Opinión
Nos arrebataron el progreso… y ahora nos quieren negar los principios
Por Isaías Ramos
Nos prometieron progreso, y nos perpetuaron la miseria.
Ahora, cuando intentamos rescatar los valores que pueden redimir esta nación, también nos los quieren negar.
En un país donde se ha pisoteado la dignidad del pueblo, donde la Constitución se convierte en adorno protocolar y los derechos ciudadanos se negocian como favores políticos, sembrar principios no es solo un gesto cívico: es un acto de resistencia.
Desde la Fundación Foro Cívico y Social (FFCyS)) asumimos ese compromiso.
No por protagonismo, sino por deber.
Porque la ley nos manda, la historia nos convoca y la patria nos reclama.
La ley es clara, pero el poder le ha dado la espalda por décadas
La Ley General de Educación 66-97, vigente desde hace 28 años, establece en su artículo 5 que el sistema educativo dominicano debe formar ciudadanos éticos, cívicos y patrióticos.
Y nuestra Constitución, en su artículo 63, numeral 13, ordena expresamente la enseñanza de los valores patrios, la ética y la convivencia democrática en todos los niveles del sistema.
Sin embargo, ese mandato ha sido violado sistemáticamente, sin consecuencias para los responsables.
El deterioro moral, cívico y espiritual que hoy vemos reflejado en nuestras calles, escuelas y comunidades es consecuencia directa del abandono institucional de los valores.
Y en ese abandono, han sido cómplices todos los ministros de Educación que omitieron cumplir su juramento constitucional.
Intentamos sembrar principios… y nos respondieron con obstáculos
El 28 de junio de 2023, la FFCyS solicitó formalmente la instalación de 28 vallas educativas en el trayecto Santo Domingo–Santiago–Santo Domingo, como parte de una estrategia nacional para promover los principios que sostienen la vida democrática y el amor por la patria.
Las vallas —de 8 pies de altura por 6 pies de ancho— incluían mensajes como:
“Sin valores no hay nación”
“La patria no se hereda, se honra”
y también un lema que recoge el alma de nuestra misión:
Dios nos da fuerza,
la Patria nos une,
la Libertad nos levanta.
El proceso fue legal, técnico y transparente:
- La solicitud fue evaluada y aprobada por los ingenieros del INTRANT.
- Las ubicaciones contemplaban colocarlas entre 1.5 y 2 metros del borde del paseo vehicular, como es la norma en la mayoría de las vallas existentes en el paí
- Se emitió la factura correspondiente y la Fundación pagó de inmediato.
Pero entonces… el director del INTRANT fue destituido.
Y con él, desapareció toda voluntad institucional.
Nuestro permiso, aunque legal y pagado, fue archivado en la inercia burocrática.
Nos prometieron reiniciar… y nos entregaron incoherencias peores
Tras meses de gestiones, reclamos e insistencia, nos comunicaron que habían aprobado nuevamente las 28 vallas, pero con una condición arbitraria:
debían colocarse a 7 metros del borde de la vía y en propiedad privada.
Dado que esa distancia contradice lo previamente aprobado —y lo que es práctica habitual en la vía pública—, decidimos no aceptar esa condición incoherente e inviable.
Más recientemente, se nos notificó que solo serían autorizadas 14 vallas, pero a una distancia aún más absurda: 12 metros o más del borde, volviéndolas completamente invisibles para los conductores.
Mientras tanto, las vallas comerciales, del mismo tamaño, permanecen a 1.5 o 2 metros del borde, en espacios públicos, sin objeción.
Esto no es técnica.
Esto es bloqueo deliberado.
Y sabemos quiénes están detrás: los mismos sectores políticos y económicos que durante décadas le negaron al pueblo dominicano la formación cívica y moral, y que durante 15 años ignoraron un mandato constitucional tan claro como urgente.
Aplaudimos el regreso de Moral y Cívica, pero denunciamos 28 años de abandono
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció recientemente el regreso de la asignatura de Moral y Cívica y un enfoque patriótico reforzado a partir del período escolar 2025–2026.
Desde la Fundación FCS saludamos esa medida y la aplaudimos, porque más vale tarde que nunca.
Pero también debemos decir que esta decisión llega con 28 años de retraso legal, y 15 años de incumplimiento constitucional.
No basta con prometer. Hay que asumir responsabilidad.
El Estado abandonó su deber de formar ciudadanos.
Y mientras se entregaba al clientelismo, una generación crecía sin educación cívica, sin amor por la patria, sin brújula moral.
Cerramos una etapa, no una convicción
Después de dos años de intentos frustrados, promesas incumplidas y condiciones arbitrarias, hemos decidido no insistir más por esa vía.
No por derrota.
Sino por dignidad.
Solicitaremos la devolución del monto pagado, no como un gesto de resignación, sino como un acto de justicia.
Ese dinero será reinvertido en otras estrategias más transparentes, más efectivas y menos contaminadas por intereses políticos o económicos.
No se trata de ceder. Se trata de avanzar por el camino correcto.
Porque esta lucha no se detiene
Seguiremos sembrando conciencia en escuelas, barrios, redes, medios, plazas y corazones.
Seguiremos educando donde el Estado falló.
Y seguiremos diciendo con voz firme lo que muchos callan por miedo o conveniencia:
La patria no se defiende con discursos, sino con acciones.
Porque sin valores no hay nación.
Y nosotros no estamos dispuestos a perderla.
¡Despierta RD!
Por Dr. Isaías Ramos
Presidente de la Fundación Foro Cívico y Social (FFCyS)
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.