese presidente está montado sobre una Constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una “dictadura constitucional” o una “dictadura institucionalizada” y gansterizada, al servicio de una corporación político-económica, integrada por la cúpula corrompida y corruptora del PLD y sus empresarios favoritos.
¿Si o no?
Poderes, corporación de la corrupción y elites capitalistas.
El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial, la Cámara de Cuentas y una parte del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de esa corporación de la corrupción y de los receptores de las súper-ganancias capitalistas, vía nuevas formas de acumulación originarias y de “facilidades escandalosas”.
¡Esas instituciones y sus integrantes no nos representan!
Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo pasaron a jugar un papel significativo tan pronto logró su postulación a la presidencia por la logia morada y su imposición como candidato “ganador”.
En el PLD los intereses corporativos en la política han pesado más que las diferencias internas existentes, independientemente de que ellas vuelvan a agudizarse y de que la facción más desacreditada (leonelista) pierda terreno en situaciones más adversas como las que se están desarrollando con el creciente clamor nacional que pide enjuiciar a Leonel y a su claque civil y militar y expropiar sus fortunas mal habidas.
El gobierno actual es una amalgama de leonesismo y danilismo, de facciones de la burguesía transnacional y criolla y de una prepotente elite morada enriquecida a través de múltiples delitos de Estado y disfrutadora de grandes privilegios cuestionados por gran parte de la sociedad. ¡No nos representa!.
Esa amalgama además se hace cómplice de la permanencia de la reino de la impunidad que las protege contra toda acción de justicia.
El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente que comparte y se apoya en ese engendro político-social dominante que no representa a la sociedad.
¿Si o no?
Tutela imperial neoliberal e institucionalidad secuestrada.
La estrategia neoliberal que encarnan el FMI, el BM, el G 7 -impuesta desde los centros decisivos del capitalismo global y en particular desde EE.UU.- y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una claque política tradicional cada vez más degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral de este país, que le sirve solo a esos intereses.
La voracidad extrema del gran capital, la competitividad rapaz (que también infecta a la partidocracia), la subcultura del lucro privado a como de lugar, el egoísmo desbordado (aupado por la concepción neoliberal que aplasta lo social y convierte todo en mercancía), ha convertido al Estado y al patrimonio público y natural del país en presa delincuentes y magnates inescrupulosos. En un Estado enemigo de casi toda la sociedad.
Y con las instituciones civiles y militares del Estado al servicio de ellos y estructurada como propiedad de sus facciones políticas convertidas en compañías por acciones, todo irá para peor. Todo lo malo pasará a “ser razón de Estado” y “decisión de gobierno” en sentido general, lo que no excluye ciertos giros momentáneos y sinuosidades engañosas forzadas por la presión popular.
Con este orden constitucional–institucional no habrá “gestión pública res- ponsable”, ni ”régimen fiscal justo”; menos aun un pacto educacional “digno”, una política energética “para el bien común” o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.
¡Hasta lo que se conquista fuera de ellas o contra ellas, tarde o temprano lo pervierten!
Al 4% para la educación ya le encasquetaron el paquetazo tributario, mientras el gran capital privado asecha su ejecución para cogerse un buena parte del mismo para sus proyectos educativos lucrativos.
¿Si o no?
¿Por qué entonces no comenzar a impugnar esas instituciones?
Entonces, si en lo esencial es así y si es cierto el proceso de decadencia y putrefacción de estas instituciones: ¿para qué solicitarles una y otra vez que resuelvan los graves problemas que ellas y sus gestores han creado?
¿Por qué no comenzar a impugnarlas, a convertir en clamor nacional el hecho incontrovertible de que no nos representan?
Entonces, si son ya instituciones decadentes, infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar de ellas lo que siempre han rechazado?, ¿por qué seguir haciéndole el juego a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.
La estrategia social-reformista no tiene espacio en este tipo Estado.
La gente honesta, seria, que todavía piensa en ella, o que se deja atrapar por esa estrategia de respeto a las instituciones, debe disponerse a revisarla para negarla a favor de una estrategia realmente transformadora, que implica negar los poderes desacreditados, crear contrapoderes, propugnar por una nueva institucionalidad, vincular las reivindicaciones y reformas avanzadas al cambio político, a la CONSTITUYENTE POPULAR; esto es, politizar la luchas y las protestas en dirección al poder del pueblo, a la democracia participativa e integral.
Una estrategia transformadora y creadora de lo nuevo, que pasa por negar a los políticos del sistema sin negar la política revolucionaria, que impulse la confluencia de las fuerzas políticas alternativas al sistema imperantes y los movimientos sociales y políticos-sociales contestatarias, de las diferentes generaciones, géneros, de lo popular y los sectores medios en franca rebeldía… de todos los grupos sociales excluidos y afectados por el poder establecido en descomposición. Todo esto con un gran sentido innovador.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.