¡No nos representan y sirven a lo peor!

Por Narciso Isa Conde

Es trascendente debatir la postura de las fuerzas transformadoras del país respecto al devenir y la actualidad de las instituciones estatales y los llamados poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, militar-policial…más aun en este momento en que crece la indignación y se abren la compuertas de las movilizaciones creativas y contestarias, repleta de juventud, como lo evidencia lo acontecido en varios parques del país el domingo 11 de noviembre.

El titular del Poder Ejecutivo es el producto de una imposición  a través de trampas, sobornos, clientelismo, asociación con malhechores, tráfico de influencias, represiones, abuso de poder, dictadura mediática y manipulación del sistema electoral.

Es, por tanto, un presidente de la República ilegitimo, carente de autoridad moral y política y de disposición para convocar diálogos participativos. Un presidente que no nos representa.

Ese presidente está montado sobre una Constitución diseñada e impuesta para conformar lo que se ha llamado una “dictadura constitucional” o una “dictadura institucionalizada” y gansterizada, al servicio de una corporación político-económica, integrada por la cúpula corrompida y corruptora del PLD y sus empresarios favoritos.

¿Si o no?

Poderes, corporación de la corrupción y elites capitalistas.

El poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, el poder militar-policial, la Cámara de Cuentas y una parte del poder mediático… conforman una cadena de instituciones bajo control de esa corporación de la corrupción y de los receptores de las súper-ganancias capitalistas, vía nuevas formas de acumulación originarias y de “facilidades escandalosas”.

¡Esas instituciones y sus integrantes no nos representan!

Esa dictadura institucionalizada ya no solo responde a su principal ideólogo, Leonel Fernández, sino que es compartida y está siendo manejada a través de un pacto concertado en la cúpula peledeísta, en el que Danilo Medina y el danilismo pasaron a jugar un papel significativo tan pronto logró su postulación a la presidencia por la logia morada y su imposición como candidato “ganador”.

En el PLD los intereses corporativos en la política han pesado más que las diferencias internas existentes, independientemente de que ellas vuelvan a agudizarse y de que la facción más desacreditada (leonelista) pierda terreno en situaciones más adversas como las que se están desarrollando con el creciente clamor nacional que pide enjuiciar a Leonel y a su claque civil y militar y expropiar sus fortunas mal habidas.

El gobierno actual es una amalgama de leonesismo y danilismo, de facciones de la burguesía transnacional y criolla y de una prepotente elite morada enriquecida a través de múltiples delitos de Estado y disfrutadora de grandes privilegios cuestionados por gran parte de la sociedad. ¡No nos representa!.

Esa amalgama además se hace cómplice de la permanencia de la reino de la impunidad que las protege contra toda acción de justicia.

El reciente paquetazo neoliberal y la forma de imponerlo ha sido muy revelador de las esencias de un viejo régimen con un nuevo presidente que comparte y se apoya en ese engendro político-social dominante que no representa a la sociedad.

¿Si o no?

Tutela imperial neoliberal e institucionalidad secuestrada.

La estrategia neoliberal que encarnan el FMI, el BM, el G 7 -impuesta desde los centros decisivos del capitalismo global y en particular desde EE.UU.- y el creciente proceso de putrefacción institucional a cargo de una claque política tradicional cada vez más degenerada, impiden que cualquier reivindicación de justicia o de bienestar colectivo pueda tener espacio en el seno del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral de este país, que le sirve solo a esos intereses.

La voracidad extrema del gran capital, la competitividad rapaz (que también infecta a la partidocracia), la subcultura del lucro privado a como de lugar, el egoísmo desbordado (aupado por la concepción neoliberal que aplasta lo social y convierte todo en mercancía), ha convertido al Estado y al patrimonio público y natural del país en presa delincuentes y magnates inescrupulosos. En un Estado enemigo de casi toda la sociedad.

Y con las instituciones civiles y militares del Estado al servicio de ellos y estructurada como propiedad de sus facciones políticas convertidas en compañías por acciones, todo irá para peor. Todo lo malo pasará a “ser razón de Estado” y “decisión de gobierno” en sentido general, lo que no excluye ciertos giros momentáneos y sinuosidades engañosas forzadas por la presión popular.

Con este orden constitucional–institucional no habrá “gestión pública res-  ponsable”, ni ”régimen fiscal justo”; menos aun un pacto educacional “digno”, una política energética “para el bien común” o políticas públicas que preserven el ambiente y el patrimonio natural y cultural de la nación.

¡Hasta lo que se conquista fuera de ellas o contra ellas, tarde o temprano lo pervierten!

Al 4% para la educación ya le encasquetaron el paquetazo tributario, mientras el gran capital privado asecha su ejecución para cogerse un buena parte del mismo para sus proyectos educativos lucrativos.

¿Si o no?

¿Por qué entonces no comenzar a impugnar esas instituciones?

Entonces, si en lo esencial es así y si es cierto el proceso de decadencia y putrefacción de estas instituciones: ¿para qué solicitarles una y otra vez que resuelvan los graves problemas que ellas y sus gestores han creado?

¿Por qué no comenzar a impugnarlas, a convertir en clamor nacional el hecho incontrovertible de que no nos representan?

Entonces, si son ya instituciones decadentes, infuncionales para la sociedad: ¿para qué esperar de ellas lo que siempre han rechazado?,  ¿por qué seguir haciéndole el juego a sus simulaciones?, ¿por qué no decidirnos a acorralarlas, impugnarlas, cercarlas y resquebrarlas camino a su reemplazo vía la Constituyente Popular.

La estrategia social-reformista no tiene espacio en este tipo Estado.

La gente honesta, seria, que todavía piensa en ella, o que se deja atrapar por esa estrategia de respeto a las instituciones, debe disponerse a revisarla para negarla a favor de una estrategia realmente transformadora, que implica negar los poderes desacreditados, crear contrapoderes, propugnar por una nueva institucionalidad, vincular las reivindicaciones y reformas avanzadas al cambio político, a la CONSTITUYENTE POPULAR; esto es, politizar la luchas y las protestas en dirección al poder del pueblo, a la democracia participativa e integral.

Una estrategia transformadora y creadora de lo nuevo, que pasa por negar a los políticos del sistema sin negar la política revolucionaria, que impulse la confluencia de las fuerzas políticas alternativas al sistema imperantes y los movimientos sociales y políticos-sociales contestatarias, de las diferentes generaciones, géneros, de lo popular y los sectores medios en franca rebeldía… de todos los grupos sociales excluidos y afectados por el poder establecido en descomposición. Todo esto con un gran sentido innovador.