Opinión
Los Partidos Políticos: La Peor Lacra de la Democracia
Por José Cabral
En la República Dominicana sigue sobre el tapete el tema de las primarias abiertas y simultáneas a propósito de la posible aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
La propuesta proviene del sector que en la actualidad tiene el control del Estado, el de la corriente de Danilo Medina, y de acuerdo a los que objetan la propuesta sería como celebrar otras elecciones generales en el país.
También se argumenta que los partidos mayoritarios y con mayores recursos económicos contaminarían la elección interna de los más pequeños y que no cuentan con el dinero suficiente para contrarrestar lo que vendría en su contra.
Hay quienes también advierten que la aprobación de las primarias internas abiertas y simultáneas constituye una estocada mortal al sistema de partidos en la República Dominicana.
Hay que dejar lo suficientemente claro que si en algo anda mal la democracia dominicana es en lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque son los causantes de prácticamente todos los males que la aquejan.
De los partidos políticos sale el presidente de la República y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los jueces de los tribunales nacionales, es decir del Poder Judicial, lo cual nos indica que si hay un grave problema en la democracia dominicana hay que buscarlo en cada una de las parcelas políticas.
Siendo así, hay que necesariamente llegar a la conclusión que los partidos políticos deben ser obligados a cambiar su forma de actuar y eso sólo puede ocurrir transfiriendo el extraordinario poder que ahora tienen al pueblo dominicano y que en consecuencia su capacidad de seleccionar al futuro funcionario público descanse en el ciudadano.
En este caso habría que poner en una balanza qué es más perjudicial para la democracia dominicana si mantener primero una burocracia partidaria sumamente corrompida con recursos que provienen del Estado y al propio darle la facultad de escoger caprichosamente a candidatos, muchos de los cuales provienen del bajo mundo, y en cuya elección está de por medio el dinero pagado.
La realidad es que aunque la propuesta provenga del sector danilista con el propósito de cerrarle el paso al posible regreso al poder de Leonel Fernández, lo cierto es que de algún modo también constituye una forma de acabar con el poder inmedible de los partidos políticos que lo han corrompido todo en la llamada democracia representativa.
El poder más grande descansa actualmente en los partidos políticos, cuyas cúpulas no sólo son los responsables en el manejo poco transparente de los recursos públicos que pone en sus manos la ley a través de la Junta Central Electoral, sino que también han corrompido hasta más no poder a todo el Estado dominicano.
Habría que reconocer que las primarias abiertas y simultaneas ofrecen la posibilidad de manipulación de los resultados, pero también hay que tener claro que un ciudadano difícilmente el mismo día podrá votar en diferentes eventos de este tipo, pero a esa posibilidad también se le pueden poner correctivos mediante medidas puntuales.
Lo bueno que tiene las primarias abiertas y simultaneas es que van a impedir que una persona se apropie de un partido político porque fue su fundador y a partir de ahí se convierta en un pequeño caudillo que es quien elige caprichosamente hasta los propios candidatos de su parcela política.
En la actualidad el Congreso Nacional está lleno de legisladores que provienen de los peores intereses que inciden en la sociedad y el Estado, ya que los llamados banqueros o dueños de bancas y los identificados como transportistas dominan el Poder Legislativo, cuya responsabilidad del fenómeno recae en la partidocracia.
De manera, que los riesgos en cualquier caso están ahí, lo que habría que determinar qué podría ser más saludable para una democracia totalmente corrompida, como la dominicana, cuyos responsables son precisamente los partidos políticos.
Son los partidos políticos los responsables de fenómenos tan peligrosos para cualquier sociedad como son la carencia de institucionalidad y la promoción de un nivel de impunidad que lo pone en duda todo, principalmente de una democracia que tiene como principal debilidad no contar con un verdadero estado de derecho.
Habría que sopesar que resulta más dañino para los dominicanos si un sistema de partidos totalmente dañado y putrefacto o unas primarias abiertas y simultaneas, cuyo costo económico tampoco debe ser una gran preocupación porque la partidocracia de cualquier modo se lo lleva todo entre sus garras sin el menor remordimiento.
Es un asunto que no deja de ser interesante, porque de lo que sí debe estar seguro el dominicano es que la democracia debe cambiar, no sólo en lo que respecta al manejo de la justicia, el Congreso y el Ejecutivo, sino también en lo que tiene que ver con la supuesta democracia interna en los partidos políticos, incluidos los llamados alternativos, que son manejados por un liderazgo añejo y con los mismos vicios de los tradicionales, sólo que en un nivel más pequeño, dado que incluso hasta participan de la llamada micro-corrupción.
Las primarias abiertas y simultaneas si la analizamos con la suficiente profundidad podríamos llegar a la conclusión de que se constituyen en un elemento que contribuye con darle una estocada mortal a la promoción y base de sustentación del clientelismo a lo interno de las agrupaciones políticas, uno de los fenómenos más destructivos de cualquier sociedad que se proyecta como democrática, lo cual también propicia y consolida uno de los anti-valores más dañino que heredan los dominicanos, como lo es el caudilismo, del cual se derivan otros de igual dimensión social y cultural como el patriarcado, el jefismo, el amiguismo y el machismo, éste último responsable de un flagelo como el feminicidio que colocan el país en los primeros lugares de muertes por esta causa.
El legado de los partidos políticos de la República Dominicana desde cualquier perspectiva que se analice constituye una desgracia nacional que se extiende a todos y cada uno de los problemas que hoy aquejan este país de sufrimiento, pobreza y miseria, pero también de mucha abundancia concentrada en unos pocos que han contado con el apadrinamiento de las diferentes parcelas políticas que se han insertado en los espacios que proporciona el corrompido sistema y paraíso de los que asumen el partidarísmo como una forma de sobrevivencia y de acumulación de poder y fortuna.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.