Santo Domingo, RD.-Son sepultados en fosas comunes los dominicanos muertos en Nueva York como consecuencia del coronavirus con el fin de evitar mayores contagios de la enfermedad.Más Noticias
Los cadáveres de los dominicanos muertos por el coronavirus en Nueva York no son traídos al país.
Santo Domingo, RD.-Son sepultados en fosas comunes los dominicanos muertos en Nueva York como consecuencia del coronavirus con el fin de evitar mayores contagios de la enfermedad.De acuerdo con datos suministrados, se estima que cerca de 200 criollos habrían fallecido en esa ciudad afectados de coronavirus.
La información fue confirmada por el director de comunicación corporativa de la empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), Luis López, quien aseguró que por el área de carga del aeropuerto Las Américas, que es el lugar por donde se reciben los cadáveres, no ha sido trasladado cuerpos de criollos fallecidos en Estados Unidos por la enfermedad.
“Nosotros tenemos entendido que las autoridades sanitarias de Nueva York, lo que están haciendo es enterrando a esos cuerpos en fosas comunes, de manera provisional”, enfatizó.
Explicó que regularmente los restos de los dominicanos que mueren en el extranjero son recibidos por personal de la funeraria Blandino, que se encarga del manejo de los trámites para el traslado y los actos fúnebres a su llegada a la República Dominicana.
“Ellos me comunicaron que no han recibido ni un solo cadáver de los dominicanos que han fallecido en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Ni que habían recibido ninguna notificación previa de familiares sobre arribo cuerpos de parientes”, sostuvo.
Aclaró sin embargo, que los restos de criollos que han fallecido de otras causas si están siendo traídos al país, desde diferentes países. Pero que los decesos por causa del referido virus no están siendo trasladados.
De acuerdo con los datos suministrados, los cuerpos de los criollos muertos por Coronavirus han sido sepultados en fosas comunes en la isla de Hart, ubicada en el extremo noroeste de la Gran Manzana.
Ese lugar ha sido utilizado desde hace más de cien años para dar sepultura a cadáveres sin reclamar por los familiares, y ahora incluirá también a fallecidos por el COVID-19 que estén en esa misma situación.
En los últimos días el estado ha registrado un importante número de personas muertas por la pandemia. Epidemiólogos de servicios en el aeropuerto Las Américas, detallaron el peligro que representa para un médico epidemiólogo el proceso de embasamiento de cadáveres infectado de ese virus.
Indicaron que es una medida atinada tanto de las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York, como de Salud Pública de República Dominicana, impedir el proceso de preparación de los cuerpos fallecidos y su repatriación al país.
“Estos sería un foco terrible de contagios y de contaminación con el virus”, expresaron dos expertos epidemiólogos que dijeron no tienen autorización para hablar con los medios de prensa.
Actualmente las morgues de los hospitales de la ciudad están repletas de cuerpos y para su conservación han tenido que habilitar furgones refrigerados frente a las instalaciones de los centros de salud y así evitar que éstos de descompongan.
Desde los hospitales los cuerpos son trasladados a los cementerios y otros a fosas comunes de manera provisional. Sin que sus familiares puedan asistir a su funeral y de esa manera dale el último adiós, como es costumbre.
Una fuente consular en la ciudad de Nueva York, que prefirió mantenerse en el anonimato explicó que la mayoría de los familiares de los fenecidos no acuden a los hospitales a retirar los cadáveres al recibir la noticia de su deceso de los hospitales por temor a contagiarse con el virus.
Alega que éstos mejor prefieren que sean las autoridades sanitarias de la ciudad quienes los sepulten. La misma fuente reveló que extraoficialmente podría sobrepasar los doscientos dominicanos fallecidos por los estragos de la pandemia solo en la ciudad de Nueva York.
EFE.- Una corte peruana ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por el presunto delito de colusión agravada en el caso del proyecto Gasoducto del Sur adjudicado a la constructora brasileña por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), según una resolución judicial publicada este sábado.
El juez Leodán Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido presentado por la fiscal Geovanna Mori, que tiene a cargo el proceso contra Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros coacusados por presuntamente haber recibido millonarios aportes de Odebrecht para sus campañas electorales.
La resolución, publicada por medios locales, indica que la prisión preventiva comenzará cuando Barata, que reside en Brasil, se entregue a la Policía Internacional (Interpol) o a las autoridades judiciales de Perú, vía extradición activa.
En tal sentido, el magistrado le dio diez días a Barata para ponerse a disposición del juzgado para la ejecución de la medida, bajo apercibimiento de solicitar a la Interpol su ubicación en el país en el que se encuentre para ejecutar la prisión preventiva.
El juez basó su resolución en la “sospecha fuerte” sobre la presunta participación de Barata en “los seis actos de presunta colusión agravada” en el contexto de los proyectos Kuntur y Gasoducto del sur.
Asimismo, Ayala agregó que “desde la fase de ejecución del primero hasta el otorgamiento de la buena pro del segundo”, se habría materializado la colusión entre Barata, como representante de Odebrecht en Perú, y Humala y su esposa con el propósito de “defraudar patrimonialmente al Estado” en beneficio de sus intereses particulares.
El juzgado sostuvo que la prisión preventiva es necesaria porque no existen otras medidas que sean igual ó mejor de efectivas para sujetar o cautelar la presencia del investigado ligado al proceso, pues se encuentra “fuera del alcance territorial de la jurisdicción” de la sala.
Barata tenía un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía de Perú, por el cual admitió los aportes ilegales otorgados en varios casos vinculados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García por el escándalo Lava Jato, sin embargo ese acuerdo fue anulado en junio pasado cuando se negó a testificar en el juicio contra Humala.
Actualmente, Humala y Heredia tienen en curso otro juicio por los aportes de Odebrecht y otros a sus campañas electorales de 2006 y 2011 por los que afrontan un pedido de cárcel de 20 y 26 años, respectivamente, por presunto lavado de activos.
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«El pueblo no podía pagar la factura de una fiesta en la que no participó», dice Danilo Medina.
Santo Domingo.- El pueblo dominicano no podía pagar la factura de una fiesta de la que no participó, según lo consideró el expresidente Danilo Medina, quien de esa manera saludo el retiro de la reforma fiscal por parte del presidente Luis Abinader.
El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que, debido al rechazo que generó la medida, al mandatario no le quedó otro camino que retirarla.
Medina fue consultado por los miembros de la prensa tras votar en el proceso interno de esa organización política.
«Le faltó consultar a la población», expresó el presidente del PLD, y consideró que el pueblo «le tumbó el pulso» a Abinader.
Danilo Medina ofreció estas declaraciones en la Casa Nacional del PLD, donde están instaladas seis mesas electorales para las votaciones de los miembros del Comité Central, que se llevan a cabo este domingo hasta las 5:00 de la tarde.
Proceso interno
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleva a cabo hoy sus elecciones internas para escoger 183 nuevos miembros del Comité Central.
Las elecciones se realizarán en 237 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, mediante el sistema de votación manual con boletas y padrones impresos.
Los electores habilitados en el padrón tienen la capacidad de escoger 183 nuevas plazas en el organismo de dirección del PLD, a partir de una propuesta de 553 candidatos y candidatas debidamente depurados que cumplieron con los requisitos establecidos en los estatutos partidarios.
El pasado viernes, en horas de la tarde, se retiraron de la sede nacional del PLD los últimos materiales que se utilizarán en las diferentes mesas, que incluyen el padrón fotográfico de los dirigentes autorizados, las boletas con los candidatos en la demarcación correspondiente, actas, las claves para la transmisión de los resultados, los folletos impresos que contienen el reglamento para la elección de los miembros del Comité Central y el instructivo para el proceso de votación y transmisión de resultados, así como las más recientes resoluciones y otros materiales.
SANTO DOMINGO. Como parte de la aceleración de los procesos penales que implementa el Poder Judicial el 78.4 % de los casos presentados a los departamentos judiciales de La Vega y San Francisco de Macorís estaban solucionados en agosto pasado.
Tales resultados obedecen a iniciativas como los mecanismos de aceleración del proceso penal que implementa el Poder Judicial en la República Dominicana.
Los datos fueron revelados durante el taller de planificación del Plan Decenal que estructura el Poder Judicial, con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Asimismo, el 50% de los tribunales de ambos departamentos están libres de mora o retardo judicial, de acuerdo a cifras divulgadas durante el taller regional Por una Justicia del Futuro.
Trascendió en ese escenario que en el Centro de Mediación de la región se adoptaron 277 acuerdos de casos mediante los métodos alternos de resolución de conflictos y se atendieron a 4,415 personas.
Las estdísticas también revelaron que entre el 2014 y el 2023 el 42% de las demandas fueron en materia penal, el 35% en civil y el resto en asuntos de de Niños, Niñas y Adolescentes, Inmobiliarias y Laborales.
Durante su intervención, con el tema “Visión de la Justicia del Futuro”, Henry Molina definió el taller como un proceso plural y abierto para definir qué justicia queremos.
Sostuvo que en este proceso de diálogo, el más amplio de la Institución, identificarán los desafíos de los próximos diez años.
De su lado, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, indicó que la justicia no debe ser vista sólo como un mecanismo para resolver conflictos, sino como un pilar fundamental en la transformación social.
agl/of-am