Opinión
Los Partidos Políticos: La Peor Lacra de la Democracia
Por José Cabral
En la República Dominicana sigue sobre el tapete el tema de las primarias abiertas y simultáneas a propósito de la posible aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
La propuesta proviene del sector que en la actualidad tiene el control del Estado, el de la corriente de Danilo Medina, y de acuerdo a los que objetan la propuesta sería como celebrar otras elecciones generales en el país.
También se argumenta que los partidos mayoritarios y con mayores recursos económicos contaminarían la elección interna de los más pequeños y que no cuentan con el dinero suficiente para contrarrestar lo que vendría en su contra.
Hay quienes también advierten que la aprobación de las primarias internas abiertas y simultáneas constituye una estocada mortal al sistema de partidos en la República Dominicana.
Hay que dejar lo suficientemente claro que si en algo anda mal la democracia dominicana es en lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque son los causantes de prácticamente todos los males que la aquejan.
De los partidos políticos sale el presidente de la República y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los jueces de los tribunales nacionales, es decir del Poder Judicial, lo cual nos indica que si hay un grave problema en la democracia dominicana hay que buscarlo en cada una de las parcelas políticas.
Siendo así, hay que necesariamente llegar a la conclusión que los partidos políticos deben ser obligados a cambiar su forma de actuar y eso sólo puede ocurrir transfiriendo el extraordinario poder que ahora tienen al pueblo dominicano y que en consecuencia su capacidad de seleccionar al futuro funcionario público descanse en el ciudadano.
En este caso habría que poner en una balanza qué es más perjudicial para la democracia dominicana si mantener primero una burocracia partidaria sumamente corrompida con recursos que provienen del Estado y al propio darle la facultad de escoger caprichosamente a candidatos, muchos de los cuales provienen del bajo mundo, y en cuya elección está de por medio el dinero pagado.
La realidad es que aunque la propuesta provenga del sector danilista con el propósito de cerrarle el paso al posible regreso al poder de Leonel Fernández, lo cierto es que de algún modo también constituye una forma de acabar con el poder inmedible de los partidos políticos que lo han corrompido todo en la llamada democracia representativa.
El poder más grande descansa actualmente en los partidos políticos, cuyas cúpulas no sólo son los responsables en el manejo poco transparente de los recursos públicos que pone en sus manos la ley a través de la Junta Central Electoral, sino que también han corrompido hasta más no poder a todo el Estado dominicano.
Habría que reconocer que las primarias abiertas y simultaneas ofrecen la posibilidad de manipulación de los resultados, pero también hay que tener claro que un ciudadano difícilmente el mismo día podrá votar en diferentes eventos de este tipo, pero a esa posibilidad también se le pueden poner correctivos mediante medidas puntuales.
Lo bueno que tiene las primarias abiertas y simultaneas es que van a impedir que una persona se apropie de un partido político porque fue su fundador y a partir de ahí se convierta en un pequeño caudillo que es quien elige caprichosamente hasta los propios candidatos de su parcela política.
En la actualidad el Congreso Nacional está lleno de legisladores que provienen de los peores intereses que inciden en la sociedad y el Estado, ya que los llamados banqueros o dueños de bancas y los identificados como transportistas dominan el Poder Legislativo, cuya responsabilidad del fenómeno recae en la partidocracia.
De manera, que los riesgos en cualquier caso están ahí, lo que habría que determinar qué podría ser más saludable para una democracia totalmente corrompida, como la dominicana, cuyos responsables son precisamente los partidos políticos.
Son los partidos políticos los responsables de fenómenos tan peligrosos para cualquier sociedad como son la carencia de institucionalidad y la promoción de un nivel de impunidad que lo pone en duda todo, principalmente de una democracia que tiene como principal debilidad no contar con un verdadero estado de derecho.
Habría que sopesar que resulta más dañino para los dominicanos si un sistema de partidos totalmente dañado y putrefacto o unas primarias abiertas y simultaneas, cuyo costo económico tampoco debe ser una gran preocupación porque la partidocracia de cualquier modo se lo lleva todo entre sus garras sin el menor remordimiento.
Es un asunto que no deja de ser interesante, porque de lo que sí debe estar seguro el dominicano es que la democracia debe cambiar, no sólo en lo que respecta al manejo de la justicia, el Congreso y el Ejecutivo, sino también en lo que tiene que ver con la supuesta democracia interna en los partidos políticos, incluidos los llamados alternativos, que son manejados por un liderazgo añejo y con los mismos vicios de los tradicionales, sólo que en un nivel más pequeño, dado que incluso hasta participan de la llamada micro-corrupción.
Las primarias abiertas y simultaneas si la analizamos con la suficiente profundidad podríamos llegar a la conclusión de que se constituyen en un elemento que contribuye con darle una estocada mortal a la promoción y base de sustentación del clientelismo a lo interno de las agrupaciones políticas, uno de los fenómenos más destructivos de cualquier sociedad que se proyecta como democrática, lo cual también propicia y consolida uno de los anti-valores más dañino que heredan los dominicanos, como lo es el caudilismo, del cual se derivan otros de igual dimensión social y cultural como el patriarcado, el jefismo, el amiguismo y el machismo, éste último responsable de un flagelo como el feminicidio que colocan el país en los primeros lugares de muertes por esta causa.
El legado de los partidos políticos de la República Dominicana desde cualquier perspectiva que se analice constituye una desgracia nacional que se extiende a todos y cada uno de los problemas que hoy aquejan este país de sufrimiento, pobreza y miseria, pero también de mucha abundancia concentrada en unos pocos que han contado con el apadrinamiento de las diferentes parcelas políticas que se han insertado en los espacios que proporciona el corrompido sistema y paraíso de los que asumen el partidarísmo como una forma de sobrevivencia y de acumulación de poder y fortuna.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026