Opinión
Los Partidos Políticos: La Peor Lacra de la Democracia
Por José Cabral
En la República Dominicana sigue sobre el tapete el tema de las primarias abiertas y simultáneas a propósito de la posible aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
La propuesta proviene del sector que en la actualidad tiene el control del Estado, el de la corriente de Danilo Medina, y de acuerdo a los que objetan la propuesta sería como celebrar otras elecciones generales en el país.
También se argumenta que los partidos mayoritarios y con mayores recursos económicos contaminarían la elección interna de los más pequeños y que no cuentan con el dinero suficiente para contrarrestar lo que vendría en su contra.
Hay quienes también advierten que la aprobación de las primarias internas abiertas y simultáneas constituye una estocada mortal al sistema de partidos en la República Dominicana.
Hay que dejar lo suficientemente claro que si en algo anda mal la democracia dominicana es en lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque son los causantes de prácticamente todos los males que la aquejan.
De los partidos políticos sale el presidente de la República y los demás funcionarios del Poder Ejecutivo, los miembros del Congreso Nacional, el Ministerio Público y los jueces de los tribunales nacionales, es decir del Poder Judicial, lo cual nos indica que si hay un grave problema en la democracia dominicana hay que buscarlo en cada una de las parcelas políticas.
Siendo así, hay que necesariamente llegar a la conclusión que los partidos políticos deben ser obligados a cambiar su forma de actuar y eso sólo puede ocurrir transfiriendo el extraordinario poder que ahora tienen al pueblo dominicano y que en consecuencia su capacidad de seleccionar al futuro funcionario público descanse en el ciudadano.
En este caso habría que poner en una balanza qué es más perjudicial para la democracia dominicana si mantener primero una burocracia partidaria sumamente corrompida con recursos que provienen del Estado y al propio darle la facultad de escoger caprichosamente a candidatos, muchos de los cuales provienen del bajo mundo, y en cuya elección está de por medio el dinero pagado.
La realidad es que aunque la propuesta provenga del sector danilista con el propósito de cerrarle el paso al posible regreso al poder de Leonel Fernández, lo cierto es que de algún modo también constituye una forma de acabar con el poder inmedible de los partidos políticos que lo han corrompido todo en la llamada democracia representativa.
El poder más grande descansa actualmente en los partidos políticos, cuyas cúpulas no sólo son los responsables en el manejo poco transparente de los recursos públicos que pone en sus manos la ley a través de la Junta Central Electoral, sino que también han corrompido hasta más no poder a todo el Estado dominicano.
Habría que reconocer que las primarias abiertas y simultaneas ofrecen la posibilidad de manipulación de los resultados, pero también hay que tener claro que un ciudadano difícilmente el mismo día podrá votar en diferentes eventos de este tipo, pero a esa posibilidad también se le pueden poner correctivos mediante medidas puntuales.
Lo bueno que tiene las primarias abiertas y simultaneas es que van a impedir que una persona se apropie de un partido político porque fue su fundador y a partir de ahí se convierta en un pequeño caudillo que es quien elige caprichosamente hasta los propios candidatos de su parcela política.
En la actualidad el Congreso Nacional está lleno de legisladores que provienen de los peores intereses que inciden en la sociedad y el Estado, ya que los llamados banqueros o dueños de bancas y los identificados como transportistas dominan el Poder Legislativo, cuya responsabilidad del fenómeno recae en la partidocracia.
De manera, que los riesgos en cualquier caso están ahí, lo que habría que determinar qué podría ser más saludable para una democracia totalmente corrompida, como la dominicana, cuyos responsables son precisamente los partidos políticos.
Son los partidos políticos los responsables de fenómenos tan peligrosos para cualquier sociedad como son la carencia de institucionalidad y la promoción de un nivel de impunidad que lo pone en duda todo, principalmente de una democracia que tiene como principal debilidad no contar con un verdadero estado de derecho.
Habría que sopesar que resulta más dañino para los dominicanos si un sistema de partidos totalmente dañado y putrefacto o unas primarias abiertas y simultaneas, cuyo costo económico tampoco debe ser una gran preocupación porque la partidocracia de cualquier modo se lo lleva todo entre sus garras sin el menor remordimiento.
Es un asunto que no deja de ser interesante, porque de lo que sí debe estar seguro el dominicano es que la democracia debe cambiar, no sólo en lo que respecta al manejo de la justicia, el Congreso y el Ejecutivo, sino también en lo que tiene que ver con la supuesta democracia interna en los partidos políticos, incluidos los llamados alternativos, que son manejados por un liderazgo añejo y con los mismos vicios de los tradicionales, sólo que en un nivel más pequeño, dado que incluso hasta participan de la llamada micro-corrupción.
Las primarias abiertas y simultaneas si la analizamos con la suficiente profundidad podríamos llegar a la conclusión de que se constituyen en un elemento que contribuye con darle una estocada mortal a la promoción y base de sustentación del clientelismo a lo interno de las agrupaciones políticas, uno de los fenómenos más destructivos de cualquier sociedad que se proyecta como democrática, lo cual también propicia y consolida uno de los anti-valores más dañino que heredan los dominicanos, como lo es el caudilismo, del cual se derivan otros de igual dimensión social y cultural como el patriarcado, el jefismo, el amiguismo y el machismo, éste último responsable de un flagelo como el feminicidio que colocan el país en los primeros lugares de muertes por esta causa.
El legado de los partidos políticos de la República Dominicana desde cualquier perspectiva que se analice constituye una desgracia nacional que se extiende a todos y cada uno de los problemas que hoy aquejan este país de sufrimiento, pobreza y miseria, pero también de mucha abundancia concentrada en unos pocos que han contado con el apadrinamiento de las diferentes parcelas políticas que se han insertado en los espacios que proporciona el corrompido sistema y paraíso de los que asumen el partidarísmo como una forma de sobrevivencia y de acumulación de poder y fortuna.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?