Opinión
Nos distraen con el aborto mientras nos roban el alma de la nación
Por Isaías Ramos
Vivimos en un país donde los hospitales colapsan, las escuelas se caen a pedazos, la inseguridad acecha en cada esquina, y la corrupción ha dejado de ser escándalo para convertirse en sistema. Y, sin embargo, los titulares, los discursos y las redes se saturan con debates que, lejos de resolver algo, distraen al pueblo de lo esencial.
Mientras el pueblo sufre, la partidocracia afina el arte de desviar la atención. Y hoy lo hace, otra vez, manipulando el debate sobre el aborto.
En este teatro político donde el poder se disfraza de diálogo, hay dos temas que garantizan el ruido necesario para silenciar lo importante: el aborto y el nacionalismo. Ambos activan pasiones, dividen al pueblo, paralizan el pensamiento y convierten la política en un ring emocional donde ya no hay argumentos, solo consignas. Y ese es precisamente el objetivo.
Cuando la deuda pública se dispara, nos hacen discutir las tres causales.
Cuando la impunidad toca techo, encienden el tema migratorio.
Cuando colapsa la salud, el agua o la energía, nos enfrentan entre hermanos para evitar que enfrentemos al sistema.
Porque cuando un pueblo está distraído, es más fácil manipularlo. Y cuando está dividido, es más fácil someterlo.
En cuanto al aborto, no hay espacio para confusiones: el artículo 37 de la Constitución es diáfano —“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.” Y si de verdad se desea modificar ese principio fundamental, existe una vía legítima y democrática: el artículo 210, que exige referéndum popular.
¿Por qué no lo hacen?
Porque saben que perderían. Porque saben que este pueblo —profundamente ético, cristiano y defensor de la vida— no aprueba el aborto, ni siquiera revestido de tecnicismos o excepcionalidades.
Por eso optan por otra vía: la manipulación emocional y el conflicto artificial. Convertir el aborto en campo de batalla es útil para los partidos. Pero es destructivo para la nación.
Y mientras el país se desgarra en ese falso dilema, se aprueba un Código Penal que recorta derechos, favorece la impunidad y fortalece los blindajes del poder.
Pagamos más que nunca. El ITBIS está en 18%. La fiscalización es digital, los bancos están vigilados, el Estado todo lo ve.
Y, sin embargo, la presión tributaria apenas ha aumentado 5 puntos respecto al 10.2% que teníamos en los tiempos de Balaguer, con sistemas rudimentarios y sin tecnología.
¿Cómo es posible tanta modernización fiscal con tan poca justicia social?
Porque el problema no es técnico: es ético.
Porque no se trata de recaudar más, sino de para quién y para qué se recauda.
Porque mientras los pobres pagan, los poderosos saquean.
Y mientras entretienen a la población con debates polarizantes, los servicios esenciales entran en un franco deterioro.
La salud pública se desangra.
El agua potable se convierte en lujo.
La electricidad es un privilegio inestable.
Y eso no ocurre por negligencia.
Ocurre porque detrás de ese deterioro hay un propósito inconfesable: justificar la privatización total de los servicios públicos.
Colapsar lo común para luego venderlo.
Abandonar lo estatal para favorecer lo corporativo.
Robarnos el derecho a lo básico para convertirlo en mercancía.
Durante tres décadas, la partidocracia que sucedió al caudillismo ilustrado ha gobernado un país con más recursos que nunca, pero ha dejado una nación moralmente empobrecida, políticamente manipulada y socialmente desilusionada.
Heredamos una deuda social acumulada que avergüenza a la historia, y una deuda externa que es, en realidad, una sentencia anticipada contra los que aún no han nacido.
No es que no hayan hecho obras: las han hecho, sí —el Metro, algunas carreteras—, pero ignoraron lo esencial: agua potable, alcantarillado sanitario, salud, vivienda digna, gestión ambiental.
Y lo más indignante: cada una de esas obras, en vez de ser un homenaje al pueblo, se ha convertido en un monumento a la corrupción.
Fueron hechas no para servir, sino para lucrar.
No para transformar, sino para justificar.
Gobernaron sin conciencia social, sin sentido moral ni visión patriótica.
Eligieron el poder por encima del servicio.
Y lo más grave: han convertido la impunidad en norma, el poder en refugio de corruptos, y el Estado en instrumento para proteger a quienes lo saquean.
El poder quiere que discutamos lo que a ellos les conviene.
Pero el dilema real es otro:
¿Seguiremos divididos y manipulados?
¿O construiremos un país donde la Constitución sea una realidad y no un adorno?
La salida no está en quienes nos han fallado.
Está en una ciudadanía que despierta, se organiza y se atreve a gobernar sin partidos corruptos.
Hacer realidad nuestra Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho significa salud, agua, educación, orden, justicia y dignidad para todos.
Hoy no basta con indignarse.
Hay que organizarse.
El camino son las candidaturas independientes, la participación ciudadana y una República donde la ética sustituya la impunidad.
El futuro está en nuestras manos, si dejamos de pelear entre nosotros y comenzamos a enfrentar a los verdaderos responsables.
Si dejamos de mirar donde ellos apuntan, y empezamos a mirar lo que ellos esconden.
¡Despierta, RD!
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.