Santo Domingo, RD.-Son sepultados en fosas comunes los dominicanos muertos en Nueva York como consecuencia del coronavirus con el fin de evitar mayores contagios de la enfermedad.
De acuerdo con datos suministrados, se estima que cerca de 200 criollos habrían fallecido en esa ciudad afectados de coronavirus.
La información fue confirmada por el director de comunicación corporativa de la empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), Luis López, quien aseguró que por el área de carga del aeropuerto Las Américas, que es el lugar por donde se reciben los cadáveres, no ha sido trasladado cuerpos de criollos fallecidos en Estados Unidos por la enfermedad.
“Nosotros tenemos entendido que las autoridades sanitarias de Nueva York, lo que están haciendo es enterrando a esos cuerpos en fosas comunes, de manera provisional”, enfatizó.
Explicó que regularmente los restos de los dominicanos que mueren en el extranjero son recibidos por personal de la funeraria Blandino, que se encarga del manejo de los trámites para el traslado y los actos fúnebres a su llegada a la República Dominicana.
“Ellos me comunicaron que no han recibido ni un solo cadáver de los dominicanos que han fallecido en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Ni que habían recibido ninguna notificación previa de familiares sobre arribo cuerpos de parientes”, sostuvo.
Aclaró sin embargo, que los restos de criollos que han fallecido de otras causas si están siendo traídos al país, desde diferentes países. Pero que los decesos por causa del referido virus no están siendo trasladados.
De acuerdo con los datos suministrados, los cuerpos de los criollos muertos por Coronavirus han sido sepultados en fosas comunes en la isla de Hart, ubicada en el extremo noroeste de la Gran Manzana.
Ese lugar ha sido utilizado desde hace más de cien años para dar sepultura a cadáveres sin reclamar por los familiares, y ahora incluirá también a fallecidos por el COVID-19 que estén en esa misma situación.
En los últimos días el estado ha registrado un importante número de personas muertas por la pandemia. Epidemiólogos de servicios en el aeropuerto Las Américas, detallaron el peligro que representa para un médico epidemiólogo el proceso de embasamiento de cadáveres infectado de ese virus.
Indicaron que es una medida atinada tanto de las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York, como de Salud Pública de República Dominicana, impedir el proceso de preparación de los cuerpos fallecidos y su repatriación al país.
“Estos sería un foco terrible de contagios y de contaminación con el virus”, expresaron dos expertos epidemiólogos que dijeron no tienen autorización para hablar con los medios de prensa.
Actualmente las morgues de los hospitales de la ciudad están repletas de cuerpos y para su conservación han tenido que habilitar furgones refrigerados frente a las instalaciones de los centros de salud y así evitar que éstos de descompongan.
Desde los hospitales los cuerpos son trasladados a los cementerios y otros a fosas comunes de manera provisional. Sin que sus familiares puedan asistir a su funeral y de esa manera dale el último adiós, como es costumbre.
Una fuente consular en la ciudad de Nueva York, que prefirió mantenerse en el anonimato explicó que la mayoría de los familiares de los fenecidos no acuden a los hospitales a retirar los cadáveres al recibir la noticia de su deceso de los hospitales por temor a contagiarse con el virus.
Alega que éstos mejor prefieren que sean las autoridades sanitarias de la ciudad quienes los sepulten. La misma fuente reveló que extraoficialmente podría sobrepasar los doscientos dominicanos fallecidos por los estragos de la pandemia solo en la ciudad de Nueva York.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.