Editorial
No se Puede Tapar el Sol con un Dedo.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, acaba de emitir una carta en la que llama a sus adjuntos detener a las criticas calificadas como ácidas en contra de los jueces que conforman el sistema de justicia nacional.
Aunque la misiva de doña Miriam parece ser una reprimenda a Jeny Berenice Reynoso, quien es la que ha expresado en los últimos días juicios comprometedores para el Ministerio Público, la misma es válida para hacer algunas reflexiones sobre la referida comunicación.
Es importante establecer que la fiebre no está la sabana, sino en el enfermo, porque el descredito de los tribunales nacionales no es el resultado de lo que pueda decir el Ministerio Público, sino de los propios resultados, de una practica que es conocida por todo el pueblo dominicano.
Nadie que viva en la República Dominicana puede negar que los tribunales nacionales emiten sentencias que dejan una gran sensación de que el estado de derecho y la democracia murieron en el país.
Este fenómeno no es el resultado sólo del curso de los megas casos de corrupción administrativa que se conocen en diferentes tribunales, sino por lo que ocurre en todos los distritos judiciales del territorio nacional, donde llueven las decisiones al margen de las normas y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y hasta del derecho a la defensa.
De manera, que se trata de una realidad que su comprobación no es partir de lo que pueda decir un procurador adjunto, sino de los resultados, todo como consecuencia de que se trata de un problema integral que padece la sociedad dominicana.
Cada uno con sus propios perfiles, pero la judicatura nacional adolece del mismo problema que padece el Ministerio Público y su auxiliar la Policía Nacional, es decir, que es un asunto de carácter integral, no particular.
Todos los órganos y entes del Estado debían darse una miradita hacia su interior para que se puedan dar cuenta que el problema no consiste en que alguien esgrima alguna critica en contra de algunos de ellos, sino que los hechos hablan por sí solos.
En tal virtud, la carta de Miriam German Brito quizás persigue callar algún adjunto como Jeny Berenice Reynoso, pero no puede ser que sea verdad que sólo lo que se diga dañe la credibilidad del Poder Judicial y de los jueces en particular, ya que no hay forma de justificar un sistema que ya hiede por sus niveles de corrompimiento.
Miriam German Brito debía crear algún mecanismo que pueda evaluar mejor a los miembros de este órgano persecutor del crimen y el delito, porque si bien es cierto que las sentencias de los tribunales nacionales dejan generalmente mucho que desear, la realidad es que el Ministerio Público también anda manga por hombre y que cualquier crítica en contra de ambos tiene toda la justificación del mundo.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.